¿Es correcto decir frente a la violencia que volvimos al pasado?

Las masacres y violencia que siguen azotando al país han llevado a que la ciudadanía en general ponga el espejo retrovisor para cuestionar si volvimos a lo que se vivía hace 10 o 15 años. EL TIEMPO habló con Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, quien explica por qué no se podría decir que hay un regreso al pasado, ya que el conflicto armado de hoy es distinto e, incluso, más complejo.

¿Es correcto hablar de un regreso al pasado?

En términos de las dimensiones de la violencia, no. Estamos todavía lejos del pasado. Si uno mira, por ejemplo, el número de masacres que había comenzando el siglo, en medio de la coyuntura del proceso de paz del Caguán, en esa época teníamos más de 1.400 víctimas de masacres. Para el 2003 y 2004, había unas 680. En el 2010 se registraron al menos unas 200 víctimas de masacres ese año y lo que tenemos el año pasado es menos de 150 víctimas. Entonces, en términos de dimensión, el punto en que estamos en Colombia muestra que ese argumento de lo que está sucediendo con las masacres no es válido para hablar de un regreso al pasado.

En medio del proceso con las Farc sí tuvimos una importante baja de violencia, y ese es el pasado más reciente que tienen como referencia no solo este debate nacional en las redes sociales, sino también varias regiones. En algunas regiones sí tuvimos descensos de violencia importantes y esa situación se ha comenzado a revertir, incluso antes del comienzo del gobierno de Iván Duque. La situación de seguridad se deterioró relativamente rápido, y ya en el 2017 había advertencias. El 2018 fue un año muy difícil y desde entonces ha venido empeorando.

Cuando se mira qué ha pasado con los homicidios, bajaron un montón y sustancialmente durante la negociación con las Farc. Después lo que se puede ver es que durante la implementación estamos estancados. Así el Gobierno diga que en el 2019 hubo un descenso, ese descenso fue muy corto. Entonces si nos comparamos con lo que hubo en el proceso de negociación con las Farc, sí tenemos una trayectoria de deterioro que empieza desde finales del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero desde una perspectiva más histórica, en cambio, no se puede comparar lo que vivimos hoy con lo de antes.

Es muy difícil decir ahora cuál es la narrativa general de lo que está ocurriendo. Hay dinámicas territoriales en las que es difícil sintetizar qué es lo que está pasando. Unos años atrás las explicaciones del conflicto armado giraban en torno al enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Pero hoy, si uno mira lo que está pasando en las regiones, ese relato no necesariamente corresponde. Después del proceso de desmovilización de paras, se da una narrativa de violencia en Colombia muy ligada a guerrillas, a las Farc, y la descomposición de grupos paramilitares.

Lo que tenemos hoy en una frase sencilla sería muy difícil de comunicar. Hoy hay múltiples conflictos, no solo un conflicto. Son distintos actores, distintas motivaciones, e mpactos en la población. Es muy difícil encontrar hoy una narrativa nacional sobre la violencia.

¿Cómo han cambiado los actores armados?

Tenemos una guerrilla activa con influencia en varias de las regiones del país, que es el Eln. Está el Epl, muy concentrado en la parte del Norte de Santander. Tenemos múltiples disidencias y no se puede meter a todas en la misma bolsa, pues hablamos de 20 grupos muy distintos. Son múltiples estructuras criminales territoriales que interactúan con los otros grupos. La mayoría de ellas son muy locales y todo esto está conectado con unas economías ilegales que no solamente están en función del plano nacional sino también internacional. Por eso decimos que hay una suerte de fragmentación de los grupos.

¿Los problemas que hubo tras la desmovilización de los paramilitares son similares a los que hay después el acuerdo de paz con las Farc?

Cuando uno mira la trayectoria de la guerra en Colombia, uno puede encontrar un escenario similar al de ahora después del proceso de desmovilización de los paras. En ese momento se hablaba de fragmentación, conflicto degradado, debilitamiento de la ideología, disputas, y que el Estado no había copado los territorios. Esas categorías que usamos para decir qué pasa hoy son categorías que ya se habían usado para ese momento.

Entonces, nos hemos concentrado mucho en hablar de la coyuntura, pero no podemos perder la perspectiva de las continuidades y el déficit que todavía tiene el Estado colombiano. En términos comparativos tenemos hoy un Estado con más capacidades. Por eso ya no es tanta la discusión de que el Estado no está, o no llega, porque en el Catatumbo hay varias intervenciones del Estado, lo mismo que en Tumaco. La conversación ahora tiene que ver más con la eficiencia de ese Estado y la legitimidad que tiene en esos territorios.

En una perspectiva de más largo plazo, el Estado ha logrado disminuir la violencia y desactivar por pedazos el conflicto a través de negociaciones o desarmes. Lo que ha sido muy difícil para el Estado es poder sostener ese esfuerzo en el momento de la implementación. Un problema es que el Estado no aprovecha esas oportunidades y eso también tiene que ver mucho con la polarización que producen estos procesos, polarización que genera bloqueos y que se vivió tanto después de la desmovilización de los paramilitares como tras el proceso de paz con las Farc.

El Estado se preparó para lidiar con esos grandes grupos de influencia nacional, y eso generó una inercia que apunta a que si se golpea a los mandos, si se va por las estructuras, se va a tener por un momento mejoras en las condiciones de seguridad, sobre todo con un enfoque contrainsurgente. Este de ahora, en cambio, es un fenómeno distinto que tiene unos desafíos particulares en los términos en que un conflicto fragmentado implica que el Estado debe dar mejores respuestas locales. Por eso ahora la pregunta es cómo hacemos con las capacidades del Estado para responder a esta fragmentación.

