Pagar por erradicar: la apuesta del Gobierno sobre un viejo debate que no ha dado resultados, ¿será diferente en Catatumbo?

El gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de la conmoción interior, sacó al baile nuevamente la propuesta de pagar a los campesinos por erradicar, una iniciativa que también fue implementada durante la istración del expresidente Juan Manuel Santos y cuyos resultados fueron ineficientes debido al aumento incontenido de los narcocultivos en los años siguientes.

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El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la audiencia de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en la Corte, por la vulneración de los derechos fundamentales de los firmantes de paz, en la que el Catatumbo fue uno de los ejes centrales debido a los siete excombatientes asesinados en la última ola de violencia.

Precisamente, para abordar las causas estructurales que desataron una crisis humanitaria sin precedentes, el presidente Gustavo Petro declaró la conmoción interior, un estado de excepción bajo el que ha decretado medidas extraordinarias. Aunque no se ha consignado de forma oficial en los decretos de ley derivados, una de las que se planea implementar para combatir las 43.866 hectáreas de cultivos de coca sembradas en la región es el pago por erradicar.

"Un proceso de sustitución voluntaria (...) de pago por erradicación voluntaria pero vinculada también a la sustitución, de manera que los propios campesinos vinculados a este programa reciban un ingreso por erradicar pero simultáneamente todo el proceso de sustitución", dijo el Mindefensa.

Según el balance realizado por la Fundación Ideas para la Paz, a tres meses de finalizar el gobierno Santos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) registró "importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución". "El problema de fondo son los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito a la economía legal de las familias que dependen de los cultivos ilícitos", señaló el informe.

Una realidad que podría repetirse si no se plantean alternativas que reviertan los errores cometidos en el primer intento. Entre ellas, el tránsito paulatino hacia las economías lícitas y la creación de condiciones para aquellos que pueden acceder a este beneficio, con el fin de evitar la resiembra.

“Sabemos de antemano que pagar por erradicar ha tenido resultados bastante negativos. Lo primero es que necesitamos conocer el plan completo de sustitución. En la política de drogas de este gobierno se habla de transformación territorial, pero en lo que dice el Ministro no queda claro cómo se relacionan estos pagos con la transformación territorial que permitiría mejorar las condiciones sociales en las zonas con cultivos de uso ilícito”, aseguró Lucas Marín, estudiante de doctorado en Northwestern e investigador afiliado al CESED.

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El analista aseguró que es necesario delimitar quiénes pueden participar y bajo qué condiciones. "El anuncio del PNIS aumentó los cultivos de coca por no tener claras estas reglas al momento de anunciarlo. Asimismo, si esta iniciativa no va acompañada de una estrategia de seguridad e inteligencia, podría, como ocurrió en el pasado, incrementar el asesinato de líderes sociales en más del 400%”.

Asimismo, se debe contemplar un plan de acción. "¿Cuáles son las acciones para que los cultivos lícitos tengan salidas comerciales?", precisó Marín. Y una implementación gradual que no afecte las economías que, según el último informe Simci de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en algunos municipios dependen en más del 20 % de la coca.

Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, la propuesta parece improvisada y poco planificada, ya que lo mismo había propuesto el presidente en Cauca el año pasado.

"Además, debe tenerse en cuenta que, cuando se dio la crisis en el mercado de la coca en 2023 y las comunidades pedían la sustitución, el gobierno hizo poco por intervenir en la subregión. Ahora es muy difícil que, con la consolidación hegemónica del Eln en la región y la suspensión indefinida de la mesa de negociación, los campesinos puedan tomar una decisión que afecte directamente las finanzas de la guerrilla, y que tiene como contraparte a un Estado que no controla el territorio, que no cumple sus promesas y que demostró que no puede protegerlos", recalcó el investigador experto en cultivos ilícitos.

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Redacción Justicia