La realidad de la desaparición forzada detrás de la insólita denuncia de Comité de la ONU

La supuesta existencia de un hangar con 20.000 cuerpos no identificados en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá –una cifra que rebosa cualquier registro–, prendió todas las alarmas. Esta falsa denuncia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas acaparó la atención, eclipsando la realidad de este crimen de lesa humanidad en el país.

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La fuente del Comité, según lo informó Carmen Rosa Villa, una de sus delegadas, fue el mismo Instituto de Medicina Legal. Un señalamiento que a las pocas horas de haber tomado vuelo la noticia desmintió la entidad. “Desconocemos la existencia de dicho hangar y no hemos recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”, informó.

A la ola de rechazo se sumó la Procuraduría, que envió un comité a El Dorado sin encontrar ningún resto humano, así como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la Cancillería. Incluso la ONU se desligó del Comité y afirmó que la información “no refleja la postura del organismo en Colombia”.

La inclusión de información no corroborada en el informe –la Comisión también revivió el tema de los supuestos desaparecidos durante la protesta social, refutado por todos los organismos de investigación del país–, minó la confianza y alejó la discusión de una cruda realidad: la dimensión de la desaparición forzada en Colombia, que tiene un universo provisional de 124.734 víctimas.

A lo largo y ancho del país hay 10.313 lugares de interés forense en el Registro Nacional de Fosas, que incluyen sepulturas clandestinas, cementerios ilegales, campos abiertos, o sitios de arrojo de cuerpos como La Escombrera. 

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“La distribución de estos sitios está ligada a la geografía de la desaparición en Colombia. Las regiones con mayor concentración son Antioquia, que reporta más de 25.000 desaparecidos; Meta, con alrededor de 8.000 casos y Valle del Cauca, con cerca de 4.700”, le dijo a este diario la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero.

De este universo, según cifras de Medicina Legal, hay 25.000 restos que permanecen en las instituciones del Estado o en los cementerios esperando el cotejo genético que les permita ser entregados a sus familiares.

La UBPD ha recibido hasta la fecha 31.000 solicitudes de búsqueda. Sin embargo, hay cuerpos recuperados para los que no existe reporte. En estos casos, se realiza un análisis forense para determinar su identidad o recopilar información que ayude a localizar a sus allegados. Este proceso se conoce como búsqueda inversa.

No todos los cuerpos no identificados corresponden a víctimas de desaparición forzada. Algunos pertenecen a personas que murieron en otras circunstancias, aunque el conflicto armado fue el contexto predominante del grueso de la cifra.

La Comisión de la Verdad identificó a los grupos paramilitares como los mayores perpetradores, pues son responsables del 52 por ciento de los casos. Le siguen las extintas Farc-ep, con 29.410 víctimas, el 24 por ciento del universo provisional. A la Fuerza Pública o agentes del Estado se les atribuye el 8 por ciento y son los ‘falsos positivos’ el principal patrón criminal. En el capítulo de los ‘paras’, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, en 2005, para atender la demanda de denuncias sobre personas desaparecidas e información sobre la ubicación de fosas comunes, se creó un grupo especial para realizar exhumaciones en los puntos de interés forense, el Grube.

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La mayoría de los casos se ejecutaron en masacres y estuvieron motivados por el intento de ocultar evidencia. “Desaparecimos a mucha gente porque cuando comenzamos, a las personas se les daba muerte en el pueblo o en las veredas. Pero la Fuerza Pública nos dijo que no dejáramos muertos porque eso les perjudicaba” ,le dijo a la Comisión de la Verdad, alias H.H.

Con corte al 30 de noviembre de este año, el Grube ha desenterrado 8.736 cadáveres, de los cuales 5.029 fueron identificados y entregados a sus familiares.

Por el lado de las Farc-ep y la Fuerza Pública, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva la batuta en esta investigación, como un crimen transversal a los 11 macrocasos que tiene abiertos.

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En relación con la antigua guerrilla, encontró que las desapariciones fueron sistemáticas en el secuestro y el reclutamiento forzado, dos conductas por las que ya ha proferido imputaciones a los máximos responsables.

En cuanto a los agentes estatales, hay un macrocaso exclusivo sobre ejecuciones extrajudiciales. Muchas de las víctimas fueron presentadas como N.N para engrosar las cifras de bajas en combate y enterradas o desaparecidas en puntos de interés forense, como el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia).

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia