Un documento atribuido a disidencias de las Farc y en el cual se indican una serie de normas de “convivencia” en Caquetá ha generado rechazo a nivel nacional, por cuanto ha sido visto como una muestra del control criminal que en los territorios están imponiendo estos grupos ilegales.
El documento, que ha rondado por redes sociales, arranca diciendo que la estructura “como autoridad legítima del territorio” apoya a las comunidades y “en pro de mejorar las condiciones de vida, seguridad y convivencia, orientamos las siguientes líneas generales de trabajo”.
El instructivo criminal incluye diversas notas sobre horarios en los que se permite el tránsito por las calles o la apertura de las tiendas y negocios. También se habla de exigir un carnet de control médico a trabajadoras sexuales a quienes se les imponen también unas restricciones de movilidad.
Otra de las instrucciones se refiere a la carnetización de la población, a un “permiso de permanencia temporal”, que deberán pedir los visitantes, y hasta se habla de qué alimentos pueden cultivarse en la zona.
Así mismo, se indica que la extorsión seguirá siendo una forma de financiamiento de la organización criminal, con mensajes como este: "El que tenga más, aportará más. Y el que tenga menos, aportará menos, basado en su condición de vida".
Sobre este control criminal que no solo en Caquetá sino en distintos departamentos imponen los grupos armados han venido advirtiendo desde hace meses organizaciones civiles como Indepaz e incluso la ONU.
En entrevista con EL TIEMPO Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que han venido observando que hay una afectación por parte de grupos armados en al menos 206 municipios en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Chocó, Antioquia y Caquetá.
“Varios lugares del país que se ven afectados por la violencia de los grupos armados que realmente tratan de controlar la vida de la población civil, extorsionándola, amenazándola, tratando de controlar los movimientos en los territorios y realmente limitando el ejercicio de sus derechos y generando una situación de inseguridad muy grave que el Gobierno tiene que atender como urgencia”, comentó De Rivero.