Plan de Desarrollo: ya le han llegado casi 1.300 proposiciones al proyecto

Antes de radicar el Plan de Desarrollo 2022-2026, Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, recibió más de 1.100 propuestas de diferentes sectores que tuvo que reducir a los 300 artículos que presentó hace un mes. Sin embargo, ahora en su discusión en el Congreso podrían revivir muchas de esas peticiones y caerse otras que sí quedaron.

Hasta el momento, ya hay casi 1.300 proposiciones de representantes y senadores de diferentes bancadas para intentar cambiar la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro para los próximos cuatro años.

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Están desde los que quieren eliminar algunas de las facultades extraordinarias que tendría el presidente con el Plan, hasta los que buscan mayores inversiones y proyectos en sus diferentes regiones.

Por el momento, mientras los coordinadores y ponentes del proyecto siguen reunidos con funcionarios del Gobierno para poder tener lista la ponencia para primer debate en dos semanas, Planeación ha comenzado a realizar una serie de audiencias públicas en las regiones. La semana pasada fue la primera en Cali. Esta será en Bogotá y en Bello (Antioquia).

“Aquí necesitamos proyectos en los que la Nación, los privados, el ente territorial y cooperación pongan recursos. Esto tiene que ser multisectorial”, dijo González.

La senadora liberal Karina Espinosa, por ejemplo, pide eliminar la facultad extraordinaria para regular los usos alternativos de la planta de coca y la que permitiría regular las condiciones especiales de reclusión de los de pueblos y comunidades indígenas.

El también liberal Aníbal Hoyos, representante a la Cámara por Risaralda, propone eliminar la facultad extraordinaria que permitiría establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular. “Como está redactado, puede dar a entender que se está facultando al Presidente para modificar leyes, lo cual como es bien sabido es competencia exclusiva del poder legislativo”, dice Hoyos.

Del lado regional, destaca la proposición de los senadores Miguel Uribe (Centro Democrático) y David Luna (Cambio Radical). Estos quieren incluir dentro de los proyectos estratégicos algunos para Bogotá como la primera y segunda línea del Metro, la rehabilitación de la red férrea regional de Cundinamarca (Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte), la ampliación de la infraestructura de la Universidad Nacional y la Pedagógica o la restauración integral del complejo hospitalario San Juan de Dios.

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“El Gobierno Nacional se compromete a continuar con el desarrollo del proyecto de la segunda línea del metro de Bogotá conforme a los estudios presentados y a los compromisos de financiación adquiridos entre el Distrito y la Nación”, asegura la proposición.

Otros representantes también piden meter en el Plan proyectos estratégicos para el desarrollo económico de departamentos como Casanare, Arauca, Risaralda, Caldas y Quindío, entre otros.

También hay proposiciones para que los recursos de la paz sean destinados a la financiación de proyectos de inversión que tengan por objeto exclusivo la implementación del Acuerdo de Paz y quieren eliminar la entrega de transferencias no condicionadas para que solo existan las condicionadas.

Por ejemplo, el representante José Eliécer Salazar pide que el plazo para dar la titulación de los predios a los invasores de tierra que viven en una propiedad no sea de 3 años, como establece el documento, sino de 5 años. “El término de 3 años es muy corto para determinar la prescripción adquisitiva ordinaria de un bien inmueble y en ningún caso se puede equiparar a la de un bien mueble”, precisa.

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Karina Espinosa solicita que en el artículo que prohíbe la minería de gran escala a cielo abierto para carbón térmico se especifique que “los titulares de contratos de exploración que se encuentren en ejecución a la entrada en vigencia de la presente ley podrán solicitar licencia de explotación minera con el propósito de salvaguardar la preinversión realizada en el territorio nacional”.

En el paquete de proposiciones que conoció EL TIEMPO, también hay decenas de artículos nuevos. Por ejemplo, el representante a la Cámara Jhon Jairo González pide crear una política pública de vivienda para las víctimas del conflicto armado. También la intervención de pavimentación de la vía principal del municipio de Nechí (Antioquia) y la intervención del corredor del municipio de Ituango, en Antioquia.

El representante a la Cámara Carlos Ardila Espinosa tiene uno nuevo que habla de crear una estrategia para garantizar, fortalecer y promover la conectividad vial al suroccidente del país. Además, la representante a la Cámara por el departamento de Risaralda de la Alianza Verde Carolina Giraldo participó en una proposición que pide la ejecución de una nueva política pública LGBTIQ+ que lleve a cabo el Ministerio de Igualdad en articulación con las entidades de orden departamental y municipal.

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En el desarrollo de la audiencia de Cali de la semana pasada, congresistas, gremios y líderes sociales presentaron al DNP propuestas como el aumento de vías terciarias, el fortalecimiento del puerto de Buenaventura, la ampliación de la estrategia férrea, la liberación de la deuda de Empresas Municipales de Cali (Emcali) para invertir en proyectos de trasformación energética, y nuevas inversiones en el aeropuerto, entre otras.