Esto implica pensar la seguridad diferente: ya no desde una perspectiva centralizada y nacional donde están los carteles de recompensas y los más buscados, sino pensar en una seguridad mucho más local. El problema es que hay una brecha muy grande entre lo que el Estado central valora sobre cuál es la respuesta que se debe dar en seguridad, y cómo lo sienten los actores locales.

Haríamos mal en pedirles a los alcaldes y gobernadores que se apersonen de lo que está pasando en las regiones con los grupos armados, pero uno esperaría una respuesta más articulada, y que al final del día entendamos que para que la seguridad sea sostenible tiene que haber capacidades locales. No es solo con grandes operaciones, y grandes despliegues y capturas. Hay que generar unas condiciones para que esos territorios tengan mejor seguridad.

Uno no puede volver una política de narcóticos, una política de seguridad. La de narcóticos debe reducir la oferta de sustancias ilegales, y la de seguridad se propone la garantía de derechos y seguridad de los ciudadanos. Esas cosas pueden ser incompatibles en algunas regiones. En algunas regiones, por ejemplo, se puede ver que hay más esfuerzos en política antinarcóticos pero la seguridad no mejora. Es un grave error que en la respuesta a problemas de seguridad se hagan anuncios que tienen que ver más con la política antinarcóticos.

Lo segundo es que cuando se señala al narcotráfico como el principal factor de violencia, se focaliza allí la atención y se hace un mal uso de las pocas capacidades que tenemos. Pero incluso, si se compra el discurso del narcotráfico, y uno escucha al Ministro de Defensa hablando de la necesidad de la aspersión con glifosato, esta es una mirada muy incompleta del fenómeno. Las cifras del mismo Ministerio muestran, por ejemplo, que la cocaína que termina siendo incautada hoy en términos porcentuales es mucho menor que la que se incautaba en 2013.

Por eso es que no hay que reducir el narcotráfico solo a los cultivos ilícitos, porque lo que uno ve es que hoy se está golpeando menos que antes a eslabones que incluso dejan más ganancias. Por ejemplo, este año las capturas a del crimen organizado han disminuido un 20 por ciento, y las de del Eln, un 55 por ciento.

Lo que vemos hoy es unas economías ilegales más diversificadas pues hay más actores participando en ellas. Antes teníamos el control de pocas estructuras en una parte importante de las etapas del narcotráfico. Hoy esto está más desordenado y hay más actores participando de las economías ilegales. Además, hay que ver cómo desde hace años vemos la expansión de la minería ilegal, o del contrabando. 

Uno de los cambios más importantes es el Eln, que históricamente tuvo una participación del narcotráfico en zonas muy focalizadas, y ahora buena parte de los territorios en donde está esta guerrilla son zonas importantes en términos de producción.

Sí, y eso tiene varias implicaciones. Los líderes de las organizaciones saben que van a durar menos tiempo y los procesos de sucesión son muy dinámicos. Eso tiene implicaciones en los términos de relación con las poblaciones y la manera como se ejerce el control en los territorios, porque los mandos volátiles aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones. Por ejemplo, antes, con mandos más fijos, ante una escalada de la violencia las poblaciones podían tener más fácil una interlocución con fines humanitarios con quienes estuvieran a cargo, para proteger a las comunidades.

Pero ahora, por un lado, muchos líderes sociales que ejercían ese papel están siendo asesinados, pero además hoy las comunidades ya no saben quién es ese jefe, ni quién manda en determinada región. Eso genera un entorno más vulnerable para las comunidades, especialmente cuando el Estado no está para quedarse.

Había una posición que sentía que el conflicto armado en Colombia iba en vías de desaparecer si se implementaba el acuerdo y que íbamos a trasladar a una paz sostenible. Esa narrativa sobrestimó las capacidades del Estado, y subestimó las capacidades de las organizaciones armadas que seguían en los territorios. Por eso es que aún estamos a tiempo de plantear la discusión sobre cuál es la paz posible en Colombia, que necesariamente tiene que pasar por el tema de seguridad.

Un escenario intermedio es que el proceso de paz tuvo su impacto, redujo la violencia, transformó el conflicto. Por eso, hoy tenemos un país que enfrenta un desafío distinto en donde, a excepción del Eln, está cerrada la posibilidad de tener otra vez un proceso de paz.

La perspectiva más pesimista es la que cree que estamos en un intermedio de la guerra que tuvimos y el nuevo conflicto que tendremos. Desde esa perspectiva, tuvimos un proceso de paz, el Estado tuvo su oportunidad de cambiar su presencia territorial pero al no hacerlo, finalmente los grupos terminan fortaleciendo su poder y llevándonos a preguntarnos cuál será el próximo paso para desactivar la guerra.

En síntesis, teníamos unos actores armados que en su discurso tenían aspiración de tomarse el poder, o de defender el poder de otros. Detrás de eso había una ideología que en el caso de la guerrilla no hay que explicar mucho cuál era, y en el caso de los paramilitares hubo un esfuerzo por tener un discurso contrainsurgente. Lo que vemos ahora es que el contenido político, en términos de la relación de esos grupos con el territorio y el poder local continúa, pero ya no se ve tan claro cuál es la ideología que respalda esa aspiración de poder.

Hoy se ve a disidencias, por ejemplo, que tienen un discurso parecido al que tenían las Farc, pero hay muchas que no tienen discurso ni contenido ideológico, y que están en las regiones sin intención de crear relaciones estables con el territorio y la población. Básicamente están en unos procesos muy degradados en donde la relación con la economía ilegal tiene más importancia que su dimensión en términos de ideología.

MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

Twitter:  @MSarralde