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Entrevista
‘Los acercamientos de paz son portadores de esperanza pero las obligaciones del Estado no se suspenden’: ONU ante violencia en regiones
Juliette De Rivero, representante en Colombia de ONU DD. HH., habló sobre la necesidad de frenar el accionar de grupos ilegales.
PERIODISTAActualizado:
El atentado que sufrió, el fin de semana, el padre de la vicepresidenta Francia Márquez se suma a varios incidentes de violencia en las regiones por los cuales las Naciones Unidas elevaron un llamado de advertencia por estos hechos que vulneran los derechos humanos de las comunidades.
En ese sentido en entrevista con EL TIEMPO Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que debe haber una acción conjunta del Estado para enfrentar esta situación.
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¿Qué es lo que están advirtiendo ustedes desde ONU Derechos Humanos en Colombia frente a la violencia en las regiones?
Nos preocupa mucho que los grupos armados estén utilizando violencia contra la población civil, matando a personas defensoras de derechos humanos y hostigando a la población, reclutando a niños en estos lugares del país donde ejercen control territorial.
Este ha sido un último incidente muy grave de violencia, esta vez contra el padre de la vicepresidenta, pero la población civil ha estado sufriendo violencia en los territorios. Hemos visto atentados en Jamundí, dejando a varios heridos, también atentados contra estaciones de Policía, combates en zonas de civiles en Nariño, y nos preocupa mucho que los grupos armados en particular estén utilizando violencia contra la población civil, matando a personas defensoras de derechos humanos de sus comunidades y hostigando a la población, reclutando a niños y a niñas en estos lugares del país donde ejercen control territorial.
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Helicópteros en la zona para evacuar al padre de la vicepresidenta Francia Márquez. Foto:Archivo particular
¿Cuáles son las regiones en las que se han estado viendo estos focos de violencia?
Desafortunadamente vemos una expansión de la violencia en varios territorios y departamentos del país, hemos identificado 206 municipios afectados y estos municipios se encuentran en Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, también en Arauca, en Norte de Santander, en Putumayo, en Chocó, en Antioquia, en Caquetá.
Varios lugares del país que se ven afectados por la violencia de los grupos armados que realmente tratan de controlar la vida de la población civil, extorsionándola, amenazándola, tratando de controlar los movimientos en los territorios y realmente limitando el ejercicio de sus derechos y generando una situación de inseguridad muy grave que el Gobierno tiene que atender como urgencia.
En el informe anual, sobre el año pasado, la Oficina ya había reportado una expansión de los grupos armados, ¿este año siguen viendo eso?
El Estado en su conjunto tiene que concertarse para darle una mejor protección a la población civil porque los grupos están aprovechando y hostigando a la población y vulnerándole sus derechos
Sí, nosotros alertamos de esto en marzo de este año y vemos que todavía sigue siendo un problema. En Colombia el Gobierno adoptó una nueva política de seguridad humana y una política de desmantelamiento de grupos criminales que todavía no se implementa correctamente en los territorios.
Y creemos que el Estado en su conjunto, las Fuerzas Militares, pero también la institucionalidad civil, tienen que concertarse para darle una mejor protección a la población civil porque los grupos están aprovechando y hostigando a la población y vulnerándole sus derechos y creemos que es necesario intervenir para prevenir mayores situaciones de riesgo y pérdida de gobernabilidad en los territorios.
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Disidencias de las Farc (Imagen de archivo) Foto:AFP
¿Cuáles son las expresiones o acciones de violencia que más han detectado?
Creo que una de las cosas que más preocupa es el homicidio de personas defensoras. En la mayoría de los casos que nosotros hemos verificado de homicidios de personas defensoras son responsables los grupos armados y afecta en particular a de Juntas de Acción Comunal, a líderes indígenas, incluso a líderes espirituales indígenas y líderes afrodescendientes y defensores de la tierra.
Los grupos armados quieren hostigar y amenazar a las comunidades para someterlos a los intereses criminales que ellos tienen en los territorios. Entonces es necesario reformular la política de protección para personas defensoras de derechos humanos.
Los grupos armados están usurpándole funciones al Estado. Hemos visto en algunos departamentos, por ejemplo, que los grupos armados impiden el levantamiento de cadáveres, lo que también obstruye investigaciones sobre hechos delictivos que ellos cometen en los territorios.
En los primeros 5 meses de 2024 la ONU recibió 82 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos. Foto de archivo de una protesta contra la violencia contra líderes sociales. Foto:Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
En los primeros 5 meses de este año ustedes recibieron 82 alegaciones de homicidios de defensores, ¿qué han averiguado en esos casos?
Nos preocupa mucho que los grupos armados utilicen tanta violencia contra estas personas que lo que están tratando de hacer es defender el territorio, defender los derechos de las comunidades frente a situaciones de extrema violencia que están viviendo
Hemos recibido 82 alegaciones, seguimos haciendo ese trabajo de verificación, que es un trabajo en terreno, de entender qué es lo que ha sucedido. En 33 casos no hemos podido tener nada concluyente, pero en 23 casos sí hemos comprobado que las personas fueron asesinadas por sus funciones como defensoras de derechos humanos y en 26 casos seguimos haciendo la verificación en terreno. Nos preocupa mucho que los grupos armados utilicen tanta violencia contra estas personas que lo que están tratando de hacer es defender el territorio, defender los derechos de las comunidades frente a situaciones de extrema violencia que están viviendo en los territorios.
