En lo corrido del año, según estadísticas del Ejército, se han registrado en el país 1.017 manifestaciones o bloqueos que han detenido transitoriamente las labores de erradicación forzada en distintas regiones.
El año pasado, a pesar de la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad, se reportaron 1.050 de esos bloqueos.
Los departamentos más afectados en el 2020, según un informe del Ejército, fueron Putumayo, con 276 hechos, seguido por Nariño, con 247; Norte de Santander, con 223; Caquetá, con 94; Antioquia, con 76, y Cauca, con 21.
Pese a esos bloqueos o manifestaciones, las autoridades lograron el año pasado cumplir la meta de erradicación forzada, establecida en 130.000 hectáreas. El Ejército arrancó 73.809 hectáreas (57 por ciento); la Armada, 2.694 hectáreas (2 por ciento), y la Policía, 53.497 hectáreas (41 por ciento).
La situación es muy diferente este año, pues un informe oficial publicado por este diario señala que a menos de tres meses de terminar el 2021, la meta establecida por el gobierno del presidente Iván Duque no iba ni en el 50 por ciento.
Para este año se fijó acabar, a través de la erradicación forzada, con 130.000 hectáreas sembradas con matas de coca, pero el balance operacional, revelado por EL TIEMPO, daba cuenta de que entre el 1.º de enero y el 4 de octubre se habían arrancado 58.000 hectáreas, lo que equivale al 44,6 por ciento de la meta fijada.
En su momento, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, atribuyó la situación a varios factores como, por ejemplo, el traslado de uniformados que se tuvo que hacer de las áreas rurales a las urbanas para enfrentar los hechos de vandalismo registrados en el país durante las jornadas de paro nacional.
Además, mencionó un fallo del Tribunal de Pasto que protegió el derecho a la consulta previa de comunidades de Nariño y ordenó suspender la erradicación forzada (desde mayo) en 10 municipios.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, en 2020 fueron detectadas 30.751 hectáreas con matas de coca en Nariño, lo que convirtió al departamento en el segundo con mayor concentración de coca. Entre los mayores enclaves de producción de la droga aparecen también Norte de Santander y Putumayo, que coinciden con las zonas en donde se han reportado bloqueos.
Las tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública por la erradicación no son nuevas y se remontan a finales de la década de 1990, cuando tomaron auge las marchas cocaleras en el sur del país.
Esta semana, apenas unas horas después de lo registrado en el Catatumbo con 180 militares, la comunidad de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, reportaba que había habido disparos durante otra protesta contra la erradicación forzada en esa zona del país. Y la semana pasada, 250 campesinos de Anorí, Antioquia, se congregaron para protestar ante la llegada de grupos de erradicadores de la Policía.
El ministro Molano se refirió a lo sucedido: “Pretender retener soldados que cumplen con erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo es un secuestro y demuestra que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Contra los que así proceden, la respuesta es la ley. No aceptamos chantajes contra la autoridad y la ley”.
Para la estrategia del Ejecutivo es clave arrancar las matas de coca, pues esto no solo permitiría reducir las hectáreas sembradas con cultivos ilegales, sino que podría afectar la productividad que ha venido creciendo en el país por las matas que están maduras y dando cosecha. Según el Simci, el año pasado se detectó un aumento del 8 por ciento de la productividad, al pasar de 1.137 toneladas métricas en 2019 a 1.228 toneladas en el 2020.
El coronel (r) Miguel Tunjano, experto en la lucha contra el narcotráfico, dijo que la situación es muy preocupante y se debe evitar que se frene la producción de la droga. Esto, según el oficial en retiro, se podría lograr controlando el ingreso de insumos químicos a esas zonas, con lo que no se podría procesar la hoja y esta perdería su valor. Añadió que en los sitios de producción todo se paga en efectivo y hay que trabajar para cortar ese flujo de dinero.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, señaló que antes de pensar en las vías de hecho se debe avanzar en acuerdos. “En buena parte de los sitios en los que están haciendo erradicación forzada hay documentos de pactos colectivos, incluso desde el gobierno de (Juan Manuel) Santos, donde la gente manifestó su intención de acogerse a la política de sustitución. Hay que darle prioridad a eso y concertar con las comunidades incluso otras acciones subsidiarias como la erradicación forzada, que está en las hipótesis pero no es la principal”, dijo.
El analista en temas de seguridad y conflicto, Néstor Rosanía, afirmó que se requiere un fortalecimiento de las llamadas zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) “para llevar el Estado y la institucionalidad a las regiones y promover las economías legales”. Agregó que se debe revaluar la estrategia porque se pasó del programa Plante y Palante de los años 90 a las zonas futuro del 2021, sin mayores resultados.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), indicó que ese tipo de hechos pueden darse por presión de actores armados a las comunidades, que terminan siendo instrumentalizadas. Dijo que es clave activar mecanismos de resolución de conflictos a través de la Iglesia, la Defensoría, Naciones Unidas y otras organizaciones para evitar que ese tipo de hechos terminen en situaciones mucho más graves.
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