¿Qué efectos tiene decisión de EE. UU. de dejar de medir la coca sembrada en Colombia?

Este martes, una información revelada por EL TIEMPO, de que la Casa Blanca suspendió la medición de cultivos ilícitos en Colombia, y por ello no publicará este año su informe al respecto, despertó preguntas entre varios sectores pues por décadas Estados Unidos ha presentado esta información, complementando las otras que hace Colombia, como parte de su lupa en la lucha contra el narcotráfico.

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Más allá de la sorpresa que generó la decisión, que fuentes en Estados Unidos justificaron porque su programa era costoso y redundante, pues Colombia tiene una medición anual que realiza la ONU, analistas en Colombia explicaron que esta podría tener variados efectos, y también causas. 

En todos los casos, los expertos indicaron que bajo ninguna circunstancia el país debe dejar de medir sus hectáreas de cultivos de coca, ni las que se erradican.

Daniel Rico, politólogo e investigador en política de drogas, señaló que la consecuencia directa de esta decisión “es que quedamos sin instrumentos de navegación en la política de drogas y seguridad territorial, en adelante no podremos saber cómo, en qué cantidad o en dónde se está sembrando coca. No podemos diferenciar los éxitos de los fracasos en recuperar los territorios afectados por la criminalidad y la violencia”.

Para él, en un momento en que las hectáreas de coca en Colombia están en su máximo histórico, se necesitan más y mejores instrumentos, no menos; y añadió que ahora el Gobierno queda con la responsabilidad de fortalecer esos mecanismos de cooperación y encontrar mejores métodos de medición.

Por su parte, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, explicó que con la decisión de EE. UU. de suspender su medición Colombia no se queda sin indicadores en esta materia, pues está el Simci -Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito- que contrata el Gobierno con las Naciones Unidas y que cuyas cifras son, de hecho, los datos oficiales que usa el país, complementado con el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Autónomo (Sima) de la Policía.

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Así, para la investigadora, “esto no debe significar que dejemos de monitorear los cultivos o la erradicación, eso igual lo tenemos que tener, pero no debe ser el único indicador para tomar decisiones sobre política de drogas”. En ese sentido comentó que puede haber otros indicadores, por ejemplo de desarrollo rural, de incautaciones, de protección a líderes sociales, de desarticulación de redes criminales, protección a bosques, entre otros.

De cara a la política de drogas en general, la directora del Cesed comentó que hace falta que la Casa de Nariño sea clara en su estrategia, pues si bien esta misma semana el Ministerio de Justicia presentó los resultados de mesas de trabajo con comunidades para avanzar en la construcción de la política de drogas 2023-2033, aún no aterriza las acciones o planes concretos, ni ha dicho puntualmente cómo seguirá funcionado el programa de sustitución de cultivos.

Sobre la política en construcción, el Ministerio de Justicia sostuvo que sus estrategias se concentrarán en darles a los campesinos cultivadores una posibilidad de cambiar su actividad económica ilegal por una legal; trabajar en usos industriales legales de la hoja de coca, el cannabis, y la amapola; enfrentar el consumo problemático de drogas desde la salud pública; tener un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, y al mismo tiempo, ‘asfixiar’ a los grandes capos y redes del narcotráfico y sus finanzas con persecución policial y militar.

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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, al hablar de la decisión de EE. UU. de no medir más los cultivos, comentó que Colombia seguirá midiendo la siembra de coca con sus otros sistemas (Simci y Sima), y que la decisión del país nortemaericano es un asunto de política interna y no tiene repercusión alguna en las buenas relaciones que mantiene Colombia con ese país.

“La relación entre EE. UU. y Colombia en esta materia es absolutamente fluida, de cooperación, no tenemos ningún problema, estamos en un buen momento de esas relaciones”, concluyó.

Precisamente en esas relaciones binacionales podría encontrarse una parte de la explicación a la sorpresiva decisión de Estados Unidos, de acuerdo con Ana María Rueda, investigadora del área de Conflicto y Violencia de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien expuso que es muy extraño que el gobierno norteamericano, que ha sido el mayor impulsor global de la lucha contra la cocaína, de un momento para otro diga que no medirá más los cultivos en Colombia, que es el principal productor de esta droga en el mundo.

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“Mi percepción es que el gobierno de Biden está en el plan de no pelear con Petro, no le conviene tener un enemigo en una región que se está volteando toda a la izquierda, necesita quedarse cerca con el amigo de siempre, y hay una situación de coyuntura que le favorece que es el problema del fentanilo, así que aprovecha para cambiar el reflector hacia otro tema de interés para EE. UU. y así bajarle un poco la temperatura a la coca para no generar mucho ruido en la relación entre Estados Unidos y Colombia”, comentó.

La investigadora añadió que aunque es cierto que ese país enfrenta hoy una crisis por fentanilo, una droga sintética que no produce Colombia, esto no significa que la cocaína esté perdiendo importancia -en 2021 la producción alcanzó su máximo histórico, con 204.000 hectáreas sembradas según el último informe Simci- ni que su consumo haya bajado.

“La cocaína no puede haber dejado de importar cuando los cultivos de coca en Colombia están en tendencia al alza. Tal vez EE. UU no quiera decirlo para no generar ruido en la relación con Colombia, ni ruido en la relación entre la Casa Blanca y el Congreso de ese país porque vendría la presión a la descertificación por parte del Partido Republicano”, concluyó.

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En ese sentido, para Rueda puede haber un trasfondo político en la decisión de la istración Biden, pero esta, en todo caso, no tendría un efecto práctico porque Colombia tiene un sistema se monitoreo propio, avalado por la ONU, que aunque puede y debe mejorar, también entrega mediciones anuales confiables.

En cualquier caso, todo esto se suma al ambiente de duda generalizado que hay por la no concreción de la política de drogas local, y las críticas frente al menor índice de incautaciones de cocaína que ha reportado Colombia este año, en comparación con años anteriores.

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Además, si bien el gobierno de Gustavo Petro ha destacado que la baja en la compra de cocaína interna que se ha presentado hace meses es producto de sus políticas de interdicción, Rueda es clara en afirmar que ese fenómeno se explica en la sobreoferta de coca que hay en Colombia, que ha hecho que en algunas regiones los precios bajen mucho o a los campesinos los grupos criminales ya no les estén comprando el producto.

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