Grupos armados: ¿cuál es el proceso para que se somentan a la justicia?

En el marco de la iniciativa de ‘paz total’ que anunció el presidente Gustavo Petro, se dio a conocer el borrador del proyecto de ley que busca hacer una serie de reformas para permitir el sometimiento de las bandas criminales en el país.

La iniciativa, que fue revelada por EL TIEMPO, propone cambios al Código Penal, al de Procedimiento Penal y al Penitenciario, recogiendo ideas de la academia y estrategias usadas en Estados Unidos para enfrentar a las grandes estructuras criminales de manera colectiva, potenciando los beneficios de colaboración para obtener información sobre las que no se sometan, e impulsando mecanismos de justicia restaurativa.

El borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el abogado penalista Mauricio Pava, quien es conjuez de la Corte Suprema, fue presentado al presidente del Congreso, Roy Barreras, y será objeto de recomendaciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del Fiscal General, Francisco Barbosa.

La idea central es un sometimiento colectivo que inicia con la manifestación de la estructura “de crimen organizado de alto impacto”, es decir, aquellas “que tienen la capacidad suficiente para someter a las poblaciones y desestabilizar los territorios en Colombia”.

Tras firmar un acta, estas personas serían trasladadas a zonas de ubicación temporal, creadas en la Ley de Orden Público, y luego la Fiscalía se encargará de hacer una imputación colectiva, detallando sus integrantes, patrones criminales, y pedirá para ellos una medida privativa de la libertad que se cumplirá en esas zonas y que se cambiaría a una cárcel si se incumplen compromisos.

Los procesados podrán aceptar cargos, si cumplen con el deber de colaboración eficaz, que es dar información para la judicialización y desmantelamiento de otras estructuras, aportar verdad y declarar los bienes adquiridos de manera ilegal.

Un procesado podrá quedarse con algunos siempre que su valor no supere el 10 por ciento del total, lo cual es una modificación a la extinción de dominio que hoy lo permite hasta el 5 por ciento

 

Tras hacer el inventario de bienes, un procesado podrá quedarse con algunos siempre que su valor no supere el 10 por ciento del total, lo cual es una modificación a la extinción de dominio que hoy lo permite hasta el 5 por ciento.

La iniciativa propone que las penas máximas sean de 50 años cuando hay varios delitos y de 40 por cada delito, hoy está en 60, y que el beneficio de rebaja de pena sea del 60 por ciento (actualmente es hasta la mitad), que dictará un juez junto con un acta de colaboración que impone un componente restaurativo que deben cumplir estas personas.

Otro elemento clave es que se crea la prisión comunitaria, como una forma de sustituir la detención en cárcel, en donde se podrán hacer actividades de reparación; la medida de aseguramiento en esa prisión; y una ejecución especial de la pena para sentencias de máximo cuatro años que se podrá cumplir en programas de reinserción.

Y las penas se cumplirán de manera diferenciada: las bases de las estructuras tendrán la ejecución especial condicionada por cuatro años por delitos como concierto para delinquir, porte de armas, municiones y uniformes; y los altos mandos, a la medida que vayan cumpliendo la pena en cárceles, podrán acceder a permisos de 72 horas y luego pasar a un “periodo semiabierto” con periodos de 15 días, y cuando cumplan la mitad de la condena, podrán pedir la prisión comunitaria o la libertad preparatoria en donde deberán dormir en la prisión y cumplir en el día la programación de reinserción.

El penalista Francisco Bernate consideró positivo que se modifique el máximo de pena, cambiado en 2004, para volver a los 50 años, así como las medidas de justicia restaurativa y las ampliaciones de las medidas domiciliarias.

“Quedan dudas sobre los beneficios a quienes se sometan a la justicia perteneciendo a bandas criminales: si se va a abrir esta puerta, puede considerarse una apertura para todos los eventos”, dijo al estimar que esta iniciativa podría ser la inspiración para una gran reforma del sistema penal.

