'El Estado ha abandonado y criminalizado a campesinos cocaleros': ministro de Justicia

En entrevista con Yamid Amat, el ministro de justicia Néstor Osuna reiteró que la política de drogas de gobierno de Gustavo Petro está concentrada en la persecución penal de los grandes eslabones fuertes del negocio del narcotráfico, y en ofrecer alternativas de sustitución de economías a los pequeños cultivadores de coca, así como atención a los consumidores.

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De acuerdo con Osuna, se trata de ofrecer otra solución para los campesinos cocaleros, la mayoría de ellos pobres y que no han tenido otras alternativas de vida.

Se ha intentado la sustitución de cultivos, pero el Estado, o bien no ha cumplido con su parte, o se ha limitado a ofrecer soluciones individualizadas a cultivadores a quienes les ha ofrecido una suma de dinero para que dejen de cultivar, pero sin programas sostenibles de sustitución de economías. Y eso ciertamente no ha producido el resultado que estábamos buscando.

No un subsidio en el sentido de entregar una suma de dinero a cada campesino. Lo que estamos haciendo es llevar la oferta del Estado social de derecho, es decir, infraestructura, educación, legalidad, reforma agraria, todo ello concentrado en los lugares en los que es necesario revertir un sistema tradicional de exclusión e ilegalidad por economías prósperas, ambientalmente sostenibles y dentro de la ley. Darles a los cultivadores títulos de propiedad de tierra a cambio de sustitución de cultivos ilícitos.

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En el diseño de esta nueva política, claro. Nunca en la historia del país se había construido una política de drogas a partir de una participación popular tan amplia. Por eso tenemos un diagnóstico muy certero y una estrategia de legitimidad.

Pero ¿sí es realizable?

Por supuesto. En cuanto a los campesinos cocaleros, vamos a trabajar con poblaciones que siempre fueron excluidas, que las fueron lanzando hacia la selva, hacia territorios donde no había ninguna otra posibilidad de sobrevivir económicamente más que con las economías ilegales. Los cocaleros están muy esperanzados. Ellos quieren salir de ese problema. Lo que pasa es que no han tenido otra alternativa. Sienten que el Estado les ha hecho trampa, sienten que los han abandonado, que la Fuerza Pública apenas aparece esporádicamente.

Ellos también quieren tener una vejez tranquila, quieren vivir como el resto de los campesinos de Colombia.

La política se completa con una estrategia policial y militar muy detallada para perseguir con éxito a las mafias de narcotraficantes y para desmantelar las estructuras criminales.

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En eso los campesinos cocaleros tienen razón. Históricamente, el Estado los ha abandonado, no les ha permitido integrarse a la economía regular y a la sociedad legal: no ha ofrecido educación ni servicios públicos, ni vías ni prosperidad. Los ha abandonado cuando los ha criminalizado sin darles la oportunidad real de cambiar de actividad.

Eso nos permite, al diseñar la nueva política, separar los eslabones débiles, que son los campesinos cultivadores, y a ellos ofrecerles alternativas de mejorar su vida, y concentrar el esfuerzo de persecución criminal en los grandes narcotraficantes, en el lavado de activos, en lo que es el tráfico de cocaína.