La crisis de la libertad y de los derechos en Colombia y el mundo

Cualquiera puede decir, con razón, que los derechos y la libertad no son gratuitos. Enseguida habrá quien le replique, con un tonito de burla, que esa es una verdad de Perogrullo.

Bueno, pero ¿quién era ese famoso Perogrullo? La gente lo menciona a cada rato, porque cuando alguien dice algo obvio y evidente los demás siempre comentan que esa es una verdad de Perogrullo.

Con el uso permanente y el carácter familiar que fue adquiriendo, Perogrullo terminó por volverse un nombre propio y es por eso que el diccionario de la Real Academia ordena que se escriba con P mayúscula.

Sucede que, entre los españoles, Pero era la forma antigua del nombre Pedro. Y el adjetivo grullo, desde el origen de nuestro idioma, significa cateto, palurdo, basto, ignorante, maleducado. El que es muy simplón y evidente.

Bueno, no más rodeos y a lo que vinimos, vamos, como dicen los campesinos de mi tierra. Miremos cómo está en estos momentos la situación de los derechos y la libertad en Colombia.

Según dicen los investigadores objetivos, los derechos que más se vulneran hoy día entre nosotros son el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ya he publicado en este mismo periódico varias crónicas sobre los atropellos permanentes contra la salud de los colombianos.

Pásmense ustedes: las estadísticas más confiables revelan que en Colombia se viola el derecho de un paciente a la salud cada 40 segundos. Por Dios. El asunto es tan aterrador que el año pasado se presentaron más de 250.000 tutelas por ese motivo. La mayoría de ellas fueron interpuestas en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander.

Naturalmente, es más grave aún la violación del derecho a la vida. Los expertos que he consultado llegaron a una conclusión desgarradora y sombría: “A través de los años, el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizarle a la gente el derecho a la vida”.

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La masacre y el asesinato individual se han convertido en las formas más frecuentes de violar el derecho a la vida en Colombia. Las masacres son las que han producido el mayor número de víctimas.

Según las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el año pasado se cometieron 96 matanzas que dejaron un balance de 338 muertos. El promedio, que aterra a cualquiera, es de ocho masacres por mes; es decir, una cada 10 días.

De acuerdo con el propio Indepaz, los lugares donde se cometieron más genocidios en el 2021 son los siguientes: 13 en el Valle del Cauca, 13 en Antioquia, 9 en Nariño y 5 en Norte de Santander.

Eso fue el año pasado. En este momento, cuando tan solo han transcurrido poco más de cuatro meses del nuevo año, hasta el 14 de abril ya se habían contabilizado 36 masacres con 133 víctimas. Lo que significa que el promedio están subiendo a nueve masacres por mes.

Nos queda claro, en consecuencia, que los derechos más vulnerados en nuestra amada Colombia son nada menos que el derecho a la salud y el derecho a estar vivos.

Otro que se viola a toda hora es el derecho a opinar y expresarse. Se calcula que cada año se producen alrededor de 100 amenazas a periodistas por lo que dicen o escriben. Y los asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas y campesinos, han subido a la espantosa cifra de 135 anuales.

En los últimos años se ha descubierto entre los colombianos un fenómeno doloroso y hasta monstruoso que antes no existía: la violación de los derechos fundamentales de los niños. A veces sus propios padres los obligan a volverse homosexuales contra su propia voluntad. O, si se trata de niñas, las prostituyen a temprana edad.

En resumidas cuentas, y de acuerdo con las más recientes investigaciones que ha hecho el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, el año pasado se presentaron en Colombia 584 denuncias por violación de los derechos humanos. De ellas, 224 fueron por atentados contra la vida y la salud o la integridad física de las personas, 97 por atropellos contra la libertad de reunión y 27 contra el derecho de circular libremente.

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La mayor cantidad de violaciones, según la misma Defensoría, se presentan actualmente en Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle.

Para ser justos, y como todo hay que decirlo –según ordenan los principios éticos del periodismo–, las violaciones de todos estos derechos no se producen solo por parte de los agentes del Estado. También las cometen los propios ciudadanos contra los ciudadanos, como es el caso de aprovechar las manifestaciones políticas para impedir el paso de la gente bloqueando carreteras y calles.

Actualmente el mundo considera que el país que simboliza el paradigma universal del respeto a los derechos y las libertades es Estados Unidos. Es el ejemplo que todos ponen cuando se habla del tema.

