Defensoría presenta logros y deudas de cumplimiento de los acuerdos de paz

En casi 6 años desde que comenzó la implementación del acuerdo de paz se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias que no tenían tierra, se han invertido más de 13 billones de pesos para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y un 55,35 por ciento de las familias en el Programa Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) ya tienen en marcha un proyecto productivo de ciclo corto.

Estos son algunos de los avances que destaca un informe sobre la implementación del acuerdo de paz elaborado por la Defensoría del Pueblo, que además de reconocer los avances, resalta también los desafíos que persisten.

En el punto 1, sobre reforma rural integral, la Defensoría destaca que han ingresado al Fondo de Tierras 1’912.839 hectáreas para entregar a campesinos sin tierra, lo cual es un avance del 63,8 por ciento, pero el 80 por ciento de la tierra se concentra en seis departamentos, por lo que para la Defensoría podría haber riesgo de inequidad en la distribución de terrenos rurales. Además, de las hectáreas disponibles en el fondo solo se han entregado 485.349, lo que es solo un 16 por ciento de la meta de tres millones. Frente al compromiso de formalizar 7 millones de hectáreas hay un avance del 37 por ciento.

La Defensoría también destacó la emisión del documento conpes 4044 de 2021, que establece como meta pasar de 5,68 por ciento del país con catastro actualizado, al 68 por ciento a 2022 y 100 por ciento a 2025, y aunque el avance aún no es muy alto, dice el organismo, ya se tiene el instrumento normativo y financiero para garantizar la implementación del catastro multipropósito.

Frente a restitución de tierras, el informe recoge que 34.189 personas han sido beneficiadas en una sentencia de restitución con 181.883 hectáreas en total en estos seis años, pero hace un llamado frente a la necesidad de implementar medidas para garantizar la seguridad puesto que situaciones de riesgo han interferido en la microfocalización de predios, en los procesos de retorno y reubicación, entre otros.

Sobre los PDET, se destaca que a marzo había 11.297 iniciativas con ruta de implementación activa, lo cual es un 34 por ciento de las 32.808 iniciativas pactadas con las comunidades. Pero la Defensoría señala que hay un desbalance en la inversión en distintas zonas PDET, pues mientras en la subregión Sierra Nevada-Perijá se han invertido el 13,4 por ciento del total de los recursos, en otras subregiones como Pacífico Medio y Sur del Tolima se ha dado menos del 3 por ciento de la inversión.

En cuanto a participación política, se resalta que los exguerrilleros desmovilizados han podido entrar a la política mediante el partido Comunes y que se creó el Estatuto de la Oposición, sin embargo hay un fuerte llamado por la persistencia de la violencia contra excombatientes ya que más de 300 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, lo que llevó a la Corte Constitucional a decretar una violación masiva de los derechos de esta población

Del mismo modo, sobre el punto relativo al fin del conflicto, la Defensoría señala que la extinta guerrilla dejó las armas y la mayoría de excombatientes se ha mantenido fiel a sus compromisos en la vida civil. También se destacan los avances para comprar predios para que los exguerrilleros puedan desarrollar sus proyectos en los antiguos espacios territoriales para la capacitación y reincorporación. Pero ha habido dificultades para monetizar los bienes entregados por las exFarc que deben usarse para la reparación de las víctimas del conflicto.

En cuanto a los avances para cumplir el acuerdo en el tema de solución al problema de las drogas, el informe defensorial sostiene que hay más de 99.097 familias vinculadas al Pnis, programa para el cual se han destinado 2,2 billones de pesos entre 2017 y 2021, pero se requieren más de 1,4 billones más, advierte el informe, para finalizar la atención de las familias con la implementación de todos los componentes del Pnis.

Así mismo, en lo que tiene que ver con las víctimas, la Defensoría resalta que está funcionando el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, cimentado en instituciones como la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad; también se destacó la prórroga de la ley de víctimas pero se hizo hincapié en la necesidad de dinamizar los procesos de reparación.

Adicional a todo esto, para la Defensoría hay desafíos adicionales que tendrá que enfrentar el próximo gobierno como el desmonte de las economías ilegales de las cuales se nutren los grupos armados ilegales e impulsar las instancias de coordinación, seguimiento y formulación de políticas y planes creadas por el acuerdo de paz.

“El cumplimiento de los anhelos de paz no se restringe únicamente a la llegada a consensos, el mayor de sus retos se dirige a la capacidad de consolidar y materializar aquello que se ha pactado, sacando de la literalidad los compromisos y transformando al país”, puntualiza la entidad.

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