Este año dos mil civiles apoyarán la erradicación forzada de matas de coca

En zona rural del Valle de Guamuez, en Putumayo, hace una semana un grupo de policías y militares vio bloqueadas sus labores al ser enfrentados por más de 50 campesinos que se opusieron a que arrancaran las matas de coca que había en el sector.

Los labriegos llegaron con machetes, palos y piedras con los que amenazaron a los uniformados, quienes tuvieron que irse del lugar para evitar una confrontación.

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En otro hecho registrado el vienes, fue atacado con palos y piedras el grupo de erradicadores de la Policía de Carabineros que se encontraba en la vereda El Paraíso, de Tierralta, Córdoba.

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De acuerdo con el reporte oficial, “hicieron presencia algunas personas que se opusieron de manera violenta a los trabajos adelantados por los uniformados, a quienes agredieron con objetos contundentes y a quienes intimidaron, al parecer, con armas de fuego”.

La Policía denunció que dos patrulleros fueron retenidos y trasladados a un lugar desconocido, “donde fueron sometidos a agresiones físicas y maltrato verbal y psicológico”. Tras 24 horas y con la mediación de la Defensoría del Pueblo los policías fueron liberados.

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Las autoridades han acudido a sectores como la Iglesia a y las personerías para enfrentar esos bloqueos.

Estos son apenas algunos incidentes que han empezado a enfrentar los nuevos equipos de erradicadores de la Fuerza Pública que avanzan en la primera fase, de cuatro previstas, para este año con el fin de erradicar 100.000 hectáreas de cultivos ilegales en 2022.

El año pasado se erradicaron 103.000 de una meta de 130.000. En lo corrido del 2022, ya se han enfrentado 18 bloqueos y seis asonadas en menos de dos meses.

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Según los informes de inteligencia, tras estos hechos de violencia se encuentran las disidencias, grupos que hicieron parte de las Farc, que presionan a los labriegos para que obstruyan las tareas de erradicación, ya que hoy son estos grupos los que se encargan de la producción y el tráfico de cocaína, en especial hacia los carteles mexicanos.

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En el 2020 los erradicadores enfrentaron 1.050 de este tipo de bloqueos, y con corte a octubre del año pasado iban 1.017.

Este año, los Grupos Móviles de Erradicación contarán con el apoyo de civiles, y se tiene prevista la contratación de 110 grupos, cada uno de 21 personas, para un total 2.310 personas, con un presupuesto de 176.000 millones de pesos.

Los integrantes de cada grupo móvil están recibiendo un entrenamiento básico para la labor de corte y exterminio de la mata de raíz, así como del cumplimiento de los protocolos para ingresar a cada terreno.

El primer grupo que ingresa a cada lugar es de la Fuerza Pública, encargado de detectar explosivos y otras amenazas, y en esa labor como mínimo se gastan cuatro horas.

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Los grupos de erradicadores civiles estarán tres meses en el terreno y en esta ocasión irán a apoyar las labores en los llamados enclaves que se ubican en zonas de frontera y en áreas geoestratégicas para el tráfico de cocaína.

En 2020 se identificaron dos nuevos enclaves que este año fueron priorizados: el primero, en el sector de San Pablo-Taracué (Bolívar) y el segundo, en Orito-Vides (Putumayo), este último en medio de una guerra territorial entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y los que se hacen llamar ‘Comandos de la Frontera’.

En Putumayo, el Simci 2020 detectó 19.986 hectáreas con coca, lo que lo convierte en el tercer departamento con mayor número de sembradíos ilegales en el país.

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Otras de las preocupaciones que tienen las autoridades es que los sembradíos de coca vienen creciendo en parques naturales y en zonas donde hay resguardos indígenas, comunidades negras y de reserva forestal donde los uniformados no pueden ingresar.

Los cronogramas de ingreso a las zonas por impactar van ligados a operaciones de seguridad porque coinciden con los puntos donde hay mayor presencia de los grupos de narcotraficantes; por ejemplo, en Norte de Santander, donde en 2020 el Simci detectó 40.084 hectáreas de coca, se encuentran el Eln y las disidencias al mando de ‘Jhon Mechas’, que aprovecha la porosidad de la frontera pasa sacar la cocaína que se produce en la región del Catatumbo por las pistas clandestinas en Venezuela.

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En Nariño se ubican cuatro redes de las disidencias, además del Eln y el ‘clan del Golfo’, que se disputan el control de la producción de cocaína, con el agravante de que por la costa Pacífica nariñense se mueve la droga en lanchas rápidas o en semisumergibles que los narcos mandan construir.

EL TIEMPO conoció el informe preliminar de la Fuerza Pública que da cuenta de que a 18 de febrero se han erradicado 6.333 hectáreas sembradas con matas de coca en Antioquia, Putumayo y Guaviare, los departamentos donde se dio inicio a la primera fase.

El documento indica que este año se priorizarán los 9 enclaves productivos de coca que fueron identificados por el Simci en 2020. Los tres más grandes son: Catatumbo, en Norte de Santander; Tumaco en Nariño y Argelia-El Tambo, en Cauca.

Estos tres puntos concentran el 35 por ciento de la producción de cocaína en todo el país, pero en Nariño, desde mayo del año pasado, la Fuerza Pública no ha podido ingresar a la zona a desarrollar el exterminio de los narcocultivos por una tutela que el Tribunal Superior de Pasto falló a favor de las comunidades, y protegió su derecho a la consulta previa en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense.

En particular, en los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.

Según el informe conocido por este diario, el Ministerio de Defensa señala que la cartera del interior es la encarada de cumplir lo ordenado por el Tribunal.

El Simci detectó en Nariño, con corte de 2020, 30.751 hectáreas con matas de coca y, según el documento, la Fuerza Pública intervino de forma previa al fallo 9.586 hectáreas.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo a EL TIEMPO a finales del año pasado que este 2022 se iban a reanudar la erradicación en Nariño en aquellas zonas donde no tenía alcance el fallo, y que para ello los uniformados habían adelantado una labor de verificación sobre el terreno para definir esos sitios a los que volverán los erradicadores.

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Desde 2010, han sido asesinadas 127 personas en medio de las labores de erradicación, 54 policías, 46 militares y 27 civiles.

El 20 de enero, la Corte Constitucional tumbó la resolución con la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había dado su visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig).

Además, dejó sin efecto una resolución del Ministerio del Interior que certificó la no presencia de comunidades étnicas en las áreas de influencia definidas para el programa y ordenó realizar consulta previa.

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EL TIEMPO consultó a la cartera del Interior sobre los avances en la realización de las consultas, claves para el regreso de la fumigación, y la respuesta fue que la Corte emitió el fallo de una tutela que aún no ha sido notificado al Ministerio del Interior.

Esto a pesar de que el alto tribunal ha expresado en otras ocasiones que para el cumplimiento de los fallos no es necesario tener el texto completo ni la notificación de sus decisiones.

Con ese panorama, cada vez se aleja más la posibilidad de que la fumigación con glifosato se dé durante el gobierno de Iván Duque, pues adelantar todo el proceso de consulta a las comunidades podría tardar varios meses.

Tras la decisión de la Corte, Duque dijo que estudiarían el fallo para entenderlo e insistió en la necesidad de utilizar todas las herramientas posibles contra el narcotráfico.

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