Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda, declaró en la Corte Suprema por caso UNGRD

La Corte Suprema tiene en su poder una nueva declaración dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se trata del testimonio que entregó Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda que el año pasado fue reemplazada por María Alejandra Benavides debido a su licencia de maternidad.

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La funcionaria declaró ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción a cargo de buena parte de las pesquisas contra congresistas involucrados en el caso. 

Los apartes de lo que dijo Ramírez fueron conocidos por la revista Semana, la cual documentó que en esa declaración del 6 de diciembre, ella habló de que en el Ministerio de Hacienda, para la época a cargo de Ricardo Bonilla, había una matriz en la que aparecían los proyectos regionales que iban a ser direccionados a legisladores.

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Ramírez dejó el cargo el 3 de septiembre del año pasado y se lo entregó a Benavides, a quien le envió -de acuerdo a su versión ante la magistratura- un correo con “un listado de proyectos de vías de los congresistas (...) En el Ministerio (de Hacienda) usualmente los congresistas van y me consultan sobre estados de proyectos de inversión regional. La mayoría fueron los de las comisiones económicas”.

La declaración de la asesora se conoce después de que la misma Corte Suprema ordenó hace un par de semanas allanar su oficina en el Ministerio. Esa decisión fue tomada por el magistrado Misael Rodríguez luego de escuchar que María Alejandra Benavides la mencionó en el expediente. 

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Y es que ante la Fiscalía General, Benavides dijo que Ramírez al parecer sabía de tres cupos indicativos que iban dirigidos a congresistas de las comisiones económicas: “Yo se lo dije, ella lo sabía”. 

En efecto, lo que tienen hasta el momento las autoridades es que Benavides y Bonilla habrían direccionado de manera sospechosa tres proyectos de la UNGRD por 92.000 millones de pesos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, para beneficiar a seis congresistas que iban a votar a favor los conceptos que necesitaba a su favor el Gobierno Nacional. 

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Sobre las reuniones para finiquitar el supuesto acuerdo, los investigadores ya tienen testimonios, chats y grabaciones que comprometerían la situación de los implicados. En el caso de Benavides, ella pidió protección porque decidió prender el ventilador salpicando a su entonces jefe, quien salió del Ejecutivo insistiendo en su inocencia. Mientras que los congresistas están a la espera de que el alto tribunal defina si los mete a prisión mientras avanzan las investigaciones.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]