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Proyecto de decreto revive debate por poderes a Presidente en vigencias futuras

El Presidente Petro podría decidir sobre proyectos que comprometan vigencias futuras.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

SUBEDITORA19.02.2024 13:01 Actualizado: 20.02.2024 06:21

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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que le daría poderes al Presidente de la República para decidir sobre los proyectos de inversión que comprometan vigencias futuras.

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El proyecto, que se encuentra actualmente para comentarios, dice que este tendría que dar el visto bueno cuando haya cambios presupuestales.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el presupesto para 2024 Foto:Minhacienda / iStock

En concreto, indica que las entidades deberán solicitar la conformidad del Presidente, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales en los proyectos de inversión.

“Cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), deberán solicitar la conformidad del Presidente, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”, se lee en el proyecto de decreto.

El ministro de Hacienda de Ricardo Bonilla, y Juan Martín Caicedo de la cámara de infraestructura en rueda de prensa hoy 16 de febrero del 2024 . Foto @mauricionorenofoto MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Las críticas al proyecto

Hay que recordar que esto se da después del lío del Presupuesto del 2024, que tuvo en vilo a 13 billones de pesos de recursos de inversión, muchos de ellos para obras de infraestructura, que acabaron en una partida global y sin destinación específica.

Sin embargo, después de todo el revuelo, el Ministerio de Hacienda solucionó la situación. Por ello, ahora esta noticia vuelva a crear incertidumbre.

"La idea de que se vaya a generar un mecanismo subjetivo para decidir a quien se le paga o no, o con quien se va a renegociar o no, es un paso atrás ya que introduce nuevamente elementos de incertidumbre que se habían subsanado la semana pasada", opinó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto:El Tiempo / cortesía

Igualmente, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño opinó que Presidencia no tiene la capacidad técnica para efectuar estos análisis y solo será un componente político.

"Los ajustes al presupuesto deben obedecer a cuestiones técnicas verificadas por el DNP y Hacienda. Al ver que no pudieron modificar el presupuesto de este año con el decreto de liquidación ahora pretenden atribuirse esa facultad sustituyendo al Congreso al incorporar un componente político a la ejecución del presupuesto", sentenció.

Y añadió: "antes de mirar la posibilidad de modificar vigencias futuras debe observarse el cumplimiento de los contratos y de las obligaciones del Estado. Esto no puede ser arbitrario. Resulta sumamente peligroso. En mi opinión esto sobrepasa las funciones propias del Ejecutivo".

Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, esto añade un paso a más a un proceso en donde el Presidente ya tiene poder de decisión, directamente a través del Conpes, o indirectamente a través del Confis (Hacienda, DNP y delegado del Presidente). "Hará más lenta la ejecución del presupuesto, algo innecesario e inoportuno", dijo.

Ejercicio de priorización

La semana pasada el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que están haciendo un ejercicio de priorización para que ningún recurso se quede guardado.

“El objetivo es que las obras avancen, no solo que los recursos estén guardados en fiducias. El Gobierno entregó recursos en el 2023, pero las obras no avanzaron. Por ejemplo, dónde están los recursos para recuperar la vía al Llano”, aseveró.

Bonilla mencionó el caso de una obra que tiene 1,8 billones de pesos en una fiducia, pero que está parada desde hace cuatro años y que en este 2024 le tendrían que entregar unos 400.000 millones de pesos. “No estamos castigando, sino evaluando resultados. Si usted tiene retrasos en las obras, no nos pida recursos. Estos podrían ir para otros proyectos”, sentenció.

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