¿Qué sigue tras suspensión del laudo en caso Telefónica?: estas son las condiciones de Colombia

El pago de casi medio billón de dólares que deberá desembolsarle el Estado colombiano a la empresa Telefónica S.A, por cuenta de un laudo de arbitramento que perdió el país, está congelado. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó la suspensión que pidió la defensa de la Nación mientras estudia un recurso de anulación del fallo proferido el pasado 12 de noviembre. 

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El caso generó todo un revuelto político-jurídico en el país, torbellino en el que incluso el Presidente planteó la posibilidad de retirar a Colombia de esta instancia, que hace parte del Banco Mundial. Una determinación que otros países con gobiernos progresistas como Ecuador, Venezuela y recientemente Honduras han tomado considerando una supuesta inclinación del sistema internacional hacia el lado del sector privado. 

Por debajo de este ruido, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), dos semanas después de conocerse el laudo, pidió revertir la decisión, un proceso sobre el que la Ciadi dictó el pasado viernes 6 de diciembre una medida cautelar mientras resuelve de fondo la inconformidad.

El trecho será largo. El primer paso será la creación de un tribunal tripartito ad hoc, sobre el que la defensa colombiana tiene unas condiciones particulares.

"La defensa va a plantear la necesidad de algunos elementos mínimos. En primer lugar, queremos que se trate de un procedimiento en español. No porque no tengamos la gente o las capacidades para hacerlo en otro idioma (en inglés, que es lo habitual), sino porque queremos que el proceso se dé de manera clara y que no se preste para ninguna controversia de tecnicismos. Lógicamente, tampoco podrá haber un árbitro colombiano, español (Telefónica es de ese país), ni suizo. Pero, estos temas están todavía por acordar. El viernes pasado se registró la solicitud y se le está dando traslado a las partes", le dijo a EL TIEMPO Yebrail Haddad, director de asuntos internacionales de la Andje.

Este camino, desde la creación del tribunal ad hoc hasta la decisión de anulación, podría tardar hasta dos años. Y, si la decisión es favorable para Colombia, Telefónica podría volver a presentar la demanda en esta instancia y el caso ser estudiado desde cero. 

"El trámite se demorará en promedio 24 meses, dependiendo del calendario procesal y las pruebas que pidan. Colombia ya intentó anular un laudo, que fue el de Glencore I y tardó este tiempo. Se hicieron unas aclaraciones que eran importantes para la estrategia de la defensa, pero la anulación no nos salió favorable", aseguró Ana María Ordóñez, exdirectora de la Agencia.

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Esta es otras de las condiciones adversas que enfrenta el proceso. El porcentaje de laudos anulados por el Ciadi es mínimo. Se estudian los recursos a los que tienen derecho las partes, pero la decisión puede ratificar el fallo, escenario en el que la Nación tendrá que ceder a las pretensiones del demandante, que son 379 millones de dólares -más los intereses-, monto que habría pagado Telefónica en una reversión de activos.

Para el abogado Camilo Gómez, exdirector de la Andje, sí hay causales que podrían generarle buen viento al país. "Empezando por la contradicción con el laudo de América Móvil (Claro), que por las mismas razones fue decidido a favor de Colombia. No será un camino fácil, pero el país tenía que intentarlo".

La defensa colombiana también ve con buenos ojos los chances para que sus alegatos logren revertir la resolución inicial a favor del país.

"Nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño. Creemos que hay argumentos muy sólidos, que el caso es fuerte. Si bien es cierto que no es común anular los laudos, consideramos que hay una buena probabilidad de lograrlo", agregó Haddad

La demanda en cuestión fue interpuesta bajo el tratado internacional entre Colombia y España para la promoción y protección recíproca de inversiones, en 2018. La compañía de telecomunicaciones consideró que se violó el trato justo y equitativo, por una disposición legal emitida en su contrato por el uso del espectro y que le exigía la reversión de activos.

Con la decisión de dos instancias nacionales, el arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corte Constitucional, se ordenó al operador pagarle al Mintic por este concepto $379 millones de dólares. Pero, después de que la española escaló el caso a una instancia internacional por su inconformidad con las determinaciones de los tribunales domésticos, el Ciadi reversó esta decisión y el país tendrá que devolver este monto más los intereses del tiempo corrido.

Uno de los argumentos de la Agencia para pedir la anulación es que, en 2021, se había fallado a favor de Colombia, por la misma causa, en una demanda contra Claro. Tampoco encuentran los motivos en el que se fundamentó la decisión, especialmente sobre responsabilidad y daños. 

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Para el director de asuntos internacionales, "hubo pruebas y hechos presentados por Colombia que no fueron respondidos. Lo normal en un en un laudo es que se dé respuesta a cada una de las consideraciones así sea para negarlas, pero en este caso hubo un mutismo total. Creemos también que hubo una extralimitación de las funciones del tribunal en la medida en que es confusa la atribución de responsabilidades. Pareciera que las está endilgando por un lado a la Cámara de Comercio de Bogotá y por el otro a la Corte Constitucional. No queda claro. Y, para poder condenar a Colombia, el Ciadi tendría que determinar que el daño se produjo por una decisión soberana del Estado que mancilló el trato justo y equitativo" concluyó.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia