El país, dividido en torno a la despenalización del aborto

Aproximadamente cuatro de cada 10 colombianos (el 41 por ciento) están de acuerdo con que el aborto no sea un delito bajo ninguna circunstancia en Colombia .

Y casi ese mismo número (el 39 por ciento de la población) está de acuerdo con la prohibición total de esta práctica en el país, mientras que el 40 por ciento está en desacuerdo.

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Estos resultados, que muestran la división de la sociedad en esta materia fueron obtenidos en el Estudio de Percepción frente a los Derechos Sexuales y Reproductivos, presentado este miércoles por Cifras y Conceptos y Women’s Equality Center.

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La encuesta tuvo un capítulo centrado en la despenalización del aborto, que en una de las discusiones más profundas y de largo aliento sobre las que se ha tenido que legislar en el país. De hecho, durante las últimas semanas el debate ha estado encendido en la Corte Constitucional, que analiza dos ponencias que proponen, precisamente, que la realización del procedimiento desaparezca del Código Penal Colombiano.

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La encuesta contó con una muestra de 2.508 personas de 31 ciudades, que representan a 18,8 millones de colombianos. Participaron mujeres y hombres de distintas tendencias religiosas, ideológicas y nivel educativo.

Además de esos dos hallazgos, el estudio mostró que uno de cada dos nacionales (el 49 por ciento) está totalmente en desacuerdo con que las mujeres que deciden practicarse un aborto vayan a la cárcel.

Los datos muestran que la posición ideológica del encuestado juega un papel en su respuesta al respecto, pero sin mostrar una brecha tan amplia: el 56 por ciento de quienes se reconocen de izquierda están en desacuerdo con la prisión para quienes abortan, y esa misma posición la tiene el 43 por ciento de quienes dicen ser de derecha.

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La encuesta también indagó en las tres causales bajo las que, desde 2006, el aborto no tiene consecuencias penales: peligro para la salud física o mental de la mujer, malformación en el feto y los casos de violación.

El 44 por ciento de los consultados dijo conocer estas excepciones, mientras que el 56 por ciento aseguró que no sabe de ellas. Sobre si están de acuerdo con las causales, el 45 por ciento señaló que sí; el 23 por ciento dijo que no las comparte; el 17 por ciento dijo que está de acuerdo pero deberían incluirse más excepciones, y el 15 por ciento aseguró que no está de acuerdo con las existentes, porque son insuficientes.

De otro lado, el estudio indagó en si los encuestados conocían acerca de la ponencia en la Corte Constitucional que propone que el aborto no sea delito porque se discrimina a las mujeres. Seis de cada 10 respondieron que no, y cuatro, que sí. Mariana Ardila, del movimiento Causa Justa (que reúne a varias organizaciones en pro de la despenalización del aborto), destacó que esos resultados muestran que “en Colombia hay una conversación publica cada vez más creciente, reconocimiento de la autonomía de las mujeres y mas crítica al derecho penal”.

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Y agregó: “Según la Encuesta de Cifras y Conceptos en abril de 2021, el 40 por ciento estaba “totalmente en desacuerdo” con que las mujeres que se practicaran un aborto fueran a la cárcel. Según el estudio que se presenta el día de hoy (martes), ese porcentaje creció casi en un 10 por ciento con esta nueva encuesta: el 49 por ciento de las personas rechazan la cárcel como una opción para las mujeres que se practican un aborto. Esto es muestra de que todo está allí para que la Corte tome una decisión favorable”.

En la otra orilla, la abogada y profesora Juana Inés Acosta, quien está en contra del aborto, señaló: “Es un tema que divide a la sociedad, y resulta muy problemático que siendo así, sea una Corte la que termine dando la palabra final, en vez del órgano deliberativo y democrático por excelencia, que es el Congreso. Con un ingrediente adicional: que frente a una corte dividida, sea un conjuez, –que no tiene ningún nivel de representación (porque no fue escogido por el Congreso sino por la propia Corte)–, quien termine tomando semejante decisión”.

