Van más de 21.000 desplazados en el Triángulo del Telembí, Nariño, en 2021

Los pobladores del Triángulo del Telembí, subregión nariñense integrada por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, viven una de sus peores crisis humanitarias en los últimos 20 años por los combates entre los diferentes grupos armados que se disputan el territorio.

De acuerdo con estimaciones de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde 2015 tiene atención humanitaria en esta región, solo en el primer semestre del año se desplazaron forzosamente 21.106 personas.

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Adicionalmente, más de 6.000 personas han quedado confinadas por la inseguridad y amenazas de grupos armados, que han instalado minas antipersonales en la subregión.

De acuerdo con la ONG, censos del gobierno colombiano en esta subregión señalan que allí viven aproximadamente 90.000 personas, lo que significaría que cerca del 23 por ciento de la población de la zona ha sido obligada a dejar sus hogares.

Luis Ángel Argote, coordinador de MSF en Nariño, aseguró que la situación ha empeorado: “Estamos viendo a cientos de familias llegando a las cabeceras municipales de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en donde las alcaldías han habilitado algunos albergues, pero estos no han sido suficientes. Hoy vemos hacinamiento, así como condiciones precarias de vida: en muchos no hay al agua, así como tampoco a comida ni medicamentos”.

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En medio de la atención de emergencia que brinda, Médicos Sin Fronteras ha recogido testimonios como el de Mario**, un líder social que está en un albergue de Roberto Payán desde abril, aseguró que el principal temor de regresar a su vereda es que los grupos armados tomen venganza. “La situación está muy tensa y hay minas antipersonales. Nuestras veredas no son seguras para nadie. Ahora estamos haciendo peticiones por unos baños, por unas duchas, porque de verdad no tenemos nada”, comentó.

Agustina**, lideresa de Roberto Payán, contó que en su vereda cultivaba maíz, tenía gallinas y una casa en la que vivía con su esposo y sus dos hijos. Pero en mayo tuvo que dejarlo todo y tomar una lancha para llegar a la cabecera municipal.  “Desde que comenzó este año los grupos armados comenzaron a enfrentarse a tiros cerca de nuestra vereda. Pasaron los meses y ya en abril estaban instalados en nuestras casas, llegaban con heridos, daban órdenes. Para los niños esto fue terrible y cuando comenzaron a sembrar minas antipersonales decidimos venir al municipio a buscar ayuda”, contó. 

Ahora, ella está en un albergue sin agua potable, donde no siempre tiene tres comidas al día, comparte una letrina con cerca de 20 personas, y duerme con su esposo y sus hijos en un espacio de tres metros cuadrados. Aunque han pasado cuatro meses, ella y su familia aún no tienen certeza sobre lo que sucederá pues en las veredas se han instalado nuevos grupos armados y, solamente en el primer semestre de este año, tres líderes sociales fueron asesinados y 10, desplazados, según MSF.

"El ambiente ya se ha puesto muy pesado y es preferible estar acá apeñuscados que en medio de los grupos. Ahora que estamos todas las familias acá, estamos pensando en pedirle al gobierno que nos ayude con vivienda, así sea en cabecera, porque a nuestras veredas no podremos volver en mucho tiempo, nos da miedo”.

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James**, quien también fue desplazado, lleva 55 días en un albergue. Él y su familia habían sido desplazados por el conflicto de otro territorio hace 15 años y habían llegado a una vereda a Roberto Payán buscando trabajo como jornaleros.  Su hijo, de 10 años, le pregunta todos los días cuándo van a regresar a su casa, pero no hay ninguna certeza frente al retorno. 

El problema de regresar, dijo, es que no se sabe quién es 'el que manda' en los territorios: “Antes todo dependía de un grupo armado que daba permiso para trabajar, para cultivar, para salir de la vereda. De unos años para acá hay muchos grupos, entonces si usted le da una comida a un soldado de un grupo, luego llega otro y dice que usted es colaborador y así, fácil, lo pueden matar a uno. En la vereda todas las familias nos hemos acompañado, pero con los grupos algunas comenzaron a alejarse por miedo y el ambiente se puso muy pesado”.

Ahora, están pidiendo que se solucione el problema del agua potable en los albergues y que se pueda conseguir proteína para los niños. “Desde el albergue muchas familias nos hemos unido y hemos logrado cosas, como tener cocinas, colchonetas y eso…pero la situación sigue difícil, sobre todo porque no hay a salud, educación o empleo. A nosotros nos da miedo que los jóvenes terminen en los grupos armados por el desespero”.

En el primer semestre de 2021, MSF encontró que las cinco enfermedades más comunes en la subregión están relacionadas con el agua e higiene, por lo cual se han presentado casos de malaria, dengue, diarreas o enfermedades en la piel, así como infecciones de vías respiratorias agudizadas por el covid-19 y otras condiciones asociadas a procesos de embarazo sin atención médica suficiente.

Una de las mayores preocupaciones para la organización es la falta persistente de a los servicios más básicos. Argote indicó que “el problema con el agua potable ha sido frecuente. Muchas familias utilizan el río como fuente de agua pero esta no es potable y en temporada seca puede escasear. Además, con la llegada de nuevas familias, los albergues se han quedado sin espacio, lo cual ha generado una situación preocupante de hacinamiento”.

Además de la escasez de agua y comida, el hacinamiento y la persistencia del conflicto armado han generado situaciones de salud mental en la población. En las familias desplazadas suele encontrarse “temor, angustia, frustración e impotencia, por lo que de continuar con una elevada exposición al conflicto armado, los factores de resiliencia que contribuyen a afrontar este tipo de situaciones pueden verse disminuidos y la salud mental de las poblaciones seriamente impactada”, indicaron desde la ONG.

 

Este año, MSF ha apoyado con insumos a los hospitales y ha atendido a 1.118 pacientes en las clínicas y registra 1.230 beneficiarios de atenciones en salud mental. No obstante,  Jaume Rado, jefe de Misión en Colombia, indicó que pese al aumento de esfuerzos por parte de la institución y de otras agencias humanitarias, "la respuesta al día de hoy sigue siendo insuficiente y tardía; los estándares de calidad están muy lejos de lo que debería ser una respuesta humanitaria”.

Frente a la situación, Amilcar Pantoja, subsecretario de Paz y Derechos humanos de Nariño, señaló que en lo corrido del año en el departamento se han registrado 30 casos de desplazamiento con más de 16 mil víctimas y que la situación más grave se registra en el Triángulo del Telembí. Indicó que se ha ado a las alcaldías de esos municipios para articular la entrega de kits de alimentos y de aseo y con cooperación internacional se están realizando brigadas de salud y de educación para atender a los menores de edad.

Igualmente señaló que con la Policía y el Ejército se está trabajando para garantizar el retorno de las comunidades a sus hogares pero que el riesgo en la zona se mantiene. Dijo que se está buscando la presencia permanente de uniformados pues con su llegada se logra mejorar la situación y las comunidades empiezan a volver, pero cuando las autoridades salen los grupos ilegales vuelven a aparecer.

**Nombres cambiado para proteger la seguridad de las personas

REDACCIÓN JUSTICIA*

*Con información de Médicos Sin Fronteras

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