Debate sobre aborto: conjuez resolverá impedimento del magistrado Linares

La Sala Plena de la Corte Constitucional debía iniciar este jueves el debate clave que decidirá si en Colombia se despenaliza el aborto por completo –es legal en tres causales desde 2006– como piden dos demandas que están en estudio del alto tribunal desde el año pasado.

(Lea : Debate sobre el aborto: magistrado Alejandro Linares se declara impedido)

No obstante, la Sala Plena no pudo resolver un impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo para separarse del debate por cuenta de haber hecho una referencia general al caso en una entrevista.

La votación quedó 4-4 y se designó a un conjuez para que sea el voto definitivo al respecto. Esto implica que el debate queda frenado y los términos suspendidos.

Lea: La hora cero en la Corte para la despenalización del aborto)

A favor de aceptar el impedimento votaron las magistradas Gloria Ortiz, Paola Meneses, Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibáñez Najar. En contra, es decir, para que Linares siguiera en el debate votaron los magistrados Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas y la magistrada Diana Fajardo.

Como conjuez para resolver el impedimento quedó designado Hernando Yepes Arcila, quien es doctor en derecho de la Universidad de Caldas, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Conservador, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, director jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros y Ministro del Trabajo y Seguridad Social, ente otros cargos.

¿Por qué se declaró impedido Linares? El pasado 11 de noviembre, ante un medio de comunicación, explicando la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Linares hizo referencia a las difíciles decisiones que debe tomar el alto tribunal y mencionó el caso del aborto, así:

(Le sugerimos leer: Aborto: las situaciones que enfrentan las menores de edad judicializadas)

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: 'papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte“. Por estas palabras, además, el magistrado Linares fue recusado.

Si la Sala Plena, ahora con conjuez, ite estos recursos y separa al magistrado Linares, uno de los votos cantados a favor de la despenalización se perdería. Esto porque el jurista, en 2020, en relación con otra demanda sobre este tema, había propuesto como ponente del caso la despenalización sin causal alguna hasta la semana 16 de gestación, propuesta que fue derrotada.

(Le puede interesar: ‘Prohibir no reduce el número de abortos, aumenta la criminalización’)

Ahora el debate de fondo queda aplazado en medio alta atención de grupos de mujeres que se han volcado a las calles a manifestarse en favor de la despenalización y de organizaciones que están en contra.

Los nueve integrantes de la Corte estudian dos ponencias, de los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, quienes proponen –con argumentos diferentes cada uno– eliminar este delito del Código Penal por considerarlo inconstitucional y contrario a los derechos a la salud, a la igualdad y a la libertad de conciencia.

Desde 2006, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho de las mujeres, por una sentencia de la misma Corte, pero solo en tres casos –riesgo para la salud física o mental de la madre, abuso sexual y malformación del feto incompatible con la vida–, en el resto es un delito castigado con hasta 4,5 años de cárcel.

(Le puede interesar: Ponencia de aborto plantea despenalizarlo y dar plazo para regularlo)

Y no es un delito poco utilizado. Un informe realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indica que hasta 2019, en promedio, 400 personas eran procesadas cada año por este delito, y en total 346 personas habían sido condenadas por ello.

El documento también dice que las menores de edad son las más sancionadas, pues el 12,5 por ciento de los casos judicializados involucraron a menores entre los 14 y los 17 años, y el 24 por ciento de las condenas son a esa población.

La demanda que tiene en estudio el magistrado Lizarazo, quien propuso despenalizar sin condicionamiento alguno, la presentó el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 40 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. La propuesta de fallo de Lizarazo asegura que el delito es inconstitucional porque es contrario a la libertad de conciencia y a los derechos a la salud de las mujeres.

Por su parte, la demanda que tiene el magistrado Alberto Rojas Ríos fue presentada por el abogado Andrés Mateo Sánchez Molina, y tiene términos para fallarse hasta el 20 de enero de 2022.

