La ficha de Carlos Castaño que representa al ‘clan del Golfo’ en los diálogos con el Gobierno

Qué se negocia y el factor tiempo son los dos principales retos con los que el ‘clan del Golfo’ llega al espacio de conversación sociojurídico que el gobierno del presidente Gustavo Petro le abrió a esta semana a la estructura armada ilegal con la intención de fijar los términos de su sometimiento.

(Lea: Salvatore Mancuso: ¿Qué viene para el exjefe paramilitar luego de que la Corte Constitucional dejó su caso en Justicia y Paz?) 

Este Grupo Armado Organizado (GAO), en el último año, logró un gran avance territorial y militar, convirtiéndose en la estructura armada ilegal con mayor presencia y poder en el país. Aunque la Fuerza Pública dice que entre 2023 y 2024 fueron capturados más de 1.600 de sus , solo en seis meses, según conteos oficiales, pasaron de 6.014 integrantes a 7.062, lo que representa un aumento del 95 % desde 2018. 

A julio de este año, el ‘clan del Golfo’ estaba conformado por seis bloques, 32 frentes, dos comisiones o compañías móviles, 2.499 personas armadas, 4.563 integrantes del denominado componente criminal focalizado o redes de apoyo. Y tienen presencia en 16 departamentos y 238 municipios.

Las estructuras del ‘clan del Golfo’ están integradas por la ‘Nelsón Hurtado Simanca’, con presencia en la región Caribe y sur de Bolívar; la ‘Jairo Durango Restrepo’ con injerencia en Chocó y el suroeste de Antioquia; le sigue la ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, con injerencia en Antioquia, Córdoba y Sucre, y la ‘Central Urabá’, con presencia Antioquia, Córdoba, Nariño, Cauca.

También está la ‘Arístides Mesa Páez’, con presencia en el Urabá antioqueño, con tres subestructuras, y el ‘Bloque Magdalena Medio’, con injerencia entre el sur de Bolívar, Magdalena Medio y la Serranía del Perijá. 

El Cartel de Sinaloa ha sido uno de los principales socios en el narcotráfico durante años de las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), pero además ha logrado forjar y mantener vínculos criminales con mafias europeas, como la ‘Ndrangheta’ y las mafias de los Balcanes. Esta organización no solo participa en el narcotráfico, sino también en otras economías criminales, como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y tráfico de migrantes.

A través de la resolución 279 de 2024, el 22 de julio, el Gobierno reconoció a seis de ese grupo armado como voceros en el espacio. El listado lo encabeza Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de esta estructura armada y quien heredó la organización del extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Contra ‘Chiquito Malo’ está vigente una orden de captura a través de circular roja de Interpol por concierto para delinquir agravado y centenares de acciones relacionadas con el narcotráfico; homicidios, además de desplazamiento forzado y otros hechos delictivos.

Heredó una organización criminal que enfrentaba desafíos importantes, entre ellos la persecución por parte de las autoridades, una guerra abierta con otros grupos criminales y una débil cohesión dentro de la propia organización.

Nacido en San Pedro de Urabá, Antioquia, el 10 de abril de 1977 ‘Chiquito Malo’ fue integrante del Bloque Catatumbo y Calima de las Auc y antes fue comandante del Bloque Central Urabá, hoy conocido como Bloque Juan de Dios Úsuga.

Para 2015, Ávila Villadiego era considerado uno de los máximos líderes del grupo. En junio de ese año, el gobierno de Estados Unidos emitió una acusación formal, identificándolo como uno de los principales líderes de la estructura del narcotráfico.

Luego, en 2018, Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de tráfico de drogas.

Una de las designaciones que llamó la atención fue la de Elkin Casarrubia Posada, alias Joaquín o ‘El Cura’, un desmovilizado del Bloque Calima de las Auc, quien además hizo parte del ‘Ejército Popular de Liberación’ (EPL) y de las disidencias ese grupo antes de entrar a las Auc.

En sus inicios como paramilitar, 'El Cura' formó parte del equipo de seguridad de Carlos Castaño y luego del de Salvatore Mancuso.

‘Joaquín’ ingresó en 1985 a las filas del EPL y se desmovilizó el 19 de octubre de 1996, en la finca el Volador, ubicada en Tierralta (Córdoba), luego en 1997 regresó a la subregión del Urabá antioqueño para hacerle frente a las Farc en Currulao, Turbo, Apartadó y otros municipios en los que hizo parte del Bloque Bananero de las extintas Auc.

