'Contraloría logró recuperar $200 mil millones en la Justicia': delegada del sector

A propósito del cierre de los informes de auditoría, en los que la Contraloría pone la lupa en la gestión y utilización de los recursos públicos en varias entidades de todos los rubros, la Contralora de Justicia fiscalizó 18 instituciones con un presupuesto de más de $30 billones de pesos. En su balance, en el que destacó avances significativos en algunas materias, evidenció 65 hallazgos fiscales, 10 penales, 188 disciplinarios, 516 istrativos y logró evitar la pérdida de más de $200.000 millones.

EL TIEMPO habló con la Contralora Delegada, Jenny Lindo, sobre estos resultados.

(También le puede interesar: Contraloría: rezago de la actualización catastral está en el 6,6 % de la meta de cumplimiento)

La evaluación se le debe hacer a la rama Judicial y a todas las entidades relacionadas con la istración de justicia. Hay puntos que logramos fortalecer y seguro traerán mejores resultados para todos. La interoperabilidad, la tecnología, el talento humano, la disminución en la congestión judicial. Esta llega a ser, en promedio, del 55 % (de cada 100 procesos que se encuentran en trámite en la Rama Judicial, cerca de 55 quedan en inventario final del año). Otros aspectos son la actualización de estrategias de defensa jurídica del Daño Antijurídico del Estado Colombiano; la revisión de metodologías y los tiempos de las jurisdicciones especiales y la articulación estratégica de todos los organismos del sector.

Es importante resaltar que hay una alta demanda de justicia formal y poca utilización de mecanismos alternos de solución de conflictos. Durante el período 2019-2023, las solicitudes de conciliación en derecho sólo fueron del 7 % respecto de los procesos que ingresaron al sistema de justicia. Al respecto, la actual Ministra de Justicia informó de acciones que está redireccionando para su fortalecimiento. 

Durante el 2024 ingresaron a la Rama más de 4 millones de procesos nuevos, lo que significó una carga laboral de más del 52 %, siendo la Contenciosa istrativa, la Ordinaria y Constitucional las de mayor carga judicial. Llama la atención que, por ejemplo, en la Ordinaria los Juzgados de Familia tuvieron un incremento superior al 59 %, los Laborales 59 %, en Civil 58,64 %, en Penal 51,86 % y el Promiscuo a 47,82 %. Los lugares con nivel más alto de congestión correspondieron a La Guajira 72,62 %, Casanare 71,89 % y San Andrés y Providencia con el 68,1 %. En contraste, entre los territorios con menor carga judicial se encuentran Manizales con el 42,28 %, Pereira con 46,29 % y Quindío con 46,47 %. También registramos un incremento en las demandas contra el Estado que para este mes de diciembre ascienden a 400 mil, con pretensiones económicas superiores a los $650 billones de pesos que involucran importantes recursos públicos. Esta cifra representa el 120,98% del Presupuesto General de la República para 2024.

Sí. Con respecto a las entidades relacionadas con el sistema carcelario y penitenciario, gracias al acompañamiento de la Contraloría General de la República, lograron entrar en funcionamiento 6 nuevos pabellones y se rescataron $175 mil millones de pesos en proyectos relacionados con los servicios en los centros de reclusión. Esto implica que se habilitan más de 6mil nuevos cupos. Sin embargo, se alerta sobre la continuidad de otras fallas sensibles para el sistema, las cuales serán objeto de informe en el mes de enero por orden de la Corte Constitucional.

(Lea además: Atención: Contraloría apelará fallo del Tribunal que tumbó billonaria sanción por caso Reficar)

La Auditoria de Cumplimiento evidenció el logro de los objetivos misionales de esta jurisdicción especial como también su positiva ejecución istrativa y presupuestal. No obstante, se observó la necesidad de garantizar que las decisiones tomadas en las sentencias de la JEP contaran con el respaldo presupuestal mínimo requerido y sobre la claridad en la istración de dichos recursos. Igualmente, se les requirió la implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los procesos de la JEP, con el fin de establecer los tiempos límites de las decisiones para lograr su pronta ejecución. Sobre estos dos aspectos, la JEP reportó estrategias que buscan subsanar las observaciones hechas por la Contraloría General e iniciar su plan de trabajo al respecto.

Para el segundo semestre se realizó una Auditoria Financiera a la Justicia Penal Militar en la que aprobaron su cuenta y obtuvieron el fenecimiento de la misma. Igualmente, se observaron algunas debilidades sujetas de mejora en las provisiones contables para sus litigios y demandas y en algunos reportes de sus procesos judiciales. La Justicia Penal está formulando su plan de mejoramiento que será presentado ante este organismo de control en los próximos días para su revisión y vigilancia de cumplimiento.

(Notas relacionadas: ¿Qué sigue tras suspensión del laudo en caso Telefónica?: estas son las condiciones de Colombia)

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia