Pese a escándalo de Aida Merlano, sigue viva la compra de votos en la Costa

A menos de cinco días de las elecciones a Congreso y de las coaliciones de los precandidatos presidenciales, en Barranquilla los escándalos generados por la compra de votos de los pasados comicios electorales, tienen a muchos líderes de barrios y caciques quietos.

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Los avisos de políticos en buses urbanos y taxis no se ven en las calles, los comandos y sedes principales están apagados, no se escucha la algarabía, ni los tumultos de personas, los pasacalles, volantes y afiches brillan por su ausencia.

Las denuncias de la exsenadora Aida Merlano, y los líos del congresista Laureano Acuña, relacionadas con la compra de votos, tienen algunos jefes políticos calculando cada paso que dan, puesto que saben que este delito es castigado en Colombia con hasta 9 años de cárcel.

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“Aquí no se está moviendo un peso”, dice Ramón (nombre cambiado por seguridad), un hombre que asegura llevar 40 años trabajando en las lides políticas, en el argot popular le dicen ‘mochilero’, por ser quien carga dinero en efectivo para comprar los votos, aunque hoy por temas de seguridad ya no manejen esta operación así.

Ramón cuenta que para esta época acostumbra a mantener su cuenta de ahorro con la plata que le entregan sus jefes políticos para “amarrar los votos desde ya, y no esperar sorpresas el días de las elecciones”.

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Se mueve por el barrio Abajo, en el centro de Barranquilla, donde asegura que todo está quieto. “Tengo los 10 míos. Los voy a ofrecer por un puesto para mi hija”, dijo a EL TIEMPO Ramón, quien cuenta con los votos de sus hijos y novias, esposa y un cuñado.

La compra y venta de votos en el Caribe colombiano es una práctica muy vieja, cuyo caldo de cultivo está en la pobreza, el 31 por ciento de la población vive en pobreza extrema, y la falta de educación que reina en muchos sectores populares, situación aprovechada por algunos grupos políticos, en la medida en operan como un sofisticado sistema de compra y venta de votos (de magnitudes industriales), para mantener su hegemonía.

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“Es el resultado de varios factores. Entre ellos, una élite política incapaz de ganar elecciones en el terreno del debate público y de la legalidad. Esta élite se aprovecha de un amplio número de necesidades básicas insatisfechas en zonas empobrecidas”, sostiene el politólogo Alejandro Blanco, quien señala que la alta impunidad frente a los delitos electorales es “leído por los corruptos como incapacidad de los órganos estatales para sancionarlos”.

Diógenes Rosero, profesor universitario y director de la Fundación Foro Costa Atlántica, va más allá, al indicar que las casas políticas seguirán funcionando en la medida que no hay sanciones jurídicas para los agentes que desarrollan estas actividades. “Tampoco hay una sanción moral y las personas han normalizado este tipo de prácticas tradicionales”.

Rosero manifiesta que al tema de la impunidad se suma la pandemia de covid-19 y sus efectos que han generado unas condiciones propicias para la compra y venta de voto. “En una región en donde la pobreza y el hambre aumentó, con especial magnitud las posibilidades de corrupción al elector aumentan”.

El precio por el sufragio está ‘cuadrado’ en 50 mil pesos, explica Ramón, “se les adelanta 20 mil antes de la elecciones. Eso si, la persona debe dejar la cédula. El día de la fecha los citamos en una casa cerca al puesto de votación y allí se le regresa para que vote, cuando regrese con el certificado electoral se les termina de pagar”.

De esta forma es como queda cerrado este acuerdo ilegal que lleva muchos años marcando y definiendo las elecciones en Barranquilla, Atlántico y muchos pueblos de la costa.

Asegura que para evitar que lo engañen, es decir reciban la plata y voten por un candidato diferente, él cuenta que solo trabaja con personas conocidas, que saben que no le pueden quedar mal.

“Alcancé a tener 100 personas amarradas”, cuenta Ramón. “Más de un vivo le tocó perderse de Barranquilla y hay otros que están bajo tierra, por querer brincarse al otro”.

Ramón sabe que es mucha la plata que se mueve en las calles los días previos a las elecciones. “Llegue a una tienda de cachacos y verá a cara de felicidad que tienen. Todo el mudo pagó el vale”. Confiesa que al igual que él, son muchas las familias que necesitan vender el voto para poder solucionar “problemas de estómago, que no dan espera como el agua a la luz”.

Como lleva tantos años trabajando con la misma gente, dice que están zonificados en el mismo punto de votación, lo que le facilita tener el control y manejo de los votos que ofrece.

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Pero cuando faltan cinco días para las elecciones asegura que hasta el momento no le han llegado los caciques, “son los que tienen el billete y hablan de frente. Antes de soltarte el billete te cantan la tabla y recuerdan la historia del hombre que le arrancaron la ventana de la casa porque recibió la plata y voto por otro”.

Por eso no olvida en el problema que se metió hace años. “Me consignaron cinco millones de pesos, lo metí en la cuenta, cuando fui a sacarlos tenía un embargo por un comparendo. No pude sacar todo y me tocó correr a empeñar los televisores, para pagarle a la gente quiere su plata enseguida”.

Pero si bien Ramón asegura que “hasta el momento no ha salido ‘la marmaja’ (dinero)” para que se maquine cualquier tipo de delito electoral, observadores y analistas políticos coinciden en que el riesgo de la compra y venta de votos en el Atlántico está latente.

La primer en prender las alarmas es la Misión de Observación Electoral (MOE), que asegura que de los 23 municipios del departamento 20 se encuentran en riesgo electoral. “19 municipios por riesgo indicativo de fraude en Senado y 20 en Cámara”, señala el comunicado.

En el Atlántico hay 2.010.688 hombres y mujeres aptas para votar. La Registraduría tiene dispuestos 68 puestos de votación y un total de 5.760 mesas.

Según la MOE, en el Distrito de Barranquilla existen 18 puestos de votación que presentan riesgo electoral consolidado, lo cual equivale al 14 % de todos los puestos de votación de la ciudad y representan un potencial electoral de unos 164.000 votos.

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Angel Tuiran, docente investigador de la Universidad del Norte, explica que más allá de la compra de votos, las autoridades no deben perder de vista, que estas estructuras permean otros espacios de la política local, por esto, “es importante generar acciones preventivas y de control, a fin de evitar que resultados electorales viciados, favorezcan a un solo candidato, partido o grupo político, y que esto deslegitime el funcionamiento del sistema político en el distrito.

Ante esta situación el coordinador de la MOE Atlántico Jorge Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto de manera responsable y libre, sin aceptar ningún tipo de ofrecimiento económico o de prebendas.

“También invitamos a la comunidad a informar sobre cualquier posible irregularidad o situación de posible fraude electoral al número de Whatsapp 3152661969 o en la página www.pilasconelvoto.com”, puntualizó Hernández.

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

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