Los retos para una política de drogas que el Gobierno no termina de aterrizar

En un panorama en el que algunos ya vaticinan que se superarían las 204.000 hectáreas sembradas con coca que detectó la ONU en 2021, y en el que de fondo están miles de campesinos cocaleros, pero también capos narcotraficantes, aún no se conocen mayores detalles de cuál sería la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar los cultivos de uso ilícito.

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Solo se han ido conociendo apartes de ideas como una sustitución por etapas, la no persecución a los pequeños cultivadores, o incluso la compra de coca a campesinos para darle usos industriales.

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Lo cierto es que Petro ha querido dejar atrás el enfoque prohibicionista que por décadas ha permeado la política de drogas de Colombia. Lo dijo desde el momento de su posesión como presidente de Colombia, y lo repitió hace unos días en su intervención en el Segmento de Alto Nivel del 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza.

“Colombia propone una nueva política sobre drogas, con un enfoque de derechos humanos para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante implementando estrategias que atiendan las causas estructurales como la pobreza, la falta de a oportunidades, la sociedad de la competencia y la debilidad institucional, entre otras, y generar una regulación basada en el cuidado de la vida con enfoque territorial, con prevención ambiental y diferencial”, sostuvo el jefe de Estado el pasado 27 de febrero.

Pero, ¿cuáles son las claves para una nueva política de drogas que pueda atender esas causas estructurales de la violencia asociada al narcotráfico? Según analistas consultados, en el meollo del asunto está, en primer lugar, un tema de desarrollo rural que por décadas se ha desatendido.

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Estefanía Ciro, investigadora de ‘A la Orilla Del Río’ y ex coordinadora del área de política de drogas en la Comisión de la Verdad, consideró que el primer paso para atender la situación de las drogas es el ordenamiento territorial.

“La cuestión agrícola cocalera se soluciona entendiendo que hay una enorme oportunidad de reducir hectáreas en el ordenamiento territorial, una oportunidad enorme para apoyar a quienes quieren hacer el tránsito y mejorar las prácticas de producción de quienes no. Ellos mismos, con seguridad jurídica en sus territorios, pueden hacer ese cambio con la gradualidad”, sostuvo la investigadora al explicar que sin eso ni siquiera podría funcionar bien el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“Si se ordena el territorio en favor de la seguridad jurídica de los campesinos y sus organizaciones, se superan los principales incentivos que llevan a los campesinos a cultivar coca y las causas que explican el fracaso de los programas de sustitución”, añadió Ciro.

En esto concuerda Luis Felipe Cruz, investigador sobre política de drogas de Dejusticia, quien señala que una política de drogas que solo tenga medidas en las áreas de justicia o defensa no es suficiente, “hay que traer al debate al Ministerio de Agricultura y al de Ambiente, todo se ha centrado siempre en Justicia y Defensa, y las familias van a cultivar el producto que les permita una vida digna, sea coca o sea en temas como coltán, oro, etc”.

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Pero aunque el desarrollo rural, ordenamiento territorial y formalización de tierras, que les den seguridad jurídica a los campesinos, son claves, deben aplicarse de manera diferenciada pues no en todos los territorios son iguales las condiciones.

De un lado, Cruz señaló que la tierra que necesita un campesino para tener un ingreso digno no es la misma en todas las zonas ni con todos los cultivos, y María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, complementó diciendo que el “sombrero” del desarrollo rural o agropecuario no puede ser igual en todas partes incluso por temas ambientales.

Por ejemplo, para 2021 el 52 por ciento de los sembrados de coca estaban en zonas de manejo especial: el 21 por ciento en tierras de comunidades negras, el 17 por ciento en reservas forestales, el 10 por ciento en resguardos indígenas, y el 4 por ciento en Parques Nacionales Naturales.

Así pues, la misma alternativa que lleva el PNIS de sustituir coca por otro cultivo legal, o por ganado, marranos, u otro tipo de iniciativas agropecuarias no sería una opción en zonas como los Parques Nacionales.

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“Habrá que ver en cada zona dónde tiene sentido desarrollar proyectos y dónde no, en alguna zona podría ser una opción el pago por servicios ambientales porque no queremos otros proyectos agroindustriales, todo dependerá del ecosistema y la comunidad de la que estemos hablando”, explicó Vélez.

La directora del Cesed agregó que en todo caso, ninguna intervención de manera aislada es suficiente para atender la situación de los cultivos de uso ilícito, “pero en esas zonas importantes en términos de conservación, la dimensión ambiental debe estar presente porque si no, lo que se haga puede generar más daño que no hacer nada”.

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Más allá de las soluciones para resolver la situación de campesinos cocaleros, no hay que olvidar que en la cadena de los cultivos ilícitos también están los narcotraficantes que se lucran con el procesamiento y venta de las drogas.

Para estos el Gobierno ha dicho que habrá persecución y ‘mano dura’, pero hasta ahora además de órdenes de aumentar las operaciones de incautación de droga y destrucción de laboratorios, no se conocen cuáles serán las medidas en temas de erradicación, por ejemplo.

De hecho, EL TIEMPO reveló que en enero de este año no se erradicó forzosamente ni una sola hectárea de coca, a pesar de que aunque hay pequeños cultivos campesinos, también los hay de grandes extensiones pertenecientes a narcos y grupos armados ilegales.

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No obstante, en el más reciente Reporte sobre la Estrategia Internacional contra las Drogas,  del Departamento de Estado de los Estados Unidos, revelado por EL TIEMPO, se señala que Petro ha declarado su intención de cambiar el enfoque a la erradicación voluntaria de coca "una vez se revise si el programa de sustitución de cultivos se puede implementar de manera confiable, mientras se mantiene una capacidad creíble de erradicación forzada bajo ciertas circunstancias. Mientras el Gobierno revisa sus planes antinarcóticos, Colombia continúa con sus programas de erradicación manual”.

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En este segundo aspecto de qué hacer frente a los grandes cultivos de coca, que llenan los bolsillos de los capos, los analistas dicen que es clave el trabajo para perseguir las fortunas de esas redes criminales, a través de la extinción de dominio y labores de inteligencia.

Y de la definición de la ruta de la erradicación, que está en manos del Gobierno, dependerá otra parte de la estrategia contra esos grandes cultivos industriales. Eso sí, al menos durante este Gobierno, Petro ha dejado claro que en la erradicación no se usará la aspersión aérea con herbicidas como el glifosato, algo que sí se esforzó mucho por reactivar, sin éxito, el pasado gobierno de Iván Duque.

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