“Tenemos un sistema que a pesar de que es joven (20 años), está colapsado y es una colcha de retazos. Podría ser el momento para abrir un gran debate nacional en donde se tocaran todos estos puntos, en donde se aclaren las formas de sometimiento y pudiésemos tener un régimen penal mucho más coherente, sin tantas exclusiones, beneficios y excepciones”, apuntó.

El penalista Iván Cancino valoró que se trate de un sometimiento, lo que implica que no habrá una negociación “o un nuevo acuerdo o reglas que favorezcan la impunidad”, y consideró necesario hacer una reforma integral al Código de Procedimiento Penal, para darle más “más amplitud a los preacuerdos y a los principios de oportunidad para todos los delitos”.

El abogado dijo que la justicia premial no ha funcionado como se esperaba porque se le han puesto “muchas talanqueras” que derivan en congestión judicial e insistió que el aumento del porcentaje que quedaría en manos de los procesados sobre sus bienes, es algo que ya está y solo se trata de un ajuste.

Cancino dijo que las prisiones comunitaria se pueden hacer usando predios de la SAE y apuntó que el sometimiento como tal “no tendrá futuro si no hay políticas públicas claras para mejorar la salud, el empleo, la seguridad, si no van de la mano con la entrega de las rutas del narcotráfico, de las armas y de los cómplices que se tengan en las entidades del Estado”.

Emilio Archila, exalto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, le dijo a EL TIEMPO que la paz no se logrará a cualquier precio y que es necesario “que las víctimas sigan siendo el centro de todos los esfuerzos” y que es indispensable que se pongan en marcha los Planes Nacionales Sectoriales en el Plan Nacional de Desarrollo.

El exfuncionario dijo que es necesario asegurar garantías para las víctimas para que el proceso de reincorporación se mantenga exitoso e hizo un llamado no mezclar este asunto con los diálogos del Eln y a no confundir “esquemas de justicia reparativa o transicional, con mecanismos de impunidad y de premio a la delincuencia”.

“Hay que asegurar que lo que se ha avanzado en la implementación del Acuerdo no se pierda en una nube de miles de propósitos y metas. Para lograr la paz no es suficiente que se callen las ametralladoras pues se necesita de verdadera justicia, reparación y, obvio seguridad de la no repetición”, dijo.

El penalista Marlon Díaz aseguró que esta es una oportunidad histórica para “hacer coherente nuestra política criminal”, estimó que la iniciativa es apropiada y señaló que “ojalá se llegue a la posibilidad de negociación tanto de estructuras criminales como de manera individual” para conductas relacionadas con esos grupos como el testaferrato o la financiación.

“Necesariamente tienen que modificarse todas las normas tanto del Código Penal como del Procesal Penal que han prohibido beneficios, y eso incluye un artículo en la Ley de Infancia y Adolescencia. Es necesario que esas prohibiciones se eliminen y que en cualquier delito se pueda aplicar al misma rebaja del 60 por ciento de la pena si se aceptan los cargos y se colabora sin ningún obstáculo”, dijo.

El abogado Diego Martínez, quien fue asesor de las antiguas Farc en el proceso de paz, dijo que esta iniciativa resulta de suprema importancia para la plena implementación del acuerdo de paz. “Las ideas conocidas hasta este momento tienen elementos muy positivos, dentro de los cuales está que es un proyecto con plena competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía, beneficios y un componente restaurativo”, dijo.

“Para que no sea fallido, este proyecto deberá hacer énfasis en el desmantelamiento del fenómeno criminal mediante el otorgamiento de verdad, así como también un sistema de intervención real en los territorios victimizados”, agregó.

Y el penalista Santiago Trespalacios dijo que se trata de un buen proyecto, ya que el “sistema penal debe ser ajustado, incluso no sólo para el sometimiento a la justicia sino para todas las demás apariciones del delito. Es importante que haya alternativas diferentes a la prisión como la conocemos, buscando distintas maneras de tratar al delincuente y disminuir los niveles de hacinamiento”.

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