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¿En el histórico esta es cifra cómo se compara con las de años anteriores?
Es difícil para nosotros concluir todavía sobre esto porque todavía tenemos varios casos en proceso de verificación pero lo que sí se pudo compartir es que del 2022 al 2023 hubo una ligera mejora de la situación pero el número de homicidios sigue siendo tan alto que no es algo que se pueda celebrar. El año pasado verificamos más de 100 casos de personas defensoras asesinadas en los territorios y esto en la mayoría de casos por parte de grupos armados no estatales que ejercen violencia casi en absoluta impunidad. Y esto es otra preocupación, la llegada de una nueva Fiscal debe ser motivo para reforzar las investigaciones de estos crímenes y para implementar de manera más decidida la política de desmantelamiento que acaba de adoptar el Gobierno colombiano hace algunas semanas.
Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto:ONU derechos humanos
Lo que dicen ustedes entonces es que esa política, que era una deuda del acuerdo de paz, ahora toca implementar en terreno, ¿cómo hacerlo, qué recomendaciones darían?
Creo que la institucionalidad en su conjunto tiene que trabajar para cambiar las condiciones de seguridad. No se trata solamente de hacer operativos militares, pero de tener objetivos de protección hacia la población
Creemos que tiene que haber una mejor articulación entre autoridades civiles y autoridades militares para llevar a cabo esa política de desmantelamiento en los territorios, pero también la política de seguridad humana. Creo que la institucionalidad en su conjunto tiene que trabajar para cambiar las condiciones de seguridad. No se trata solamente de hacer operativos militares, pero de tener objetivos de protección hacia la población, de asegurar que la gente pueda transitar libremente en los territorios, de asegurar que las cuestiones de justicia sean resueltas por las autoridades y no por grupos armados, de quitarles esas funciones a los grupos armados que tratan de imponerse en la vida de las comunidades y que lo hacen con violencia, de prevenir en particular el reclutamiento infantil. Y celebramos que recientemente se ha firmado un convenio entre el ICBF y comunidades indígenas en Huila para implementar esas políticas de prevención del reclutamiento.
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¿Ustedes han identificado ustedes quiénes son o de qué grupos hacen parte las personas que más están generando violencia o afectaciones contra los derechos humanos en las regiones?
Todos los grupos son responsables de generar violencia en las comunidades, de asesinar a personas defensoras, de reclutamiento infantil, de actos de amenazas y de extorsión a la población. Están extorsionando a la gente más pobre de los territorios y lo están haciendo bajo amenazas y, digamos, destruyendo las posibilidades de tener una economía para las familias. Estas actividades criminales, la imposición de actividades criminales sobre la población, tienen un efecto nocivo para el desarrollo a largo plazo en estas comunidades Y creemos que es importante reforzar más bien a la institucionalidad, la confianza en las instituciones y que la Fuerza Pública trabaje con la institucionalidad civil, local y nacional para cambiar este entorno criminal en el que se encuentran las poblaciones actualmente.
Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en Sabanas del Yarí, en Caquetá. Foto: 16/04/2023 (Foto de archivo) Foto:Ernesto Guzmán. EFE
¿Es decir, no es suficiente solo un abordaje militar o policial frente a la violencia?
Así es, el indicador de éxito no puede ser las operaciones militares por sí solas, sino una reducción en los homicidios de personas defensoras, una liberación del territorio para que la gente pueda circular libremente sin tener las amenazas de los grupos armados que puedan ingresar y salir de sus comunidades o recibir a gente libremente.
En Nariño, por ejemplo, se exigen en ciertas partes del departamento que las personas presenten un certificado de no tener enfermedades venéreas para poder circular y esto porque lo ha impuesto el grupo armado, eso es inaceptable en un estado de derechos, en un estado democrático, se necesita generar condiciones donde la gente se sienta segura en su territorio, segura de poder hacer sus actividades económicas, de cultivar la tierra y de disfrutar también, en el caso de la niñez, de su niñez en tranquilidad, sin esa amenaza permanente de reclutamiento.
Con algunos de los grupos causantes de esta violencia hay acercamientos de paz, ¿qué llamado haría en el marco de esos acercamientos de paz a estos grupos?
Nosotros creemos que es muy importante continuar estas discusiones para la paz y exigirle a los grupos demostrar realmente su compromiso con la paz en el trato que le dan a la población civil. Creemos que la paz total es una oportunidad de darle salida a los grupos armados a través de la negociación. Pero si los grupos armados persisten en violentar a la población civil, es necesario también que el Estado asuma su responsabilidad y proteja a la población civil. Y ese es un deber permanente del Estado, incluso durante las negociaciones.
Los acercamientos de paz son portadores de esperanza, pero las obligaciones del Estado no se suspenden y el Estado tiene el deber de proteger a las comunidades
¿Es decir, lo primero son los derechos de las comunidades, estemos o no en acercamientos de paz?
Los acercamientos de paz son portadores de esperanza, pero las obligaciones del Estado no se suspenden y el Estado tiene el deber de proteger a las comunidades, de fortalecer a las organizaciones de base que están tratando de defenderse en los territorios y de defender a las autoridades locales que enfrentan muchas veces solas a estos grupos.
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redacción Justicia
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