Las nuevas alertas con las que arrancó el Plan Nacional de Desarrollo

Con alertas que señalan riesgos fiscales y supuestos huecos por los que se podría colar la corrupción en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, las comisiones económicas conjuntas del Congreso comenzaron la votación de la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro.

Ayer se aprobaron en bloque unos 300 artículos y hoy seguirá el debate sobre los temas más polémicos.

(Puede leer también: Reformas plantean dilemas sobre empleo de hoy y pensiones de mañana)

El proyecto, que contempla inversiones por 1.154,8 billones de pesos, deberá estar aprobado antes del 7 de mayo. Esto implica que los congresistas solo tendrán mes y medio para debatir el Plan de Desarrollo. Un debate en el que se atravesará, además, el receso de Semana Santa y que se cruzará con la discusión de otras reformas claves, como la laboral, la de salud y la pensional.

De 300 artículos de la propuesta del Gobierno presentada en febrero se pasó a 358 en la ponencia definitiva. Los congresistas presentaron cerca de 3.000 proposiciones, y finalmente se incluyeron 58 temas nuevos.

En la discusión de la ponencia cambió la propuesta sobre facultades extraordinarias para el Presidente: se quitaron algunas pero se incluyeron otras.

Entre los artículos nuevos se incluyó uno que ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hacer, por una sola vez, un ajuste automático de los avalúos de todos los predios del país, salvo aquellos actualizados durante los 5 últimos años.

También se incluyó otro que dice que la ejecución de inversiones y programas estaría supeditada a la contratación del 50 por ciento de mano de obra local (si existe oferta calificada), y otro que habla de la enajenación de bienes inmuebles rurales en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Y se establece que la revisión técnico-mecánica de vehículos particulares nuevos sería obligatoria a partir del quinto año y no desde el sexto, como ocurre actualmente.

El texto que empezó a votarse este martes llegó sin 22 artículos que estaban en la propuesta original del Gobierno. Se eliminaron cuatro (Arts. 123, 125, 126 y 133) que planteaban cambios de fondo al manejo de los recursos del sistema de salud y que varios sectores habían calificado como una reforma por la puerta de atrás.

También se eliminaron otros que habían generado fuerte discusión, como el que enviaba a la Policía Nacional al Ministerio de Justicia, sacándola de la órbita de la cartera de Defensa (en la que ha estado desde mediados del siglo pasado).

El arranque de la votación coincidió con sendas alertas de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría General de la República sobre el impacto que tendría la aprobación de varios artículos del proyecto.

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que el Plan de Desarrollo tiene apartes que abrirían nuevos boquetes en la lucha contra la corrupción en la contratación pública. “Quiero ser muy claro: puede ser colombiano de cualquier tipo de consideración o pertenencia en el país. Sean organizaciones indígenas, afros (...) Sean entidades públicas, privadas, ingenieros, es: la ley es una y se cumple para todos”, dijo Barbosa sobre el riesgo de relajar los controles de transparencia.

El Fiscal tiene reservas sobre los alcances de artículos como el 82 y 83, que buscan promover la participación de las llamadas ‘Asociaciones Público-Populares’ en la contratación y las compras públicas. Esos artículos establecen que “las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria”.

También, que Colombia Compra Eficiente podría “realizar procesos de contratación cuyos oferentes sean actores de la ‘economía popular’ ”, incluso si no están inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Este es uno de los mecanismos de transparencia más importantes en la medida en que obliga a que quien contrata haga pública toda su información y su experiencia en los asuntos del negocio con el Estado. Sin embargo, dice el proyecto, “el proponente deberá cumplir con los criterios de selección del proceso de contratación de conformidad con los lineamientos de la Agencia” de Contratación.

“Cuando apliquen normas de ese nivel seguramente aparecerán retroactividades y corruptos que han sido condenados por esas conductas y van a decir: yo pertenezco a una organización social, y como pertenecí a ella me tienen que echar para atrás decisiones judiciales”, aseguró el Fiscal.

Por su parte, la Contraloría hizo una serie de advertencias respecto a los objetivos macroeconómicos y fiscales del Plan. Según el ente de control, en cuatro años no se lograría la transformación productiva que se plantea y sus impactos en el mercado laboral tampoco se sentirán.

“El PND está más orientado a conformar la institucionalidad que a constituir la base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en el tiempo, mientras va orientando los proyectos de inversión a los sectores que tienen como objetivo la transformación y reindustrialización”, dice la Contraloría.

En términos de reducción de la pobreza, la entidad considera que las metas del PND son moderadas. Dice que lograr verdaderos avances entre el 2023 y el 2026 dependerá más bien del mayor gasto social, de programas como la renta básica focalizada hacia los pobres y de avances en la reducción de la desigualdad del ingreso y la riqueza.

Aunque en las bases del Plan se señala que se cumplirá con las exigencias de la regla fiscal, la Contraloría tiene la preocupación de cómo las políticas fiscales y monetarias de otros países y la volatilidad de los flujos de capitales internacionales afectarían las finanzas públicas de Colombia. De allí su advertencia de la necesidad de buscar alternativas para proteger la economía de estos choques externos.

Uno de los temas más polémicos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo ha sido la inclusión de una serie de facultades extraordinarias para que el presidente Gustavo Petro pueda poner en marcha las políticas públicas que él considera de trascendencia a través de decretos firmados directamente con su puño y letra.

La votación de esas facultades quedó para este miércoles, pues no se incluyeron en los bloques aprobados ayer a pupitrazo. Y si bien se eliminaron algunas de las facultades del proyecto inicial –la de regular los usos alternativos de la planta de coca, por ejemplo–, en la ponencia definitiva se mantuvieron otras que han generado polémica por su carácter demasiado general.

Así, el Presidente podría directamente crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de algunas entidades de la Rama Ejecutiva.

También tendría facultades para intervenir el hospital San Juan de Dios de Bogotá y para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción.

La propuesta que empezó a votarse ayer revivió facultades que estaban en el borrador inicial del Gobierno, como la de crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y una entidad pública para el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales.

Así mismo, el jefe de Estado podría fusionar o suprimir las empresas públicas ya existentes del sector eléctrico, con el objetivo de crear un grupo empresarial. Las facultades aplicarían para empresas como Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca), Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), Electrificadora del Caquetá (ElectroCaquetá), Electrificadora del Huila (ElectroHuila), Electrificadora del Meta (Emsa) y Gestión Energética (Gensa), entre otras, en las que el Gobierno tiene mayoría accionaria.

El Presidente tendría facultades extraordinarias para todo lo relacionado con el Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal con el que quieren impulsar la ‘economía popular’, y para crear una entidad denominada Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Anoche, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, defendió esas facultades y aseguró que la nueva ponencia acota el uso de los ‘superpoderes’ para el Presidente.