¿Qué significaría decretar una emergencia económica en Colombia como propuso el presidente Gustavo Petro?

“Si las comisiones terceras no aprueban el proyecto simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo”, aseguró a través de su red social X (antes Twitter).

Esta no es la primera vez que el Mandatario habla de la posibilidad de decretar una emergencia económica. Ya lo hizo, por ejemplo, cuando habló de mitigar los riesgos a consecuencia de la crisis climática y el incremento de las lluvias. También por la situación de “crisis” del departamento de La Guajira. Sin embargo, la Corte Constitucional la tumbó.

Igualmente, cuando era candidato presidencial aseguró que una de las primeras decisiones que iba a tomar cuando llegara a la Presidencia sería decretar una emergencia para poder resolver “la catástrofe social del hambre” que afronta el país.

De acuerdo con la Constitución, cuando se presentan hechos que perturban o amenazan perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social o que constituyen una grave calamidad pública, el Presidente puede declarar el Estado de Emergencia por periodos de hasta 30 días, que sumados no pueden nunca exceder los 90 días en el año calendario.

Este fue el caso del estado de excepción que se declaró en marzo del 2020 por la crisis generada por la pandemia del covid-19. Anteriormente, se utilizó esta figura para atender los desastres naturales del fenómeno de la Niña en el 2010 o para enfrentar la crisis financiera de 1998.

Mediante tal declaración, el presidente Gustavo Petro podría, con la firma de todos sus ministros, dictar decretos con fuerza de ley que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Eso quiere decir que tales decretos deben siempre referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y según establece la Constitución podrían, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

En estos últimos casos, las medidas dejarían de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue un carácter permanente.

Además, durante el año siguiente a la declaratoria, el Congreso podría derogar, modificar o adicionar los decretos en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno.