Las ocho redes de narcos que se disputan el control de la coca en Nariño

“Desde que comenzó este año, los grupos armados comenzaron a enfrentarse a tiros cerca de nuestra vereda. Ya en abril estaban instalados en nuestras casas, llegaban con heridos, daban órdenes. Para los niños esto fue terrible y cuando comenzaron a sembrar minas antipersonales decidimos venir al municipio a buscar ayuda”.

Este testimonio, de una lideresa de Roberto Payán, Nariño, deja ver parte del drama al que se enfrenta la población del Triángulo de Telembí, una subregión

—conformada por ese pueblo, Barbacoas y Magüí Payán— que en los últimos meses ha sufrido una de las peores crisis humanitarias en dos décadas. 

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La situación es tan compleja que en el primer semestre del 2021 se desplazaron forzosamente al menos 21.106 pobladores, de acuerdo con la oenegé Medicos Sin Fronteras.

Un informe de inteligencia, conocido por EL TIEMPO, da cuenta de la tormenta que se vive en la región: disputas territoriales entre grupos ilegales, narcotráfico, lavado de activos y explotación ilícita de yacimientos mineros hacen parte del desafortunado coctel de la violencia que golpea a esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados y 90.000 habitantes, enterrada en el extremo suroriental del país, cerca de la frontera con Ecuador.

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El informe en poder de este diario da cuenta de por lo menos ocho grupos de disidentes de las extintas Farc armados que se disputan el Triángulo de Telembí.

De un lado, el Bloque Occidental ‘Alfonso Cano’ (Boac), la estructura ‘Cordillera Sur’ y las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), que estarían alineadas con la disidencia de la Segunda Marquetalia, encabezada por ‘Iván Márquez’.

Esos grupos pretenderían “recuperar antiguas áreas de injerencia y rutas para la comercialización de estupefacientes y la explotación ilícita de minerales (oro) hacia el océano Pacífico, como principal plataforma de lanzamiento de cargamentos ilegales al exterior de Colombia”, se lee en el documento.

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Dichas estructuras han sostenido enfrentamientos con disidencias como la ‘Franco Benavides’, la estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, la ‘Jaime Martínez’, la ‘Óliver Sinisterra’ y la columna móvil ‘Urías Rondón’, que están agrupadas en el Comando Coordinador de Occidente (CCO), bajo las órdenes de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’.

El interés de esta segunda facción, sostiene el informe, sería “reagrupar todas las estructuras residuales o disidentes, apropiándose de sus economías y territorios”.

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Hasta donde se ha podido establecer, las principales rutas estratégicas utilizadas por estas estructuras son el río Patía

—el más largo de la región Pacífica colombiana—, en el municipio de Magüí Payán, y los ríos Chagüí, Mexicano y Rosario, en el vecino municipio de Tumaco.

“Otro elemento que hace atractiva esta zona para los intereses de los grupos delincuenciales es que los corredores de movilidad establecidos les garantizan conexión desde el oriente hasta el suroccidente del país, facilitándoles la recepción de drogas provenientes de otras organizaciones y departamentos”, se lee en el documento reservado de las Fuerzas Militares.

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De hecho, las autoridades han logrado establecer que la alta producción de coca, que se transforma y procesa en pasta base en la misma región, tiene como principal destino los carteles transnacionales mexicanos que la mueven finalmente a Estados Unidos.

De los 64 municipios de Nariño hay 10 que concentran la mayoría de las 30.751 hectáreas de coca detectadas en 2020 por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas.

Y los tres municipios que conforman el Triángulo de Telembí aparecen entre los 10 más afectados del departamento: Roberto Payán, con 2.940 hectáreas; Barbacoas, con 2.123, y Magüí Payán, con 2.123.

De acuerdo con el informe, una de las causas de que estas siembras ilícitas se mantengan e, incluso, se estén disparando en la región es la expedición de dos fallos del Tribunal Superior de Pasto, que exigen cumplir con la consulta previa antes de reiniciar las aspersiones aéreas con glifosato y, además, suspender la erradicación forzosa con la que se arrancaban 50 hectáreas de coca en el departamento cada día.

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Y detrás de ese aumento de cultivos, las acciones de los grupos armados para controlarlos han dejado a la población en medio del fuego cruzado. De hecho, el informe en poder de EL TIEMPO agrega otras: confinamiento en zonas rurales, asesinato de líderes sociales (tres casos denunciados), difícil a la zona, índices de pobreza multidimensional cercano al 90 por ciento y el temor de las familias de volver a sus veredas (70 por ciento indican que no van a retornar).

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