Por reforma, Colpensiones podría caer de nuevo en estado de cosas inconstitucionales: Procuradora delegada para Protección Social

La reforma pensional fue aprobada después de un largo proceso de debate en el congreso. Fueron cuatro deliberaciones (dos en el senado y dos en la cámara) en las que se aprobó la ley en una carrera contrarreloj.

Sin embargo, las preocupaciones no se han apaciguado. Por un lado, en los pasados días ha llegado a la Corte Constitucional un amplio número de demandas en contra de la ley, alegando vicios de trámite e infracciones en la deliberación, especialmente en el último debate, en el cual no se hicieron cambios ni un debate a fondo sobre el articulado.

De igual manera, entes de control como la Procuraduría y la Contraloría han hecho labores de veeduría sobre Colpensiones, organización que va a recibir unos 18 millones de nuevos afiliados. La conclusión de ambas entidades es que no se tiene la capacidad para atender este volumen de contribuyentes.

Ante esta situación, EL TIEMPO habló con la procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Diana Margarita Ojeda, quien explicó la visión de la entidad frente a la entrada en vigor de la reforma pensional y el pulso político y jurídico en el que se encuentra actualmente.

Toda reforma debe tener estudios actuariales muy precisos y profundos para saber hasta dónde puede llegar y cómo se puede sostener. Se creó, por ejemplo, al final un artículo para unas pensiones especiales para minorías étnicas y eso no tiene sostenibilidad.

Por otra parte, hay que considerar la historia de Colpensiones para que nos sirva como experiencia: estuvo en cosas inconstitucionales, lo que generó un estado muy duro superar. Se demoraron 10 años para mejorar algunos aspectos. Hoy en día puede volver a caer en un estado de cosas inconstitucionales si no se toman las medidas tecnológicas, istrativas y operativas para poder asumir el nuevo reto que implica la reforma pensional.

Nosotros hemos hecho visitas y algunos requerimientos no solo a Colpensiones, sino también a la Superintendencia Financiera. Las medidas no es que se puedan tomar de la noche a la mañana: a cada rato se le desconfiguran las historias laborales por problemas precisamente tecnológicos. Nos llegan quejas de ese tipo. No es solamente pasar a las personas, sino incorporar cientos de operaciones para poder cumplir a la gente con calidad y con oportunidad. En estos momentos Colpensiones no está preparada para asumir eso porque lo hemos evidenciado con todas las solicitudes que ellos mismos nos han enviado.

En esos temas hoy no me puedo pronunciar porque la señora Procuradora le va a tocar, en un momento dado, conceptuar al respecto.

La Procuraduría tiene funciones constitucionales de garantía de derechos fundamentales del debido proceso y del patrimonio público. En ese sentido, desde el Seguro Social y desde que nació Colpensiones siempre se ha hecho la vigilancia superior. En estos momentos, la vigilancia va a ser no solamente desde el punto de vista contractual, sino de todos los procesos y operaciones que se tienen que realizar para asumir los nuevos retos que implique la reforma.

Continuaremos porque eso es una función constitucional. Además, la Corte Constitucional, desde cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales, dijo que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de esta delegada, o esté quien esté, debe seguir haciendo seguimiento para que no vuelva a caer en un estado de cosas inconstitucionales.

JUAN ANDRÉS BELTRÁN TÉLLEZ - REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS.