El alarmante daño ambiental que deja el negocio ilegal de la cocaína en Colombia

A 30 kilómetros de Ibagué, en el municipio de San Luis, Tolima, está ubicada una base de la Policía Nacional con funciones particulares respecto al resto de centros de la Fuerza Pública en el país.

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Se trata de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (Cenop), la cual cuenta con boscosas y llanas hectáreas de extensión para que las autoridades analicen –con equipo de punta– los impactos del procesamiento de hoja de coca que termina convertida en cocaína. Los hallazgos, en los últimos años, han estado ligados a la contaminación ambiental.

El lugar tiene capacidad para entrenar a 3.000 uniformados como los Comando Jungla, a los que se suman invitados especiales de otros países que quieren aprender técnicas científicas para combatir el narcotráfico en sus unidades locales.

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En los últimos años, al Gobierno Nacional, agencias internacionales y a la Cenop les preocupa que en medio del estudio de todas las fases para procesar la hoja de coca con fines ilegales haya resurgido la problemática medioambiental. Esta tiene los ojos encima de organizaciones sociales y hasta del Gobierno de Estados Unidos, que en Colombia hace presencia a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), la cual inyecta recursos y capacitación.

Cabe destacar que hay varios impactos que genera el uso de sustancias químicas y combustibles en los laboratorios clandestinos usados por narcos y grupos ilegales que tienen la exportación de cocaína como fuente de financiamiento.

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Los resultados de esas maniobras irregulares se ven en los suelos infértiles y afluentes contaminados, y en los animales muertos a los lados de los campos en los que desechan los químicos. A esto se suman los daños que le produce al cuerpo humano la manipulación de sustancias que, a medida que va subiendo el nivel de elaboración, va aumentando también su riesgo de afectación.

El mayor Jonathan Gil, integrante de la Cenop, comentó al respecto que en el complejo policial de San Luis “se hacen capacitaciones con la ONU, con el Ministerio de justicia, la Fiscalía y la Procuraduría supervisando. En ese procedimiento calculan cuántos químicos y combustibles usan los productores de base de coca. Los químicos que van al suelo son muchos, están dañando la fauna y la flora”. Además, indica que el año pasado se destruyeron cerca de 4.000 laboratorios.

En esa línea, un informe de la Policía Nacional llamado ‘Afectación ambiental por el subsistema de producción de drogas ilícitas’ parte de que el estudio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas registró en Colombia, para el 2022, una cifra de 230.028 hectáreas de coca sembradas, y explica que detrás de esos números hay varios elementos dañinos para la fauna y la flora.

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Al inicio, el documento se centra en los daños forestales que se generan en todo el proceso para conseguir el clorhidrato de cocaína (CHC).

Por ejemplo, para obtener un cultivo de una hectárea de hoja de coca, según la Policía, se necesitan 1,46 hectáreas de bosque. Esto se da porque se suelen dejar áreas despejadas alrededor de cada cultivo. Luego, para producir un kilo de CHC se requiere media hectárea de hoja de coca, unos 635 kilos de material vegetal fresco. Al final de esas cuentas, quedan deforestadas 0,73 hectáreas de bosque.

“En lo corrido del año 2023, se erradicaron por parte de la Policía 10.197 hectáreas de hoja de coca, para lo cual y según lo dispuesto anteriormente, se afectaron 14.888 hectáreas de bosque”, añade el documento.

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Al respecto, el general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional, resaltó en una visita que hizo a la Cenop acompañado de funcionarios de la embajada de Estados Unidos que “en el país, según el último reporte del Ideam, hay 178.000 hectáreas deforestadas por diferentes usos como ganadería; de esas, 13.000 han sido utilizadas para cultivos ilícitos”. Según Zapata, se trata de bosques que tardarán 50 o 70 años en ser recuperados.

De otro lado, Kevin Murakami, director de INL, comentó que, en efecto, “la producción de cocaína es un crimen contra el medioambiente, hay cientos de galones de gasolina que entran al suelo por la producción. Estamos para brindar apoyo en términos de tecnología, capacitación y apoyo logístico para que ellos puedan hacer operaciones de interdicción”.

