‘Paz total’: los grupos armados ganan con cara y con sello

El 2024 arranca con un panorama lleno de retos para la ‘paz total’. El Gobierno no solo reconoció la necesidad de dar un viraje a su apuesta política con la salida de Danilo Rueda como comisionado de Paz, sino que enfrenta una compleja realidad: en los tableros de negociación y en las condiciones de seguridad, la partida la van ganando los grupos armados.

(Lea: Atención: cayó en Venezuela la mujer más buscada de Antioquia)

Lo que vemos son dos situaciones aparentemente contradictorias. Por un lado, los grupos se han fortalecido en ciertas zonas del país y las disputas entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa. Por otro lado, el 2023 cerró con una disminución de la mayoría de los indicadores de impacto y afectación humanitaria.

Sin embargo, no es posible atribuir esta reducción de los impactos humanitarios a la política de Paz Total y en particular a los ceses al fuego, como algunos han sostenido. Desde el seguimiento que venimos haciendo en la FIP, encontramos que el escenario actual está más bien determinado por las dinámicas de los grupos armados en función de un objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno.

(Le invitamos a leer: Urgente: cayó millonario cargamento de coca, más de 5 toneladas del 'clan del Golfo')

Los ceses al fuego —que han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz— han jugado en favor de este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del Estado en las zonas más vulnerables del país.

armados es que sus acciones aumentaron un 11% durante el 2023, cambiando el

comportamiento a la baja que vimos entre el 2021 y el 2022. Esta variación se debe,

principalmente, a que los enfrentamientos entre facciones crecieron en un 54% y los hechos contra la infraestructura y bienes civiles se mantuvieron estables. Entre tanto, los ataques a la Fuerza Pública continuaron cayendo (-2%), aunque a un menor ritmo que en 2022.

(Además: Atención: Gobierno declara la emergencia carcelaria en todo el país)

Para entender el complejo escenario que tenemos por delante, en la FIP analizamos la geografía del relacionamiento entre los grupos armados y encontramos tres tipos de regiones claramente identificables. Están las zonas del país con enfrentamientos entre dos o más estructuras (zonas de disputa); hay otras donde coexisten, esto significa que allí los grupos no entran en abierta confrontación; y, finalmente, están las zonas de dominio, que son aquellas con presencia y control avanzado de un grupo.

Esta geografía plantea un triple desafío para el Gobierno. El primero es que en las zonas de dominio de los grupos armados está en entredicho el monopolio de la fuerza, de la justicia y hasta de la tributación. Estamos hablando de zonas en Meta, Guaviare y Caquetá donde el llamado Estado Mayor Central ('Emc') consolidó su injerencia y control.

El Clan del Golfo, por su parte, controla territorios en Córdoba, el Urabá y gran parte de Chocó, en donde le ha ido ganando terreno al Eln, como se ve en los mapas, sobre todo en el último año. Y el Eln aún posee un fuerte dominio sobre Arauca y en otras zonas del otro lado de la frontera con Venezuela.

El segundo desafío está en el incremento de las zonas de disputa entre los mismos

actores armados: de cinco núcleos de disputa identificados en 2022, pasamos a por lo menos nueve en el 2023. Finalmente, están las alianzas tácticas para expandirse

territorialmente o contener el avance de un actor determinado, como se viene observando en los últimos meses en el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, con la asociación entre el 'Emc' y el Eln para contener el avance del Clan del Golfo. Recientemente, en Nariño, se hizo pública la alianza entre la Segunda Marquetalia y el Eln para debilitar al 'Emc'.

Hasta ahora, las acciones implementadas por el Gobierno en materia de seguridad y

diálogos con los grupos armados no han tenido efectos positivos claros sobre las zonas que concentran enfrentamientos entre el 'Emc' y el Eln en Arauca y Cauca, o entre el 'Emc' en alianza con el Eln contra el 'clan del Golfo' en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar.

(Le invitamos a leer: Tribunal toma nueva decisión en caso de Óscar Iván Zuluaga y presunto pago de Odebrecht)

Tampoco en las disputas entre el Eln y el Clan del Golfo en el sur del Chocó y el norte de Buenaventura, o entre las dos facciones de disidencias de las extintas Farc en Nariño.

Incluso, hay nuevas zonas de disputa por cuenta de la expansión de estos grupos, el caso del noroccidente caqueteño y Huila. Allí, por ejemplo, durante los primeros meses del 2023, el 'Emc' rompió un pacto de coexistencia y no agresión en la zona del Pato Balsillas e inició su proceso de expansión y consolidación en el departamento. Por lo demás, en estas zonas crecieron considerablemente las acciones de los grupos según se ve en el gráfico, mientras que disminuyeron en las zonas donde coexisten y tienen dominio.

mostraron aumentos en los enfrentamientos entre grupos. El incremento total, como ya lo mencioné, fue del 54%. En estas zonas también crecieron las acciones contra la Fuerza Pública (32%) y contra infraestructura y bienes (27%), con respecto a 2022.

En contraste, las acciones disminuyeron en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, donde el 'Emc' ejerce un relativo dominio; en el Urabá antioqueño, Córdoba y Montes de María, donde se consolida el Clan del Golfo; en Putumayo, donde predominan los Comandos Bolivarianos de Frontera de la Segunda Marquetalia; y en el Catatumbo, donde coexisten el Eln y el 'Emc'. En conjunto, en este tipo de zonas dominadas por un actor o en donde coexisten varios, disminuyeron las acciones en un 43%.

Que esto ocurra puede deberse a la combinación de dos factores: los ceses al fuego frenaron la actividad de la Fuerza Pública y los grupos armados están concentrados en ampliar su presencia y control territorial. Así las cosas, la promesa inicial de la 'Paz Total' de disminuir la violencia sigue siendo la agenda pendiente para el 2024 en los territorios en disputa.