Fue capturado en agosto de 2004, cumplió su condena por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, obtención de documento público falso, terrorismo y uso de documento falso; actualmente se encuentran en libertad por autoridad desde marzo de 2021.

También está José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, ‘Willington’, ‘Ramiro’ o ‘Chimbita’, nació en Montería, Córdoba, el 30 de diciembre de 1974. Es desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Auc y en la actualidad tiene solicitud de extradición de los Estados Unidos.

Le sigue Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo o ‘Flechas’ desmovilizado del Bloque Centauros de las Auc. Otro de los cabecillas es José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, quien nació en Ayapel, Córdoba, es desmovilizado del Bloque Mineros de la Auc y se le señala de ser el comandante del Bloque Arístides Mesa Páez con presencia en Atlántico, Sucre, Santander y sur de Bolívar.

Por último, Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Gerónimo, es el comandante político del ‘clan del Golfo, nació en Apartado (Antioquía), el 2 de octubre de 1962 y es desmovilizado del Bloque Bananeros de la Auc.

Para el profesor de la Universidad el Norte, Luis Trejo y el experto en conflicto, Andrés Aponte, el ‘clan del Golfo’ es el grupo armado del país que mayor iniciativa militar tiene actualmente y quien mayores éxitos ha logrado en términos de expansión territorial. Ahora bien, este protagonismo militar y su acelerado proceso de politización contrasta con lo que ellos llaman sus derrotas políticas.

“Para el presidente Gustavo Petro son una expresión criminal y narcotraficante de un fallido proceso de desmovilización que inició Álvaro Uribe con los grupos paramilitares federados en las extintas Auc”, dijo Trejo.

Aponte considera que lo anterior ha permitido que se les niegue reiteradamente su carácter político, no en el sentido ideológico, sino en su capacidad para gobernar territorios. “Este veto tiene implicaciones en cómo algunos analistas, y el mismo gobierno, entienden el poder político que ostenta este grupo. En sus zonas de influencia, sobre todo en el Bajo Cauca, las expresiones organizativas de mineros son criminalizadas y se les niega la legitimidad de sus reivindicaciones”.

Para Gerson Arias, investigador de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) existen tres razones principales por las que el ‘clan del Golfo’ busca negociar: la oportunidad para legalizar muchos bienes, buscan un reconocimiento, toda vez que no se quieren quedar por fuera de la ‘paz total’ y quieren detener el incremento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública en su contra.

"Este grupo llega a los diálogos con un portafolio de financiación diferente al narcotráfico, lo que se traduce en que no se estaría conversando con un grupo narcotraficante, sino con uno organizado que tiene muchos tentáculos en la sociedad”, aseguró el experto, quien señaló que el riesgo de esta negociación es qué va a pasar con los mandos medios y las bases de esta organización, con miras en que no se genera un “incentivo perverso” de querer ocupar el espacio de los cabecillas.

Luego de conocerse la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con el ‘clan del Golfo’, el gobierno anunció el pasado jueves 8 de agosto que a través de la resolución 300 del 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó un similar espacio con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —antes conocidas como ‘los Pachenca’— y herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc.

Este grupo fue comandado por Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o ‘El Señor de la Sierra, quien tras su desmovilización y posterior extradición a Estados Unidos dejó a sus fichas que mantuvo la presencia del grupo en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la actualidad tiene unos 800 integrantes.

Su principal enclave se encuentra en la región de Sierra Nevada, alrededor de la ciudad de Santa Marta, pero su influencia se extiende hacia la frontera con Venezuela, en el departamento de La Guajira, y el norte de Cesar. Mantienen algún tipo de presencia en 11 municipios de Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico a través de al menos 20 frentes armados.

Se cree que el grupo armado designe a Freddy Castillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de ‘los Pachenca’, como uno de los negociadores. Este hombre fue capturado en Madrid en 2022 y extraditado a Colombia el 26 de abril de 2023, pero fue dejado en libertad el pasado 30 de junio de 2023.

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, es el segundo cabecilla de esta organización. Las autoridades ofrecen una recompensa de más de 50 millones de pesos por el paradero de este hombre que tiene procesos por concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y amenazas.

Redacción Justicia