Según la consigna que tienen en el Gobierno norteamericano, “cuando la Policía destruye un laboratorio también salva los árboles de Colombia (...). Todo está vinculado, por eso los delitos medioambientales son parte de nuestra estrategia bilateral contra el narcotráfico, es un pilar, vamos a seguir trabajando con la Policía y el Gobierno de Colombia”.

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La Policía ha identificado, a lo largo de años de operativos en el país y del trabajo científico y académico en San Luis, que “cada cultivariedad tiene ciertas características, pues las condiciones medioambientales y de requerimientos nutricionales en todas las zonas no son iguales. La disponibilidad de nutrientes en la zona amazónica no va a ser como la del Pacífico, por la salinidad del suelo y otros elementos que son necesarios en cualquier cultivo”. Así lo afirmó el mayor Gil.

Una vez ya se raspa la planta, el proceso de extracción para llegar al CHC tiene al menos tres etapas: una muy rudimentaria con el raspado y picado de la hoja de coca, otra de limpieza con químicos y la otra de cristalización.

Según Andrés Marín, otro mayor de la Fuerza Pública experto en el manejo de drogas, “la primera (etapa) es toda esta hoja convertida en pasta básica de cocaína, tiene una contaminación propia desde la plata. Una vez tienen la base hacen la limpieza con productos como permanganato de potasio. Luego va la refinación, que es el producto más elaborado, el que finalmente tiene el mayor costo en el mercado ilegal: el clorhidrato de cocaína”.

La primera fase se da en un laboratorio básico donde hay personas que aunque no son inexpertas, tampoco son las más técnicas en la cadena. En este primer punto empieza a incorporarse el producto en unos tanques de extracción de alcaloides alimentados con combustible, principalmente gasolina. Además, le agregan hidróxido de sodio, amoniaco y ácido sulfúrico, los cuales aíslan el complejo de alcaloides para obtener la pasta básica e ir a la segunda fase.

Hasta ese momento, lo que queda es una masa amarillenta que se pasa por coladores y más químicos hasta obtener en el cristalizadero la cocaína.

En total, en Colombia las autoridades han identificado 33 sustancias químicas que se utilizan en cada fase como insumo, generando derrames que van a los ríos y suelos. Entre los elementos están acetato de etilo, butanol, metanol, hexano, hidróxido de sodio, cloruro de calcio y distintos disolventes. Eso sin sumar la brillantina, el alcohol isopropílico, carbón activado, acetatos y el cloroformo empleados en la última fase, la de cristalización.

En cuanto a incautaciones de estos químicos, la Policía Nacional informó que en lo corrido del año (hasta el 15 de abril) lleva 664.454 galones de líquidos decomisados y 460.111 toneladas de sólidos; y la Unidad Antinarcóticos reportó (al 9 de abril) 23.790 toneladas de agroquímicos incautados. El año pasado, en cuanto a líquidos, la cifra cerró en 1’423.000 galones.

En esa línea, el mayor Marín subraya que el control del narcotráfico va de la mano con el control ambiental, por lo que atacan dos delitos. “A todas estas sustancias que se incautan tenemos que darles una disposición final adecuada, para eso la Policía en concurso con la embajada y Naciones Unidas hemos diseñado un programa dentro del cual se establecen los lineamientos para tomar y disponerlas desde el ámbito industrial y ambiental”, detalla.

Pero, ¿qué hay que hacer frente a esta problemática? El general Zapata dice que hay que “generar mucha prevención, fortalecer la cooperación internacional, como con la Embajada de Estados Unidos”. Al respecto, el director Murakami, de INL, resaltó que el Gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando a la Policía en estas tareas académicas y científicas, y que por ahora el mensaje que tiene la embajada es el de dar la misma prioridad a la lucha contra el narcotráfico y a los delitos ambientales que su producción genera.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]