Estos son los permisos para portar armas en Colombia que Petro quiere cambiar

Desde 2015 durante la istración del presidente Juan Manuel Santos se prohibió el porte de armas en Colombia como una medida para enfrentar el homicidio en el país.

Desde entonces cada año la medida se ha ido prorrogando y hoy sigue vigente.

Sin embargo en la norma se dejó abierta la puerta a la petición y expedición de permisos especiales que se deben tramitar ante las unidades militares del país.

Así el año pasado por ejemplo se hicieron 3.225 solicitudes y fueron aprobadas racionalmente 807. De las 352 solicitudes para ese tipo de permiso de porte de armas se aprobaron 19.

Y en el año 2019 se hicieron 5.138 de las cuales regionalmente se aprobaron 3.675.

Además de las personas que luego de un estudio de un comité lograr el permiso de porte hay otras que no requieren tantos requisitos.

En ese grupo entra el personal activo de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de armas de fuego para su defensa personal, la reserva activa de la Fuerza Pública y Oficiales de la Reserva, los Congresistas y Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, magistrados de las Altas Cortes, de los Tribunales y jueces, el Fiscal General de la Nación y fiscales de todo orden, el Procurador General de la Nación y los Procuradores Delegados, el Contralor General de la República. Además los Gobernadores y Alcaldes Municipales, entre otros.

 

Igualmente pueden portar armas los integrantes de la Unidad Nacional de Protección, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, funcionarios de la Unidad istrativa Especial Migración Colombia con funciones de Policía Judicial y los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Petro dijo una de las primeras medidas que tomó durante su alcaldía en Bogotá fue eliminar los permisos de porte de armas a civiles, lo cual tuvo "beneficios positivos, de acuerdo a los indicadores, en la disminución de homicidios en la ciudad".

Agregó que la medida adoptada desde el gobierno de Juan Manuel Santos es "engañosa" porque "a partir de los permisos especiales, prácticamente, no existe una prohibición de porte de armas, sí un buen negocio".

"Yo creo que debemos llegar, en esto de las reformas, a un punto en donde las armas no estén en manos de civiles", agregó.

 

"El monopolio de las armas es del Estado (Constitución, artículo 223), por lo que la

posesión o porte de las mismas no es un derecho. Es una excepción. Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte", explica el Ministerio de Defensa en un documento. "Al estar suspendidos estos permisos, solo quienes obtengan permiso especial, podrán portar un arma", añade.

@JusticiaET