Así va el debate por la despenalización total del aborto en Colombia

Esta semana, con una votación unánime, la Suprema Corte de México declaró que penalizar el aborto es inconstitucional, sumándose al pequeño grupo de naciones latinoamericanas que no criminalizan la práctica. En Colombia, el debate por una despenalización total está en pleno examen y dentro de unos meses podría haber decisiones.

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Desde 2006, por decisión de la Corte Constitucional, en el país el aborto es legal en tres causales: abuso sexual, grave malformación del feto incompatible con la vida y riesgo para la salud física o mental de la mujer. No obstante, la pelea jurídica desde hace varios años busca que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no tenga barreras.

A la fecha, en la Corte cursan varias demandas que piden despenalizar por completo el aborto, que fuera de las tres causales tiene cárcel de 16 a 54 meses. De esas demandas, dos van muy avanzadas. Una fue presentada por el movimiento Causa Justa, que integra a más de 90 organizaciones de derechos humanos; y la otra, por el abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

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Sobre cómo sería una posible votación, se pueden adelantar algunas cosas analizando la forma como se dio este debate en años pasados ante demandas similares.

Entre 2019 y 2020, la Corte estudió una demanda que pedía tumbar las tres causales del aborto. En ese proceso, el magistrado Alejandro Linares presentó una ponencia –que no fue aprobada por la Sala– pidiendo despenalizar sin barreras el aborto hasta la semana 16 de gestación. Su ponencia solo la apoyaron, además de él mismo, los magistrados Alberto Rojas y José Fernando Reyes, quienes presentaron un salvamento de voto conjunto señalando que penalizar el aborto es contrario a los derechos de la mujer.

Ahora el magistrado Rojas, del ala más liberal de la Corte, es quien tiene a su cargo la ponencia en la demanda de Sánchez Molina; mientras que el magistrado Antonio Lizarazo es el ponente del recurso de Causa Justa. En esta oportunidad, según fuentes del alto tribunal, el escenario sería así: se espera que el magistrado Lizarazo presente una ponencia favorable a la despenalización y se da por hecho que Rojas pedirá lo mismo, conforme ha votado en el pasado. Sumados a esos dos votos estarían también los de los magistrados Linares y Reyes.

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Se sabe, además, que la posibilidad de despenalizar no llegaría a ser acompañada por la magistrada Cristina Pardo, de origen cristiano y conservador. En la misma línea irían los magistrados Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Las dudas giran en torno a la postura de las magistradas Diana Fajardo y Gloria Ortiz. Para aprobar una ponencia en la Corte se requieren al menos 5 votos de 9 posibles.

En este caso, el Gobierno y la Procuraduría han planteado que solo el Congreso puede decidir sobre la regulación del aborto en Colombia, que hoy es, al mismo tiempo, un derecho fundamental y un delito.

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Los demandantes, por su lado, confían en un posible resultado a favor de la IVE sin barreras. Catalina Martínez, directora para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que hace parte de Causa Justa, contó que la demanda sigue su trámite en la Corte y que esperan una decisión –independiente del sentido– en noviembre de este año.

“La demanda ha tenido el apoyo de 114 intervenciones de distintos expertos que han enviado escritos a la Corte para apoyar que se declare inconstitucional el delito de aborto y podamos regular este servicio de salud a través de normas sanitarias y no penales”, comentó.

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Martínez añadió que el precedente que acaba de sentar México es importante: “Esperamos que esta decisión influya positivamente en la Corte Constitucional. Estamos viendo decisiones similares en la región: primero Argentina, ahora México, y esperamos que Colombia sea el siguiente.

En el país centroamericano, según el proyecto del ministro (magistrado) Luis María Aguilar, “no tiene cabida un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, por lo que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir.

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El round jurídico por la despenalización completa del aborto en Colombia no deja de ser un tema difícil. En principio, porque en ocasiones anteriores la Corte se ha mantenido en su fallo de hace 15 años que permitió la IVE en tres casos.

