Alertas por riesgo de más contratos a dedo por economía popular en el PND

Los cambios que buscan favorecer la contratación con personas de la economía popular que propone el Plan Nacional de Desarrollo (PND) han suscitado una serie de críticas entre algunos de los órganos de control que velan por el buen uso y manejo de los recursos públicos.

Hoy será radicada la ponencia para el segundo debate del PND en las plenarias del Senado y la Cámara. Las comisiones económicas aprobaron la iniciativa en su primer debate y, según la ley se tiene hasta el 7 de mayo para ser aprobado.

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El proyecto plantea que las entidades estatales puedan empezar a celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía –desde 28 hasta 100 salarios mínimos en función del presupuesto del contratante- con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de la economía popular y comunitaria es, para algunos expertos, la manera de abrirle la puerta a una mayor contratación a dedo y corrupción.

“Siempre hemos hablado de asociaciones público-privadas, pensando en las grandes empresas. Lo que ahora quiere este gobierno es que tratemos de ver cómo las personas de menos ingresos también participan en las dinámicas del Estado. Por ejemplo, que si se va a hacer una vía terciaria, usted tiene alta ingeniería, pero contrata a los vecinos del pueblo para poder hacerla”, explica Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Estos pequeños contratos que se harían a través de las denominadas asociaciones público-populares se podrían celebrar entre las entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal y los cabildos, organizaciones indígenas y organismos de acción comunal para la ejecución de obras o para asuntos de vivienda rural, de vías terciarias y caminos vecinales, así como para proyectos de cultura, de infraestructura productiva local, producción de alimentos y temas de saneamiento básico o agropecuarios, entre otros.

La primera alerta la hizo el propio fiscal general, Francisco Barbosa. Sin embargo, se le han sumado otros como la procuradora Margarita Cabello o los exfiscales Viviane Morales y Néstor Humberto Martínez.

Hace unas semanas, Barbosa aseguró que pese a ser cifras conservadoras, el erario podría quebrantarse a través del uso reiterativo de estas figuras, que pueden representar hasta 116 millones de pesos contratados de manera directa.

“Realizar excepciones sobre lo excepcional, como lo es la mínima cuantía, implica grandes dificultades para la investigación y el procesamiento de delitos asociados a la celebración indebida de contratos, como la violación del régimen legal”, dijo.

Igualmente, señaló que el artículo que permitiría a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– realizar procesos de contratación con actores de la economía popular sin necesidad de presentar el registro único de proponente (RUP) resulta “altamente preocupante”.

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La procuradora Margarita Cabello, le dijo a EL TIEMPO que en el texto propuesto se amplía la contratación directa mediante la nueva modalidad de asociaciones público-populares, la cual no está definida en relación con su objeto estatutario y la reconocida idoneidad adecuada para desarrollar los objetos contractuales, además de la experiencia en la ejecución y istración de recursos públicos y capacidad financiera.

“Sobre la idoneidad que se exige a los contratistas, por ejemplo, en materia de ejecución de infraestructura vial y acueductos, debe tenerse en cuenta que la Ley 842 de 2003 reglamenta la profesión de ingeniero y precisamente se requiere tal calidad para el ejercicio de estas actividades. Por otra parte, se estaría permitiendo contratar por el monto de la mínima cuantía de la entidad contratante, cualquiera que sea esta, sin consideración de la capacidad financiera que podría exigirse de la asociación público-popular”, dijo.

Una opinión similar tiene la exfiscal general Viviane Morales, quien asegura que bajo el título seductor de la economía popular y de la “inclusión” quieren entregarle al Gobierno la discrecionalidad total para que contrate con sus amigos y con sus bases políticas prácticamente todo lo que quiera.

“Con el cuento de que hay que priorizar la contratación con los indígenas, las organizaciones étnicas territoriales, las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, etc., lo que verdaderamente quieren es destruir los principios constitucionales de la contratación pública con el fin de entregársela toda a los amigos y a las bases electorales del Pacto Histórico (...). No es cierto que vayan a contratar con los campesinos; van a contratar con la organización campesina del Pacto Histórico”, sentenció en una columna de este medio.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira también le dijo a EL TIEMPO que esta propuesta rompe los principios constitucionales de la selección objetiva y de la transparencia porque se escoge a un contratista directamente no en razón de elementos objetivos, sino de política pública para favorecer a entes de la economía popular. Además, dice que violenta el régimen de competencia en la medida en que se cambian las reglas de la libre concurrencia en el mercado, de tal manera que se discrimina contra empresarios establecidos que no son de la economía popular.

“Se facilita la corrupción en la medida en que a través de contratación directa serán muchas las entidades que se organicen bajo formas asociativas populares para obtener beneficios contractuales del Estado de manera espuria”, sentenció.

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Hoy en día, la ley ya permite al Estado celebrar contratos directamente con las juntas de acción comunal hasta por la menor cuantía, que puede ser de hasta 1.000 millones de pesos dependiendo del presupuesto de la entidad. Lo que se permitiría con los cambios del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es que estas organizaciones de la economía popular también puedan celebrar con las entidades públicas directamente contratos por la mínima cuantía (unos 116 millones de pesos).

“Nos parece que esto está lejos de que haya abuso ni que se incentive la corrupción. Todas estas contrataciones deben respetar lo que dice la Ley 80 y la Constitución y están sujetas al control fiscal, disciplinario y penal. No es que usted le vaya a entregar la plata a unos vecinos y que después la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía no mire y analice qué pasó o si se gastaron bien los recursos o no”, sentenció González.

En la actualidad, la contratación estatal representa un porcentaje significativo de la economía, como se refleja en su contribución al PIB, que en 2022 alcanzó el 10,8 por ciento del PIB y el Gobierno ha planteado tres objetivos para impulsarla: democratizarla para que aquellos que sean capaces de satisfacer las necesidades del Estado tengan la oportunidad de participar en el mercado de compras públicas; implementar mecanismos de compra que impulsen una economía regional dedicada a la alimentación y fomentar la industrialización liviana a través de la vinculación de la economía popular al sistema de compra pública.

“La democratización de la contratación implica asegurar que la iniciativa privada y la libre empresa tengan la oportunidad de participar en el mercado de compras públicas, ya que este es un escenario importante. Es preocupante observar que el 94 por ciento de los empresarios en Colombia no desean participar en el mercado de compras públicas, según datos reportados por el Centro Internacional para la Empresa Privada”, dice Stalin Ballesteros, director de la Agencia de Contratación –Colombia Compra Eficiente–.

En cuanto a la integración de la economía popular en el mercado de compras públicas, señala que es importante destacar que esto no busca reemplazar a quienes participan actualmente en dicho mercado, sino hacer que estos actores formen parte de este ecosistema.

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“Es importante que los actores de la economía popular sean integrados al sistema de compra pública porque a través de las compras públicas se puede garantizar su integración a la economía formal, lo cual puede ser una estrategia efectiva para reducir la pobreza. La integración de la economía popular a la economía formal genera empleos estables y mejor remunerados, promueve el a financiamiento, mejora la calidad de vida de los trabajadores y fomenta la formalización empresarial”, indicó el director Ballesteros.