El proyecto de fallo de Rojas, conocido por EL TIEMPO, señala que el artículo 122 del Código Penal es una norma "discriminatoria y afecta gravemente el derecho a la igualdad de las mujeres, en relación con los hombres, toda vez que establece un trato desigual injustificado, pues se sanciona a las mujeres por el ejercicio de sus derechos fundamentales sexuales y reproductivos".

(Le puede interesar: Así va el debate por la despenalización total del aborto en Colombia)

El magistrado también consignó en su ponencia: "Ello resulta palmario si se tiene en cuenta que los hombres no son objeto de ningún tipo penal que impida el disfrute de sus derechos constitucionales. Es decir, no existe ningún tipo penal cuyo sujeto sancione conductas que realizan los hombres en tanto su naturaleza física".

Y añade que el delito de aborto vulnera "los derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, especialmente al afectarse la autonomía reproductiva de las mujeres". La ponencia de Rojas pide tumbar el delito con efectos diferidos a dos años, mientras el Congreso emita una nueva legislación "que contenga las reglas y condiciones para el ejercicio libre de la interrupción voluntaria del embarazo".

Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide, una de las organizaciones que está en Causa Justa, manifestó que están optimistas con respecto al debate.

“(Colombia) Nunca había estado tan cerca de cambiar la discusión del ámbito penal, que no sirve para nada, a un ámbito de salud. Creemos que el país está cerca, hay una opinión pública favorable, la última encuesta de Cifras y Conceptos dice que solo 20 por ciento de los colombianos apoyan la cárcel por abortar. La Corte lo tiene todo para tomar una decisión en derecho que sería histórica”, señaló.

(Lea: Solo el 20 por ciento de encuestados apoya que el aborto dé cárcel)

La demanda de Causa Justa señala, entre otros argumentos, que el delito no ha servido para prevenir los abortos. Aunque no son muy actualizadas, por la dificultad de medir lo que se hace fuera de la ley, cifras publicadas en 2011 por el Guttmacher Institute señalan que en el país solo entre 1 y 9 por ciento de los abortos se hacen dentro del sistema de salud. Los demás, dice Ardila, se hacen de formas inseguras.

Catalina Martínez, directora para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que también está en Causa Justa, señaló que aunque el modelo de tres causales que en la actualidad tiene Colombia es importante, ha sido insuficiente.

“Muchas veces, quienes cabrían en una causal no pueden acceder al servicio por la falta de información, porque los profesionales de la salud no conocen el derecho, el delito crea un estigma sobre el tema y se constituye en una barrera para el ”, indicó.

(Le puede interesar: El drama de una madre y su hija que son investigadas por un aborto)

Añadió que desde 2006, con la despenalización parcial en tres causales, las denuncias por aborto debieron bajar, pero esto no ha pasado. “En 2006 eran anualmente 130 denuncias en promedio, pero desde 2008 no bajan de 400 anuales, lo que muestra que las mujeres siguen siendo perseguidas”, indicó.

La demanda de Causa Justa también señala que este delito ha sido discriminatorio, pues ha impactado más a mujeres vulnerables, pobres, a quienes viven en zonas rurales y apartadas, a menores de edad e, incluso, a mujeres que han sido víctimas de violencia.

“Al mirar a quiénes persigue la Fiscalía, el 42 por ciento son mujeres que han sido víctimas de otros tipos de violencia y un cuarto de las sancionadas son menores de edad, eso es injusto”, dijo Ardila.

Ante la Corte Constitucional se han presentado numerosos conceptos de diferentes organizaciones, médicos, instituciones, abogados, congresistas, entre otros, a favor y en contra del aborto.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por ejemplo, dijeron que los tratados sobre derechos sexuales y reproductivos, o igualdad de la mujer, obligan a Colombia a eliminar este delito. Y el Fondo de Población de la ONU afirmó que el Comité Cedaw manifestó preocupación por la penalización en Colombia, pues lleva a abortos inseguros, convirtiéndose en la sexta causa de mortalidad materna.

