El mapa que advierte por acciones de las disidencias en 237 municipios

Entre 2017 y 2022, 136 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido del riesgo para las comunidades por la presencia y accionar de las disidencias de las Farc, y según la entidad, el 52,5 por ciento de todas las alertas en los últimos años han sido por las facciones de estos grupos armados.

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Es por eso que este jueves el organismo de derechos humanos reveló un mapa con los departamentos y municipios en los que se ha advertido sobre el accionar de las disidencias de las Farc, que son en total 237 municipios de 29 departamentos del país, principalmente Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

Además, el organismo señala que para 2020 ya había una división entre dos tipos de disidencias que tenían 23 estructuras. De un lado están las disidencias del antiguo Frente Primero de las Farc, al mando del extinto ‘Gentil Duarte’ y que se conformaron antes de la firma del Acuerdo de Paz. Del otro lado está la llamada ‘Segunda Marquetalia’, que surgió después de la firma del acuerdo por el rearme de jefes guerrilleros que habían salido de la guerra y volvieron, como ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’.

El informe de la Defensoría también señala que las principales fuentes de financiación de las disidencias son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, con un reciente incremento en los préstamos ‘gota a gota’, que cobran altísimos intereses a los acreedores.

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Entre las 136 alertas tempranas que han involucrado a disidencias se ha podido identificar que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, representan las conductas vulneratorias más recurrentes. Luego están el desplazamiento forzado y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Así mismo, se sabe que el accionar de las disidencias tiene características variadas dependiendo de la región del país en donde están, con la advertencia de que en varias zonas hay en marcha un proceso de expansión, mientras que en otras regiones se observa una consolidación, y en otras están en disputa con otros grupos armados.

Entre los ejemplos de esos distintos comportamientos se cita el caso de Arauca, que ha sido usado, dice la Defensoría, como un territorio para obtener rentas financiándose con la extorsión y los ‘secuestros exprés’, además de las actividades ilegales de contrabando de ganado y bienes, sumando al robo de combustible, en la zona de frontera colombo venezolana.

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Otra es la situación en Caquetá, donde las disidencias de ‘Gentil Duarte’ han aplicado los manuales de comportamiento de las antiguas Farc, logrando la estandarización de cobro de extorsiones y restricción la movilidad.

En cuanto al suroccidente del país, allí se concentran especialmente las estructuras ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, que según el organismo de derechos humanos tienen una abierta articulación con economías ilícitas, “repartiendo el territorio y asentándose en la región por medio de la imposición de normas, impartiendo justicia en veredas y poblaciones rurales, y propendiendo por el control de la población civil donde identifican aliados y enemigos”.

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Finalmente, el informe defensorial señala que en la región de la suramazonía las disidencias de las Farc, con los autodenominados ‘Frente Primero Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de la Frontera’ (adscritos a la ‘Segunda Marquetalia’), intensificaron sus acciones armadas y violentas contra la población civil y buscan el control territorial en zonas estratégicas de Puerto Leguízamo (Putumayo).

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