Pero también porque una parte del país se opone al aborto, como ocurrió con la demanda de 2019, que estudió el magistrado Linares, presentada por la abogada Natalia Bernal, quien pedía que la IVE no se permitiera bajo ningún motivo. Aunque su demanda no prosperó, la abogada presentó al menos 9 recursos para insistir en su petición. Su demanda recibió el apoyo de la Conferencia Episcopal, y otras personas también han pedido prohibir el aborto.

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Y en el debate actual, en las dos demandas que avanzan en la Corte, se han presentado y negado múltiples escritos de recusación y de petición de impedimentos, así como de solicitudes que incluso piden anular –fuera del tiempo establecido– la sentencia C-355 de 2006, que legalizó el aborto en tres causales. La situación es tal que la Corte advirtió en autos de mayo pasado que en caso de que lleguen nuevos escritos con pretensiones similares a las ya negadas, “no se suspenderán los términos del proceso”.

A la Corte han llegado escritos de congresistas como Esperanza Andrade y Jhon Milton Rodríguez, que aseguran que estudios científicos reconocidos internacionalmente señalan que la vida empieza en el momento de la fecundación. “Esto corrobora y despeja toda duda sobre la existencia de vida individual en el vientre materno, vida que debe ser protegida desde la concepción, momento en que esta se inicia”, señalaron.

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A su turno, la Fundación Marido y Mujer señaló que “si la madre gestante no desea cumplir con los derechos de amor y cuidado a su hijo en gestación, estos derechos pueden ser suplidos por su padre, parientes, sociedad o el Estado, sin obligarla a convivir con él o ella”.

Aunque las opiniones están divididas, una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, aplicada en abril de este año, reveló que solo el 20 por ciento de la población colombiana está de acuerdo con enviar a prisión a las mujeres que deciden tener un aborto. De hecho, el 40 por ciento de los 4.867 hombres y mujeres encuestados señalaron estar en desacuerdo con penalizar el aborto, mientras que otro 40 por ciento no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.

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Lo cierto es que, mientras el debate continúa, cada año son procesadas alrededor de 400 personas por el delito de aborto en el país, según un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Si bien en el país el aborto es un derecho –limitado en las tres causales–, desde hace 15 años organizaciones de derechos humanos afirman que sigue habiendo obstáculos para las mujeres.

El informe ‘Barreras de a la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de pandemia por covid-19’, presentado en agosto, destacó que la pandemia creó nuevos obstáculos para las mujeres, como falta de información sobre las rutas de atención en cuarentena. Además, dice que como la mayoría de trámites se volcaron a la virtualidad, se limitó el a mujeres que no cuentan con herramientas tecnológicas, en especial en contextos rurales.

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Además, hay obstáculos ‘tradicionales’ como desconocimiento del marco legal sobre la IVE y que profesionales de la salud exigen documentos u otras condiciones que no son necesarias para prestar el servicio, entre otras. Catalina Martínez añadió: “El hecho de que el aborto siga siendo un delito en el Código Penal es otra de las barreras estructurales, pues crea confusión y prejuicio tanto en las mujeres que necesitan acceder al servicio como en los profesionales de la salud que deben prestarlo”.

De otra parte, las barreras para la IVE afectan especialmente a mujeres vulnerables, en zonas rurales, y en contextos de pobreza y de conflicto.

Marisol Quiceno, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que presta servicios de IVE en zonas afectadas por el conflicto, comentó que algunas mujeres realizan prácticas que ponen en riesgo su vida al no tener a un aborto seguro.

“Toman bebidas, se golpean el abdomen o se insertan cosas para tratar de ocasionar un aborto. Estas mujeres están alejadas de todo el sistema de salud por factores económicos y geográficos; pero también enfrentan una barrera social por no recibir orientación, estigmatización de su familia, falta de confidencialidad, entre otras”, comentó.

Añadió que a 27 por ciento de las pacientes que llegan a sus servicios buscando una IVE les habían negado con anterioridad el aborto pese a estar en las tres causales.

A pesar de los recursos interpuestos, de los cientos de escritos recibidos a favor y en contra, los magistrados de la Corte podrían llegar a una decisión este mismo año. El fallo, sea el que fuere, en todo caso generará controversia en el país.

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