Rebaja del Soat y otras medidas que impactaron a los dueños de vehículos: ¿funcionaron?

El año que está por terminar deja un balance poco favorable para los dueños de vehículos particulares y de motocicletas, quienes tuvieron que padecer los efectos de decisiones tomadas por el Gobierno y el Congreso de la República, algunas sin mayor rigor técnico que, a la postre, más que favorecer, terminaron generando protestas e inconvenientes o no tuvieron los resultados esperados.

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Algunas, como el alza de la gasolina, eran necesarias según los expertos por las implicaciones en las finanzas del país por el alto déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC); pero otras, como la rebaja en el valor de la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), no lograron cumplir su objetivo: reducir la siniestralidad de las motos ni la evasión.

Por el lado del Congreso, el ‘mico’ que le dio vida al seguro gratuito que debían entregar los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) por cada revisión técnico-mecánica a motos y carros terminó tumbado por la Corte Constitucional; y las rebajas en las tarifas del Soat espantaron a los intermediarios del negocio ante la reducción de sus comisiones y, como consecuencia, desaparecieron muchos puntos de venta y las facilidades para comprar el seguro.

A continuación una mirada a lo que dejó este año:

Un artículo ‘mimetizado’ en la Ley 2283 del 2023 obligaba a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a entregar un seguro obligatorio de responsabilidad civil a cada propietario de vehículo o motocicleta, sin cargo para estos, cuando realizaran la revisión técnico-mecánica. El cubrimiento equivalía a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los primeros y siete para los segundos. El artículo se aprobó en el Congreso sin un mayor estudio técnico para su viabilidad. La mayoría de aseguradoras se marginaron del negocio, entre otras cosas, por las falencias en su estructuración.

Ante la negativa de los CDA a asumir ese costo, y luego de varias demandas, la Corte Constitucional les dio la razón y tumbó el artículo fundamentando su decisión en la violación de la libertad de empresa y económica, argumentando que imponer a los CDA una carga desproporcionada va en contra de su especialidad.

A través de la Ley 2161 de 2021, el Congreso les dio una ‘rebaja’ del 10 por ciento en la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) a los compradores de la póliza. En una movida para no afectar las finanzas de las aseguradoras, el Legislativo optó por reducir del 12 al 5 por ciento el margen de ganancia a los intermediarios que comercializaban el seguro, lo que provocó que buena parte de ellos dejara el negocio.

La falta de intermediarios y las pocas opciones dispuestas por las aseguradoras para adquirir el Soat a través de canales digitales o en puntos físicos le abrió el camino al surgimiento de una variada modalidad de fraude a través de redes sociales y WhatsApp, que simulan páginas oficiales de compañías aseguradoras autorizadas para vender la póliza. Esta ya no se consigue como antes en pequeños negocios, estaciones de servicio e, incluso, almacenes de grandes superficies que la distribuían también dejaron de venderla. Ese vacío se mantiene y poco se ha hecho en estos dos años para fortalecer la cadena y canales de distribución.

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Desde el 10 de enero de este año, la alcaldesa Claudia López amplió la restricción en Bogotá a todo el día, de seis de la mañana a nueve de la noche, con un esquema de dos grupos de placas: los días pares circulan las terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y los días impares circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5. En un comienzo se dijo que la medida rotaría cada cuatro meses, pero esto no ocurrió. Como ya ha pasado en años anteriores, no tuvo un impacto sustancial en la fluidez del tráfico, en cambio, sí ocasionó traumatismos para los propietarios de carros particulares que ya tenían sus vidas organizadas con un esquema que, si bien los privaba de usar su medio de transporte por unas horas, les brindaba más flexibilidad. Por eso, crecen las voces que le piden al alcalde electo, Carlos Fernando Galán, modificaciones al pico y placa más ‘amables’ con los bogotanos.

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El próximo año el precio de los peajes se incrementará dos veces: una por el congelamiento que se hizo este año con el fin de mitigar los efectos de la inflación, que para el 2022 fue del 13,12 por ciento, y la otra corresponde al ajuste normal del 2024.

Según el ministro de Transporte, la primera alza (la postergada) será el próximo 16 de enero y será del 13,12 por ciento, que corresponde al índice de precios al consumidor (IPC) del 2022, pues el precio de los peajes se ajusta cada año con la inflación. Por ahora, los cálculos indican que el precio de los peajes en Colombia aumenten un poco más del 23 por ciento en el 2024, aunque desde ya los transportadores han pedido revisar la decisión que, combinada con la anunciada alza en el AM, podría generar una nueva presión inflacionaria. En todo caso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que estas correcciones de precios deben darse por las urgencias fiscales a las que se somete Colombia el año entrante.

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El año pasado el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2497 mediante el cual se otorgó un descuento del 50 por ciento en el valor del Soat para un total de ocho categorías de vehículos, entre los que se incluyeron las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos, que son el 98 por ciento de las existentes.

La iniciativa tenía como objetivos fundamentales ofrecer un incentivo y así aumentar la cobertura de este seguro y poner freno a la evasión, que, de acuerdo con datos oficiales, era de 50,3 por ciento del total de los s que circulaba sin el Soat. Pero, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), esta cifra aumentó a 63,5 por ciento para motocicletas, motocarros y similares; 46,2 por ciento en transporte de pasajeros; en carga, un 30,9 por ciento y en vehículos livianos, 28,6 por ciento. Transcurrido un año de la medida, los resultados no son lo esperado. Al no haber aumentado la cobertura del seguro, se creó un ‘hueco’ fiscal en las finanzas del Gobierno, con el agravante de la siniestralidad de las motos que sigue creciendo. A pesar de esta situación, el Gobierno extendería en el 2024 el descuento del 50 por ciento.

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Desde octubre del 2022, el precio del galón de gasolina corriente subió en total 5.450 pesos, con alzas que fluctuaron entre los 200 y 600 pesos mensuales. Al finalizar noviembre, el precio del galón se situó en $ 14.564. La decisión de hacer estos incrementos se tomó para tapar el hueco fiscal de 34,2 billones de pesos –al primer trimestre de 2021– que tenía el FEPC. Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que solo queda un incremento y de ahí en adelante el precio se fijará de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo.

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