Sin embargo, en esa misma nación algunos investigadores han advertido que podría estar presentándose un exceso de libertades en temas cada vez más polémicos y delicados. Por ejemplo: el legal a las armas de fuego, que a cada rato produce masacres en lugares públicos, incluyendo escuelas infantiles.

También se menciona, en estos últimos años, el abuso en que se ha convertido la libertad absoluta del internet hasta para calumniar a los demás.

Y se habla igualmente de un tema más complejo y de difícil comprensión para el grueso público: la libertad sin restricciones de que gozan los mercados financieros en Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasa en las bolsas de valores, donde se negocian bonos, acciones, viviendas, todo lo que se le ocurre al talento humano.

El ejemplo más reciente es la crisis que vivieron esos mercados financieros hace apenas 14 años. Los corredores de bolsa podían invertir el dinero de los ahorradores como quisieran. A partir de 2006 ellos resolvieron que el mejor negocio era la compra y venta de viviendas, crearon una auténtica burbuja inmobiliaria, saturaron el mercado y en 2008 explotó la bomba.

Se calcula que las pérdidas de los ahorradores llegaron a la pasmosa cifra 22 billones de dólares. Sí, billones, con b larga. Muchas familias quedaron en la ruina y ni siquiera pudieron acudir a nadie en busca de justicia porque los corredores son libres de invertir a su albedrío.

De modo, pues, que en Estados Unidos dos de los grandes temas de preocupación social son el descontrol en internet y los abusos en las inversiones bursátiles. En Colombia, en cambio, son las constantes violaciones del derecho a la salud y del derecho a la vida. ¿Ahora sí ven cuál es la triste diferencia? ¿Ahora sí comprenden ustedes por qué traje este tema a colación?

Si hablamos del vecindario, y aunque sea triste reconocerlo, Colombia es el país de Latinoamérica que más viola las libertades humanas. En eso coinciden todas las investigaciones.

En cuanto hace concretamente al asesinato de líderes sindicales y de líderes sociales, casi al mismo nivel de Colombia figura Guatemala. Luego vienen Honduras, México, Panamá y Paraguay. En el otro extremo de ese doloroso listado aparece Uruguay, el país que menos violaciones comete en el continente.

Un fenómeno bien complejo y difícil de resolver es este: en todos nuestros países la gente está pidiendo que se le permita usar legalmente las armas de fuego para poder defenderse de los delincuentes. Parece lógico que así sea, pero lo grave es que, como lo demuestra la experiencia, lo que eso hace es incrementar la violencia porque los bandidos se aprovechan de esas licencias, falsifican sus nombres y oficios, sobornan funcionarios, inventan datos y entonces obtienen un permiso legítimo para usar armas.

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Permítanme ustedes que volvamos a nuestra Colombia, porque en medio de tantos atropellos que se cometen contra los derechos y las libertades de los seres humanos, hay uno que se ha vuelto singular en este país.

Me refiero a que ya la gente no tiene derecho a vivir en el lugar que quiera porque el desplazamiento se extendió por todo el territorio durante los largos años de violencia que llevamos encima, y a la fuerza los han obligado a abandonar sus hogares, sus casas, sus tierras, sus familiares, sus amigos, sus costumbres ancestrales, sus lugares de trabajo, sus comunidades. Es decir, sus vidas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica informa que, en los últimos 25 años, más de seis millones de personas –el 12 por ciento de toda Colombia– se han visto obligadas a desplazarse. Eso equivale a la población entera de un país como Dinamarca, Finlandia o Costa Rica.

Tal como ocurre con otras estadísticas generadas por la violación de derechos, como las masacres, la inmensa mayoría de los desplazados proviene también de las áreas rurales de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.

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En estos tiempos de agitación electoral, cuando los colombianos ya no hablan sino que gritan, ya no conversan sino que pelean, y ya no saludan sino que insultan, me pareció que valía la pena detenerse a echarle una ojeada a la situación que están viviendo entre nosotros la libertad y los derechos.

Esta es una mirada muy rápida y ligera. Faltan numerosos elementos más que deberían concentrar nuestra preocupación. Para mencionar uno solo, ahí está el secuestro, que, aunque parezca una ironía o un juego de palabras, nos quita la libertad de tener libertad. Nada menos.

JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO