¿Qué hay detrás de la polémica sobre el recaudo en litigios con la Dian?

Con dudas sobre cómo se financiará y si son suficientes los recursos para atender las necesidades de las regiones, el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2024 pasó su primer debate en el Congreso por un monto de 502,5 billones de pesos, un 18,9 por ciento más que el de este año.

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De ese total, 308,7 billones de pesos se irán para gastos de funcionamiento, 94,5 billones de pesos para el servicio a la deuda y 99,4 billones de pesos para inversión, lo que, según el Ministerio de Hacienda, está en línea con la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal.

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Sin embargo, en medio del debate, congresistas de las comisiones económicas de diferentes bancadas manifestaron su preocupación debido a que el Gobierno estaría contando con un recurso adicional que, hasta el momento, dicen que está en duda, y que le dejaría sin margen de maniobra para enfrentar alguna contingencia.

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Entre los recursos que generan dudas están los 15 billones de pesos que el Gobierno prevé recaudar en el 2024 por cuenta de la recuperación del recaudo tributario que se encuentra en litigios con la Dian.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), la Dian que lidera Luis Carlos Reyes ha identificado nuevos deudores y ha sistematizado 7.000 procesos legales por cerca de 27 billones de pesos.

Sin embargo, como estos litigios se demoran en promedio 8 años en resolverse desde la entidad abogan por crear una nueva figura de arbitraje que les permita acelerar estos procesos de tal forma que solo duren un año.

Para ello, la Dian llevará a cabo una estrategia normativa en conjunto con el Ministerio de Justicia para poder ejecutar estos procesos de manera más eficiente, priorizando el arbitramento en lugar de esperar sentencias.

En concreto, lo que se plantea es que para este tipo de controversias exista la posibilidad de resolverlas por árbitros expertos en Tribunales de Arbitramento y no por jueces. 

En Derecho, la figura del arbitraje es un mecanismo alternativo que permite solucionar conflictos sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, sino a través de árbitros especializados. El laudo que estos dictan tiene los mismos efectos legales que una sentencia judicial.

Con esta estrategia, en el Mfmp se establece que la Nación recibiría cerca de 15 billones de pesos en el 2024 (lo que representa 0,9 por ciento del PIB); y otros 0,6 y 0,3 por ciento del PIB en 2025 y 2026, respectivamente.

Pero como todavía no se tiene la certeza de cómo se hará los congresistas tienen dudas. “Este presupuesto puede estar desfinanciado. Cómo se van a recaudar los 15 billones de pesos de litigios de la Dian. En los últimos años se han resuelto cero casos de este tipo”, reclama la representante Katherine Miranda.

Según César Camilo Cermeño, socio de litigio tributario de DLA Piper Martínez Beltrán, por lo general los procesos de determinación pueden durar un año y 11 meses y posteriormente pasan a sede judicial, donde se demoran entre 4 y 6 años hasta obtener una decisión definitiva, aunque hay casos en los que se ha llegado a 8 años o más.

“Dependiendo de la cuantía, las discusiones se conocen en primera instancia por los jueces istrativos y en segunda por los tribunales. Además, si la cuantía es mayor a 500 Smmlv, en primera instancia será conocida por los tribunales y en segunda por el Consejo de Estado”, explica.

La máxima instancia judicial en materia tributaria es la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que es una sala especializada en este tipo de asuntos.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) asegura que el monto esperado para el primer año, 2024, por cerca de 15 billones de pesos genera preocupación por su magnitud y las consecuencias sobre el financiamiento de la Nación si estos recursos se atrasaran o no se perfeccionaran.

“Más allá de la certeza sobre esos recursos, al Carf le preocupa la naturaleza de estos para financiar gasto permanente. El principio de la regla fiscal colombiana es que solo se debe financiar gasto estructural con ingresos estructurales. Aunque lograran ingresar recursos por arbitramento de litigios mediante la estrategia normativa que propone el Gobierno, para el Carf es claro que estos recursos no tienen las características para ser considerados como ingreso estructural”, afirma.

Si bien dice que se puede considerar que una parte del resultado de los procesos litigiosos y fallos genera un flujo de ingresos corrientes, asegura que esto debe ser de una cuantía muy inferior a los recursos que se están programando en 2024, 2025 y 2026.

“En el pasado, cualquier flujo de estos recursos debió haber sido contabilizado dentro del recaudo tributario normal, o como parte de la gestión de la Dian (nunca se hizo una discriminación y al preguntarle a la entidad por su cuantía, no se tenía la información), por lo que ya estarían considerados en la base de cálculo que se utiliza para la proyección de los ingresos tributarios”, dice el Carf.

Ante ello, afirma que los recursos por arbitramento de litigios son transacciones de única vez y, por lo tanto, no son recursos que puedan incorporarse en las estadísticas de finanzas públicas como ingreso estructural para financiar gasto estructural.

“De programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el Mfmp, se estaría programando un nivel de gasto superior al que sería compatible con el cumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal”, sentencia.