De otro lado, la encuesta indagó en si la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un delito, sobre lo cual el 31 por ciento estuvo de acuerdo, y sobre si es un derecho, el 28 por ciento dijo que sí la considera como tal. Acosta resaltó que en parte “la ponencias que se discuten en la Corte se sustentan bajo la premisa de que es un derecho, pero solo el 28 por ciento de los encuestados lo considera así”.

Acosta cuestionó otros resultados: “¿Cómo es que el 41 por ciento diga que debe haber despenalización total, pero solo el 28 por ciento asegure que la IVE debe ser legal en todas las circunstancias, cuando en realidad (sobre todo desde el punto de vista de las demandas) implica lo mismo?”, dijo.

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Con este panorama seguirá este jueves el debate en el alto tribunal, que se espera zanje, después de décadas de debate, el futuro de la IVE como delito.

Todo está listo para que la Sala Plena de la Corte Constitucional aborde de nuevo el debate sobre la posible despenalización del aborto en Colombia, asunto que lleva año y medio en el alto tribunal y sobre el cual las posturas de sus integrantes están ya sobre la mesa: cuatro en favor de eliminar por completo el aborto y cuatro que están en contra y que estiman que la demanda que se estudia, presentada por el abogado Andrés Sánchez, no tiene los elementos suficientes para generar un debate de fondo.

Sin la presencia de Alejandro Linares, separado del debate por haber hecho una mención al mismo en una entrevista, la Sala Plena de este jueves contará con la presencia del conjuez Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte y destacado jurista liberal. Y con un nuevo elemento de discusión: una alternativa presentada por el magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, quien inicialmente propuso la despenalización completa y ahora buscaría un camino intermedio.

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Al parecer, la propuesta que fue dada a conocer a los magistrados el martes en la tarde buscaría abogar por una despenalización parcial. Aunque en la Sala Plena hay completo hermetismo, ese modelo ya había sido estudiado por la Corte en otra demanda fallada en 2020. En esa oportunidad, el magistrado Linares propuso que el aborto se pudiera realizar de manera libre hasta la semana 16, pero su ponencia no tuvo éxito y las cosas quedaron tal y como están hoy: el aborto es legal solo cuando hay grave malformación del feto incompatible con la vida, riesgo para la salud física o mental de la madre o el abuso sexual e incesto.

Hasta el momento se desconocen las posturas de los cuatro magistrados que votaron negativamente la primera ponencia de Rojas sobre el escenario de la despenalización parcial. Lo cierto es que las alternativas pondrían nuevos elementos sobre la mesa a este debate que genera múltiples diferencias jurídicas y en la sociedad.

En todo caso, este jueves, el debate versará en primer lugar sobre los reparos presentados al conjuez Henao, quien fue recusado por haber dado declaraciones sobre el aborto en general. Una en 2019 al Semanario Voz diciendo: “Estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional”. Y otra a Noticias RCN en 2020, en la que dice que este tema no ha sido una prioridad en la agenda de los dirigentes políticos “porque eso quita opinión pública, porque eso le puede quitar al senador o representante posibilidades de votos”.

El movimiento Causa Justa, que presentó otra demanda, sobre la cual no habría debate este jueves, presentó a la Corte un escrito pidiendo desestimar las recusaciones, indicando que estas “no logran argumentar de manera seria y contundente por qué estos pronunciamientos son suficientes para considerar que Henao se encuentra impedido”.

Para Causa Justa, Henao no incurrió en algunas de las causales de recusación que contempla la ley y, además, en su criterio, el hecho de que sea un jurista liberal no lo puede descalificar de la discusión. “Sería desproporcionado considerar, únicamente a partir de las afirmaciones de las recusantes y de las notas en prensa, que el conjuez Henao no fallará con base en el respeto al derecho y en cumplimiento de su deber de imparcialidad”.

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La demanda que se estudia dice que el delito de aborto es contrario a la Constitución porque castiga únicamente a las mujeres, afectando sus derechos sexuales y reproductivos, y porque las discrimina, especialmente las que no cuentan con recursos económicos.