Las debilidades y errores tras la grave crisis en el Catatumbo

La primera alerta que recibió el Gobierno de la inminencia de un gran ataque armado del Eln en el Catatumbo –que empezó a materializarse desde hace 10 días y que deja al menos 44.000 desplazados y decenas de asesinatos– no fue la de la Defensoría del Pueblo del 15 de noviembre. 

Dos meses antes, en septiembre, a la oficina en Bogotá del alto comisionado de Paz, Otty Patiño, llegaron varios líderes sociales de Norte de Santander para pedir que a través de la mesa de paz se tratara de impedir lo que ya en ese momento las comunidades anticipaban como el regreso de los peores años de la guerra.

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Wilfredo Cañizares, quien lleva décadas defendiendo derechos humanos en una de las regiones más golpeadas por los violentos, fue uno de los asistentes a ese encuentro, en el que se habló del inminente rompimiento de la tregua que desde finales del 2021 venían manteniendo el Eln y las disidencias del frente 33 de las Farc (las de alias Andrei). Hoy se duele porque ni esa denuncia –que fue llevada por el equipo de paz a una reunión en la que los negociadores elenos se limitaron a asegurar que consultarían el asunto– ni la de la Defensoría del Pueblo sirvieron para evitar la barbarie que tiene hoy al Catatumbo y al país enfrentando su peor tragedia humanitaria en décadas.

Esa tragedia humanitaria –el mayor evento de desplazamiento forzado generado por un único episodio violento en casi 30 años y el confinamiento forzado de no menos de 12.000 personas en la zona rural– llevó este viernes al presidente Gustavo Petro a declarar el estado de conmoción interior, una figura que le da superpoderes al Ejecutivo para enfrentar amenazas extraordinarias que pongan en riesgo la estabilidad institucional y que no se decretaba en Colombia desde hace 17 años.

Las proporciones de la afectación a la población civil son palmarias, así como el desborde de las capacidades del Estado, que más de una semana después no ha logrado entrar a todo el territorio afectado por la ronda mortal de los elenos. Entre los asesinados hay al menos cinco firmantes del acuerdo de paz con las Farc y hay otros 11 desaparecidos. La imagen de familias corriendo desesperadas hacia los helicópteros civiles y militares que los sacarían, después de días de estar escondidos, hacia zona segura se repitió y se sigue repitiendo en un lugar en el que lo único cierto es que el Estado colombiano no es el que impone las condiciones.

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El decreto de conmoción interior argumenta que “pese al compromiso del Gobierno con el cumplimiento de lo recomendado por la Defensoría del Pueblo, la magnitud del escalamiento de la violencia armanda del Eln” desbordó las capacidades del Estado y por ello se justifican los poderes extraordinarios, con los que ya se anuncian nuevos impuestos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le dijo a EL TIEMPO que pese a la gravedad de la alerta de noviembre, esta dio lugar a una reunión con funcionarios “de segundo nivel” del Ministerio del Interior y que las medidas adoptadas, como lo demostraron los hechos, fueron insuficientes.

Más allá de la traición del Eln a la ‘paz total’, lo que parece un hecho es que la del Catatumbo es la primera, y eventualmente no la única, implosión del control del Estado sobre áreas claves del territorio que paulatinamente han venido perdiéndose a manos de criminales. “En la tragedia del Catatumbo convergen a un mismo tiempo, como en una tormenta perfecta, varias crisis: la de la estrategia de la ‘paz total’, la del control territorial del Estado, la de la lucha contra el narcotráfico y la de la política internacional, en referencia al papel de Venezuela en su apoyo más que conocido al Eln”, señala el analista en temas de conflicto Diego Arias.