El aumento de las disputas entre grupos armados ilegales contrasta con la disminución de las afectaciones humanitarias. En el medio está el homicidio a nivel nacional, que aumentó 1% según la Policía —o 5% según Medicina Legal— con respecto a 2022. De otro lado, el confinamiento de comunidades se incrementó en un 11%, el secuestro en 48% y los homicidios contra excombatientes en 13%.

(Además: Alta tensión entre la JEP con ex-Farc, a 6 años de la creación de la jurisdicción)

Es importante anotar que la reducción de estas afectaciones se ha dado principalmente en las zonas de dominio de los grupos armados y, en esta medida, pueden explicarse como parte del proceso de consolidación de su control social y territorial allí donde tienen mayor presencia. De hecho, como se observa en el gráfico, las regiones donde hay disputas territoriales no sólo concentran buena parte de los registros de impacto humanitario, sino que son en las que el descenso durante el 2023 fue menos significativo (-16% en zonas de disputa vs -51% en zonas de dominio).

En cualquier caso, el que haya menos desplazamientos, masacres y asesinatos de líderes es un alivio importante para las comunidades que viven bajo el asedio de

facciones armadas. Sin embargo, estas cifras por sí solas no dan cuenta de las condiciones de seguridad de las regiones bajo la influencia de estos grupos.

Es posible que, con el fin de mejorar su imagen para preservar los espacios de diálogo y negociación con el Gobierno, los grupos armados hayan optado por evitar la violencia más visible y expresiva. En el trabajo de campo que realizamos en la FIP, hemos observado que en algunas regiones los armados están privilegiando el desplazamiento individual y amenazan a las víctimas para impedir que denuncien.

(También: Policía y agencias federales de EE. UU. buscarán extraditar a cúpula de 'La Inmaculada')

Las organizaciones de derechos humanos y las agencias del sistema de Naciones Unidas vienen reportando barreras de para el trabajo humanitario en varias zonas del país bajo influencia de estas estructuras, con el propósito también de que se visibilicen menos sus acciones contra la población. Se suma la situación insólita que ocurrió recientemente en Huila y Cauca, en donde el 'Emc' presionó y utilizó a las comunidades para expulsar a la Fuerza Pública, evitar la confrontación directa y mostrar que está “cumpliendo” con el cese al fuego.

Por otro lado, junto con el crecimiento constante de los registros de confinamiento, las comunidades nos manifiestan que hay mayores restricciones y controles a la movilidad, que la extorsión ha aumentado (pese a que las denuncias a la Policía cayeron en el 2023), y que las presiones de distinta índole a líderes y organizaciones sociales continúan. Según el sondeo periódico que hacemos con líderes sociales en diversas regiones del país, durante el 2023 se sintieron sistemáticamente inseguros y así se mantiene esta percepción: en la primera medición de este año el 75% considera que su municipio es inseguro.

Otra preocupación de las comunidades en varias regiones bajo la influencia de grupos armados es el reclutamiento forzado. Las cifras oficiales muestran un leve descenso en 2023, lo que riñe con los datos de la Fuerza Pública de incremento de integrantes del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas Farc, que, en conjunto, pasaron de 15.000 a 16.700 en el último año.

Así las cosas, la Paz Total, además de haberles proporcionado una plataforma política nacional a estos grupos que tenían influencia principalmente local, ha impactado su forma de operar. Hoy en día parecen estar jugando a dos bandas: a dialogar y negociar con el Gobierno en busca de beneficios y a fortalecerse militarmente y a ampliar y consolidar su control social y territorial. En otras palabras: los grupos han podido expandir y fortalecer todos sus capitales (social, militar, económico) sin mayor resistencia por parte del Estado, lo que les sirve tanto para negociar con el Gobierno o en el caso de que este falle.

fortalecimiento de los grupos armados en número de combatientes, mayores enfrentamientos y disputas entre grupos, y mayor dominio territorial. Es una realidad que el impulso y la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a los violentos se ha visto contenida por los ceses al fuego. Infortunadamente, a la fecha, el país no conoce ningún reporte oficial de las entidades que están a cargo de su verificación, no solo en materia de prevención, sino de tener datos precisos sobre los incidentes de violación al cese y que impactan negativamente a los ciudadanos de varias zonas.

Es importante reconocer la labor del Ministerio de Defensa de depuración interna de la Fuerza Pública para fortalecer su legitimidad. Pero ya es hora de que también fortalezca su liderazgo y posicione su rol y su voz en los mecanismos de verificación de los ceses al fuego, así como en el control territorial en varias zonas del país. También hay que destacar las oportunidades que se abren con el viraje que el nuevo Comisionado de Paz, Otty Patiño, le ha dado a la Paz Total: menos centrada en alivios humanitarios y más enfocada en la construcción de paz territorial con la mira de que en ninguna parte del país gobierne ningún actor armado ilegal.

El escenario con el que inicia el 2024 pone en cuestión la viabilidad de los múltiples

tableros de negociación de la Paz Total abiertos durante el último año y prende las

alarmas sobre el deterioro del control territorial por parte del Estado y su capacidad de impedir el avance de la gobernanza criminal. El llamado es doble: por un lado, concentrar los esfuerzos de seguridad en contener las disputas y debilitar las zonas de dominio ilegal y, por el otro, impulsar la apuesta de transformación territorial en las regiones más afectadas por la violencia armada y la fragilidad del Estado contenida en el Acuerdo de Paz del 2016, y lograr afianzar los procesos de negociación que por ahora parece haber priorizado el Alto Comisionado con el Eln y el 'Emc'.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET