Claman por ‘timonazo’ del Gobierno para enfrentar la crisis del orden público en Colombia

La explosión de un carro bomba de las disidencias en el municipio de Taminango (Nariño), que deja dos muertos y al menos ocho heridos, marca el cierre de una semana marcada por la violencia indiscriminada de ese grupo criminal y las propuestas que surgen desde las regiones para tratar de frenar esa escalada y, en general, la de todas las formas de criminalidad en el país.

(Puede ver: Lo que se sabe de la denuncia de la Corte Constitucional a Fiscalía y Policía por supuestas interceptaciones)

Mientras las víctimas civiles de la arremetida violenta de la banda de ‘Iván Mordisco’ siguen creciendo –esta semana murió la madre del menor que había fallecido en el atentado con explosivos en Morales, Cauca, de hace tres semanas; y se confirmó la amputación del brazo derecho de Rafael González, el cuidador de motos que resultó herido en la explosión del pasado 12 de junio en el centro de Jamundí– el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió el regreso de los bombardeos que suspendió el gobierno Petro hace dos años para frenar la arremetida de las disidencias en el suroccidente del país. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, pidió el fin del cese de fuegos con ese grupo ilegal. Y en Sincelejo, el polémico alcalde Yahir Acuña encendió polémica con la creación de un cuerpo de expolicías contratado para tratar de controlar la delincuencia común que azota a la capital de Sucre.

En todos los casos, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo no. Pero cada una de esas propuestas muestra la desesperación que hay en las regiones y en las capitales por la crisis en materia de seguridad y orden público, frente a la que el Gobierno Nacional y las istraciones locales no encuentran soluciones.

Cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de que entre enero y mayo de este año se registraron en todo el país 59 acciones terroristas. Aunque el acumulado del año marca una caída del 26 % en la estadística, la tendencia cambió desde abril, cuando empezó la oleada terrorista en Cauca, Valle y, ahora, Nariño. Y a la par de la violencia está creciendo el poder de las disidencias a través de la extorsión y del control forzado sobre poblaciones que, igual en Caquetá que en la zona rural de Jamundí, tienen que cumplir las ‘leyes’ de convivencia impuestas por los irregulares.

(Puede ver: Fiscalía abrió investigación por denuncia de la Corte Constitucional de supuestas 'chuzadas' a despacho de magistrado)

Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en los cinco primeros meses del año hubo 447 municipios del país (el 40 por ciento del total) con afectación por la violencia de los grupos armados. Son 63 municipios más que en diciembre del 2022. Cerac alerta por la expansión del ‘clan del Golfo’ (llegó a 56 nuevos municipios), las disidencias (36 nuevos municipios) y el Eln (24), todo esto en medio de la ‘paz total’. Aunque menos visibles que los ataques a la población civil y la Fuerza Pública, siguen los combates entre Eln, disidencias y bandas por el control de regiones con narcocultivos y minería ilegal.

La situación la resumió así el analista Diego Arias en una columna publicada ayer en este diario: “Las múltiples violencias que nos sacuden diariamente transmiten la sensación de que el Estado escasamente logra reaccionar y se encuentra con enormes limitaciones para realmente pasar a una ofensiva y lograr sostenerla”.

(Puede ver: Carro bomba en Nariño: se usaron 40 kilos de explosivo a base de nitrato de amonio para el ataque terrorista en Taminango)

Mientras el Gobierno, a través del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, aseguran que la violencia es la reacción al avance de las tropas y aplican el ‘espejo retrovisor’ para tratar de justificar la situación, la pregunta que se hace el país es cuál es la ruta que se debe seguir para evitar que los ilegales sigan ganando terreno.

Expertos en seguridad como Hugo Acero consideran que la utilización de los bombardeos (que el Gobierno finalmente condicionó a la certeza plena de que no hay en el sitio del ataque menores de edad) es legal y legítima, y puede además incidir en la prevención de otro flagelo: el reclutamiento de menores. En su concepto, la posición del Gobierno en este tema “lo que hace es darles a estos grupos grandes motivos para incrementar el reclutamiento de menores, pues los utilizan como escudos humanos”.

Generales en retiro como Tito Saúl Pinilla, quien fue comandante de la Fuerza Aérea, señalan la importancia de contar con los bombardeos como opción para doblegar a los grupos armados organizados y recuerda que esas operaciones, denominadas ‘Beta’, se hacen bajo los más altos estándares legales y técnicos, pero que garantizar al 100 por ciento que en el sitio del blanco no hay menores reclutados es literalmente imposible. Y Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, sostuvo que la ventaja aérea “es estratégica” y no se debería prescindir de ella, si bien la realidad en el terreno indica que los grandes campamentos y las concentraciones de irregulares hoy son mucho menos usuales que en el pasado.

(Puede ver: Reportan la explosión de un carrobomba en el municipio Taminango, Nariño: hay dos muertos y 10 heridos)

A pesar de todas las voces en ese sentido, la decisión del Gobierno probablemente no cambie. Así, ¿hacia dónde se deben orientar las capacidades de la Fuerza Pública para contrarrestar a los grupos armados?

Melisa Franco, experta en asuntos de seguridad, se remite a la utilización del concepto de las “Guerras de Cuarta Generación”, en el cual el terrorismo usa toda clase de nuevas tecnologías para generar daño, obtener ventaja militar y causar temor a la población civil, por lo que sugiere que “el Estado articule estrategias paralelas” para atender de manera imperativa la defensa y el mantenimiento del orden público. “Las acciones militares deben ser contundentes y responder al fortalecimiento de los grupos armados organizados, siempre en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y garantizando la protección de la población civil”, dice.

Andrés Preciado, investigador del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera claves las que llama ‘capacidades anticipativas’ (inteligencia).

“Hoy en el país no tenemos claro cuál es la capacidad anticipativa de nuestro sistema de inteligencia. Tenemos que reconocer que esta situación deficitaria y que recomponer ese componente es clave para frenar la expansión de los grupos armados”, dice Preciado.

Precisamente en el aspecto de la inteligencia coincide Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y profesor de la Universidad Javeriana, al considerar que, en primer lugar, se debe apuntar al desmantelamiento de las organizaciones y grupos armados con el uso anticipativo de las capacidades de la Fuerza Pública. “No se debe restar presión al aparato de justicia para desmantelar las organizaciones ilegales”.

Jesús Blanquicet - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]