Una primera pregunta de fondo sobre los hechos la planteó públicamente esta semana el presidente Gustavo Petro: ¿por qué ninguna autoridad descubrió que el Eln estaba moviendo fuerzas desde Arauca hacia Norte de Santander? En la que puede ser la más grave falla en la inteligencia colombiana de los últimos años, ni la Policía ni el Ejército ni la Dirección Nacional de Inteligencia (en manos de ex-M-19 desde el 2022) percibieron ese traslado de más de 300 kilómetros, cuya ruta final aún está por establecerse, pero desde ya mete ruidos en la relación con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esto, a pesar de la alerta de la Defensoría del Pueblo, de las denuncias de los líderes del Catatumbo que incluso fueron llevadas a las reuniones de paz con el Eln en noviembre y de informaciones que provenían de varias fuentes en terreno y que hablaban de crecientes incidentes entre elenos y el frente 33.

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Lo que dicen los expertos en el conflicto es que así como los ceses de fuego pactados al inicio de los diálogos de la ‘paz total’ –en contravía con experiencias exitosas como el proceso con las antiguas Farc– amarraron a la Fuerza Pública y fueron aprovechados por todos los grupos armados para fortalecerse y ampliar sus rentas ilegales, su paulatina desaparición (solo queda vigente uno, con las disidencias de alias Andrei) ha puesto en evidencia las debilidades que hoy enfrenta la Fuerza Pública en Colombia.

La pérdida de varios de sus mejores generales y almirantes en medio de las purgas con las que se inició el mandato del presidente Petro privó al Estado de oficiales con una vasta experiencia en el manejo del conflicto y en la prevención de amenazas. De la misma manera, dificultades presupuestales y retrasos istrativos tienen en tierra buena parte de la misma flota aérea que, en su momento, fue clave para derrotar a las Farc y forzar su entrada al proceso de paz. “Hay una progresiva pérdida de control territorial por parte del Estado a partir de dos elementos –dice Arias–: la renuncia casi total al uso legítimo de la fuerza y la innegable pérdida de capacidades operativas, que incluyen experiencia, medios de transporte y combate, inteligencia y la misma moral de las fuerzas”. A esto se suman las dificultades en el liderazgo y la comunicación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En Norte de Santander, como en otras zonas (Buenaventura, por ejemplo), los pactos entre ilegales estuvieron detrás de breves mejorías en la percepción de seguridad. Eso sí, los francotiradores y los campos minados del Eln nunca dejaron de recordarle a la gente, en estos dos años de ‘paz total’, que ni siquiera policías y soldados podían considerarse a salvo.

En el último informe de la Misión de la OEA que acompaña el proceso de paz en Colombia, revelado el viernes, se denuncia que en el Catatumbo y en otras regiones del país los criminales siguen mandando sobre la vida de la gente: “Ante la posibilidad de la llegada de un grupo armado contrario, los grupos extremaron medidas de control al tránsito de foráneos, impidiendo la llegada de comercializadoras de productos agropecuarios, rutas escolares, operadores de los Planes de Alimentación Escolar, familiares de pobladores que no residían en el mismo municipio y el tránsito de productos de la canasta básica familiar y medicamentos. Como consecuencia, algunas veredas quedaron desabastecidas o despobladas (...). En Arauca y en algunos municipios de Antioquia, Caquetá, Cauca, Guaviare y Norte de Santander, los grupos armados señalaron a personas foráneas como colaboradoras de un grupo contrario. Esto derivó en la percepción de incremento de desapariciones y desplazamientos forzados, secuestros y homicidio”.

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Muertos tirados en casas y carreteras y dolientes que no pueden acercarse a ellos, so pena de muerte, hacen hoy parte del paisaje del Catatumbo.

Con un cuadro de abandono histórico del Estado –la carretera entre Cúcuta y Tibú sigue siendo una trocha, a pesar de que las primeras explotaciones de petróleo en ese municipio empezaron hace un siglo– y el empoderamiento de la ilegalidad, el Catatumbo puede verse como una especie de perfecto laboratorio de condiciones adversas. Allí, la coca, que hace una década rondaba las 8.000 hectáreas, supera ya las 44.000. Es el tercer enclave cocalero más grande de Colombia, solo superado por el eje del Pacífico y Putumayo, y la capacidad de producción de cocaína está disparada, al punto de que en el mismo decreto de conmoción el Gobierno señala que la reactivación del mercado de la coca, a finales del 2024, es una de las causas de la que llama “imprevisible y violenta ofensiva contra la población civil, líderes sociales y firmantes de paz”.

