¿Qué hay detrás del aplazamiento de los recursos para inversión de órganos de control?

Como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis fiscal que el presidente Gustavo Petro atribuye en gran medida al hundimiento de la reforma tributaria, desde el Ejecutivo se congelaron las partidas de inversión de las ‘ías’ (Defensoría, Procuraduría y Contraloría), pese a que son organismos autónomos, claves para el control y la vigilancia de las políticas públicas.

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EL TIEMPO estableció en exclusiva que organismos de control, independientes del Ejecutivo, también están siendo notificados de que los Programas Anuales de Caja (PAC) les van a llegar incompletos, una medida que afectaría su misionalidad como pilares de la institucionalidad.

Tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Defensoría del Pueblo, se les tiene congelado cerca del 88 por ciento del rubro de inversión. En el caso de la entidad a cargo de Iris Marín, este diario estableció que el presupuesto para el próximo año asciende a 1,2 billones de pesos, de los cuales cerca de 125.000 millones corresponden al presupuesto de inversión y el resto a funcionamiento.

Adicional a ello, el pasado 19 de diciembre salieron varias circulares desde el Departamento Nacional de Planeación en donde se habla de la necesidad de hacer un aplazamiento del 88,8 por ciento de la partida de inversión, que corresponde a casi un 9 por ciento del presupuesto total de la entidad.

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En el caso de la Procuraduría, de los cerca de 85.000 millones de pesos para el rubro de inversión, solo se les va a girar 10.700 millones de pesos en 2025. Lo preocupante es que ese dinero ya está comprometido para cubrir inversiones en tecnología, logística y otros ítems.

A eso se agrega que la Contraloría General recibió un recorte similar. De los 424.844.280.994 pesos que había solicitado como presupuesto de inversión, el monto aprobado por decreto fue de 186.701.326.884 pesos, lo que representa el 56,05 por ciento.

El Departamento Nacional de Planeación propuso aplazar para la vigencia 2025 los proyectos financiados con recursos corrientes, por un valor total de 133.901.334.901 pesos. Sin embargo, la Contraloría considera que esta medida es inviable e inconveniente, ya que dicho monto implicaría un retraso significativo en la ejecución de proyectos clave para el desarrollo de áreas estratégicas.

Por el lado de la Fiscalía, si bien anunciaron que recibieron un recorte presupuestal y siguen calculando la disminución del rubro de inversión, aseguran que tienen otras fuentes de financiamiento de donde pueden echar mano, entre estas, la cooperación internacional. Este sería el salvavidas al que acudirían de quedar en firme la medida de aplazamiento del Gobierno.

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Al respecto de la situación, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, a través de una carta dirigida al Departamento Nacional de Planeación, prendió las alarmas por los efectos que este recorte puede generar en sus funciones de control y vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos. Una tarea por la que hace dos semanas anunció un recaudo histórico, a través de cobro coactivo, de 2,96 billones de pesos de detrimento patrimonial entre 2022 hasta la fecha.

Aseguró que es consciente de las implicaciones fiscales que generó la no aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso. Sin embargo, cuestionó el argumento, toda vez que, según los cálculos realizados, “la aprobación de estos ingresos tributarios adicionales solo equivalían al 2,2 por ciento del ingreso total”.

“La Contraloría no podría realizar las actuaciones de manera oportuna, lo que comprometería la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. A largo plazo, esto podría generar una falta de retroalimentación crítica para mejorar la gestión pública y reduciría la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos”, refutó la cabeza de la entidad.

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Rodríguez rechazó la medida de aplazamiento por poner en riesgo la prevención de posibles irregularidades en el manejo de los dineros públicos y solicitó su reconsideración. Además, tendió la mano en la búsqueda de alternativas para equilibrar la crisis de caja sin afectar los rubros esenciales de inversión de los organismos de control.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO - REDACCIÓN JUSTICIA 

UNIDAD INVESTIGATIVA