Los bienes de la mafia que SAE le entregará a campesinos: son 20.000 hectáreas

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que istra los bienes incautados al narcotráfico, ya tiene listas para entregar a los campesinos, indígenas y población afro un total de 20.097 hectáreas rurales con vocación agropecuaria, es decir, fincas rurales, lotes, casas o haciendas.

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Valle del Cauca es el departamento donde hay más hectáreas en proceso de transferencia al Fondo de Tierras (6.966) en el marco de la reforma agraria integral. Le siguen Cundinamarca, con 2.831 hectáreas; Metan que tiene 2.762; Caquetá, con 2.315n y Córdoba, con otras 1.146.

Después aparece Boyacá, donde se les entregarán a los campesinos 685 hectáreas para que tengan tierras productivas en el marco de la reforma. En Quindío hay otras 422; en Atlántico, 315; en Antioquia, 278; y en Bolívar, 204.

“Por mandato del presidente Gustavo Petro, los predios que tienen vocación agropecuaria serán entregados a las asociaciones campesinas que saben trabajar y que nos ayudan a construir el poder popular”, manifestó el presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín.

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De ese total, hay un grupo de 7.196 hectáreas que ya cuentan incluso con acto istrativo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que están en proceso de saneamiento istrativo y físico catastral.

La mayor cantidad de estas fincas están en el Meta, con 2.664 hectáreas; seguido de Cundinamarca, con 2.631, y Valle del Cauca, con 1.241. También aparecen Caquetá (412), Boyacá (69), Cauca (62), Risaralda (59) y Antioquia (58).

Las restantes 12.900 hectáreas fueron viabilizadas para iniciar su proceso, y en estos momentos la SAE se encuentra adelantando su saneamiento para avanzar en la transferencia jurídica y material. En este grupo aparecen Valle del Cauca, con 5.726 hectáreas; Antioquia, con 2.207; Casanare, con 1.915; Caquetá, con 1.903, y Córdoba, con 1.146. También, Boyacá (616), Quindío (423), Atlántico (316) y Bolívar (204).

En la actualidad, la SAE istra 99.066 hectáreas, entre las que se encuentran inmuebles rurales con estado jurídico en proceso y extintos, identificados en la tipología de bienes sociales y no sociales.

De ese total, la entidad le dijo a este medio que solo son susceptibles de entregarse en el marco de la reforma agraria unas 33.039 hectáreas, es decir, el 33,35 por ciento del total. Estas se podrán destinar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad de istrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) y a la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Hay que tener en cuenta que los inmuebles rurales son susceptibles de destinación únicamente cuando se ha definido la situación jurídica del bien, con sentencia debidamente ejecutoriada que decrete la extinción del derecho de dominio en favor del estado a través del Frisco; cuando son un activo no social, es decir que no hacen parte del patrimonio de las sociedades bajo istración del Frisco; y cuentan con vocación agropecuaria.

Uno de los pasos iniciales de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro fue la entrega, hace unas semanas, de la finca Támesis, de 591 hectáreas, ubicada a 7 kilómetros de Montería, y que perteneció al clan Castaño de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Este emblemático predio rural se entregó a 50 familias campesinas víctimas del conflicto armado con el propósito de reivindicar a organizaciones campesinas de la región que han sufrido la guerra y fortalecer las economías campesinas, familiares y comunitarias de la zona.

En el marco del diálogo regional vinculante de Villavicencio, Rojas dijo que se entregarán 5.839 hectáreas de tierra fértil a campesinos para la producción agrícola, en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto López, Barranca de Upía, Restrepo, San Martín, Cumaral y zona rural de Villavicencio.

Este medio también conoció que entre los próximos predios que se entregarán también están algunos ubicados en Planeta Rica (Córdoba), en San Marcos (Sucre), San Benito Abad (Sucre), en Bugalagrande (Valle del Cauca) y Zarzal (Valle del Cauca).

La invasión de tierras consideradas improductivas, bienes baldíos o predios istrados por la SAE es un problema que afecta desde hace tiempo a varias regiones del país.

A la fecha, según la entidad, hay 12.143 inmuebles no sociales que están ocupados de manera irregular. Estos están distribuidos de la siguiente manera: hay 8.300 inmuebles urbanos no sociales y otros 3.843 inmuebles rurales no sociales.

En la parte de inmuebles urbanos, en los que más se presentan ocupaciones de manera ilegal son los ubicados en terrenos de Valle, donde hay actualmente contabilizados hasta 2.131. En Antioquia hay otros 1.437, y en Bogotá, 1.199.

En la parte de inmuebles rurales, la mayor ocupación ilegal también se presenta en Valle, con 795; seguido de Antioquia, con 563, y Cundinamarca, con 319.

De estos bienes, ocupados de manera irregular, el de mayor extensión es uno situado en Salgar (Antioquia) de más de 153.850 hectáreas, seguido por otro que queda en Fortul (Arauca), de más de 13.762 hectáreas, y otro en San Vicente del Caguán (Caquetá), que tiene más de 11.999 hectáreas.

En el marco de la reforma agraria, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció hace unos días que el Gobierno ya cumplió la meta de titulación masiva predios. En total, dijo que van 681.372 hectáreas tituladas para campesinos, indígenas y afrodescendientes.

“Cuando dimos inicio a este proceso, la meta era que para el 15 de noviembre tendríamos esa cantidad de hectáreas tituladas. Gracias a la labor de la ANT, cumplimos ese objetivo cuatro días antes. Pero la labor no se detiene, porque continúa la titulación masiva en todos los departamentos para dar cumplimiento al punto uno del acuerdo de paz de La Habana”, señaló.

Hasta el momento, los departamentos con más familias beneficiadas son Cauca, con 4.317; Cesar, con 4.015, y Boyacá, con 3.702.

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