Desde el paro cocalero de 2013-2014, el Estado casi dio por perdida la idea de combatir la coca en el Catatumbo (más de dos años antes de la prohibición de la fumigación aérea por sentencia de la Corte Constitucional). Después, con la negociación de paz con las Farc, se vendió la idea de que quienes tuvieran coca tendrían más ayudas del Estado y los cultivos se dispararon. A los atentados del Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias contra los erradicadores, y los bloqueos de las comunidades, se sumó desde el cambio de gobierno la decisión de prácticamente no combatir los narcocultivos reduciendo al mínimo los esfuerzos de erradicación.

Ahora, con los decretos de conmoción, el presidente Petro buscará cumplir las promesas que hizo hace casi dos años, entre ellas la de comprar los cultivos de coca. La implementación de esa estrategia es compleja y de entrada se advierte el riesgo de que la expectativa de recibir plata del Estado vuelva a disparar las narcosiembras. Las facultades de la conmoción, sin embargo, le darán chance al Gobierno de superar barreras legales que no se veían sencillas de sortear en el Congreso en las actuales condiciones políticas, al menos mientras dure el período de excepción, para poner a andar su ‘Pacto por el Catatumbo’.

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Lo que está por verse es cuál va a ser la respuesta de los tres grandes actores armados de la región y, de nuevo, la capacidad del Estado para enfrentarla. Muchos de los que hoy tuvieron que desplazarse con sus hijos del Catatumbo lo hicieron también con sus padres, más de 25 años atrás, huyendo del terror de los ‘paras’ y sus masacres. “Han pasado más de dos décadas y la región todavía no se recupera; todavía muchos siguen sin poder recomponer sus vidas y buscando a sus desaparecidos. Y ahora llega esta tragedia y no sabemos cómo puede terminar”, dice el defensor Wilfredo Cañizares.

La coca y sus rutas hacia las narcopistas en Venezuela, el contrabando y, en menor medida la extorsión a la minería del carbón, representan las principales rentas criminales en un mercado ilegal que, no solo de ahora, los elenos han venido defendiendo a sangre y fuego.

La que hoy libran con las disidencias de las Farc es una de las muchas guerras de esa guerrilla por conservar una de sus zonas históricas. La misma zona de la que prácticamente la desalojaron los grupos paramilitares con masacres como las de Tibú y La Gabarra (que también produjeron desplazamientos históricos) a finales de los 90, y a la que poco a poco fueron recuperando aprovechando la desmovilización de las Auc y la incapacidad del Estado para copar territorios.

En la última década, el Eln desapareció del mapa criminal del Catatumbo a los últimos reductos del Epl (el grupo de alias Megateo, que llegó a ser uno de los más sanguinarios enemigos públicos del país) y a la banda de ‘los Rastrojos’, que en algún momento pretendió disputar el control sobre cultivos y rutas hacia Venezuela. La pretendida incursión del ‘clan del Golfo’, iniciada en pandemia, terminó en la alianza con las disidencias, la misma que ahora estalla en pedazos.

El presidente Petro ha anunciado el inicio de la ofensiva contra el Eln y, en particular, contra alias Pablito, uno de los del Coce que se esconden en territorio venezolano. La colaboración judicial de la dictadura con las órdenes de captura internacionales pedidas por Colombia será la prueba ácida de las relaciones que pesan más para Caracas: las del gobierno Petro, que a pesar de no haberlo reconocido formalmente mantiene con Miraflores un diálogo intenso, o las de la guerrilla que no solo tiene en Venezuela más de 1.400 de sus efectivos (uno de cada tres de los frentes en zonas de frontera sería venezolano, según fuentes de inteligencia), sino que es tan cercana al régimen que en su último congreso, el año pasado, puso a la “defensa de la revolución bolivariana” como uno de sus objetivos estratégicos.

JESÚS BLANQUICET - Enviados especiales de EL TIEMPO al Catatumbo

JHON TORRES - Editor de País