Dijo que según The Lancet Global Health, entre 2015 y 2019 en países sin penalización la tasa de aborto se redujo en 43 %, mientras que donde sí la hay subió un 12 %.

(Lea: Cámara estudia denuncia contra magistrados por expediente de aborto)

Colombia Diversa afirmó  que el delito trae barreras distintas para lesbianas, bisexuales y trans; Ilex Acción Jurídica habla también de barreras diferenciales para las mujeres afro, y la ONG Mujeres Feministas Wayuu habla de lo que sufren las mujeres indígenas, que viven en zonas con menor a servicios de salud, lo que afecta el aborto legal, aumenta el peligro y eleva las tasas de muerte materna.

El delito de aborto se debe eliminar por ser “violencia contra las mujeres”, afirmó la Universidad de Antioquia; porque esa práctica debe regularse en un código de salud, y no en el penal, dijo la Universidad de Nueva York, porque afecta de forma distinta a mujeres con discapacidad psicosocial, aseguró la Universidad de los Andes.

Las representantes a la Cámara María José Pizarro, Juanita Goebertus y Ángela María Robledo apoyaron eliminar el delito. Pizarro dijo, por ejemplo, que ante la prohibición, el aborto inseguro genera 47.000 muertes maternas al año. Goebertus señaló que por la inacción del Congreso, la Corte debe pronunciarse, y Robledo dijo que poder elegir cuándo no ser madres también implica poder elegir cuándo serlo en mejores condiciones para la madre y el hijo.

(Le puede interesar: Corte no hará audiencia por demanda que pide despenalizar el aborto)

Para Médicos sin Fronteras, el estigma de la penalización dificulta el al aborto permitido en 2006. El Grupo de Enfermería por el Derecho a Decidir explicó que el delito hace que muchas veces la asistencia a los pacientes sea “mecanicista, discriminatoria, juzgadora, burocrática, de negación de servicios y muchas veces violenta”.

El Gobierno, a través de los ministerios de Salud, Educación y Justicia, le pidió a la Corte no avalar la demanda de Causa Justa.

El Ministerio de Justicia dice que aunque desde el punto de vista civil el no nacido no es considerado persona, si el alto tribunal quiere legalizar el aborto, tendría que explicar por qué sí se penaliza el maltrato animal. También cree que este debate se debe dar en el Congreso, no en la Corte.

(Le puede interesar: Estas son las causales en las que en Colombia es legal el aborto)

Y el Ministerio de Salud, aunque reconoce las barreras para el aborto legal, y confirmó que tanto la OMS como órganos internacionales han recomendado la despenalización, cree que en el caso ya hay cosa juzgada desde el 2006, con las tres causales.

La Bancada Provida del Congreso, constituida por varios senadores como María del Rosario Guerra, le dijo a la Corte que no puede invadir sus funciones, pues el Legislativo tiene la “competencia exclusiva” de regular todo lo relacionado con “el derecho a la vida”. Agregó que presentó un proyecto de ley para que se modifique el Código Civil, con el fin de que la ley diga que la vida empieza en la fecundación. Y la también autodenominada Bancada Provida del Concejo de Bogotá pidió dejar esta deliberación en manos del Legislativo, porque “es un hecho que la sociedad colombiana sigue rechazando el aborto”.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia católica señaló que el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo no existe, y dijo que en el fallo del 2006 (el de las causales para abortar) y uno del 2018 (que se negó a ponerle límites de tiempo), la Corte desconoció que la vida se inicia en la concepción. Lo mismo opina la Asociación Colombia de Juristas Católicos, diciendo que no hay un derecho a la IVE porque esto iría en contra de la dignidad de la mujer y del feto.

(Le puede interesar: ¿Despenalizar el aborto en Colombia? Argumentos a favor y en contra)

En Twitter: @JusticiaET

-Minjusticia radicó en el Congreso proyecto de ley de seguridad ciudadana

-A 46 años de prisión fue condenado joven por feminicidio de menor en Meta

-'Falsos positivos': alcalde de El Copey habría seguido obras en cementerio