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Análisis
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Alertas sobre la zona de ubicación temporal que instaló el Gobierno en Tibú con el 'frente 33': ¿ventaja militar?
La defensora del Pueblo alertó sobre posibles riesgos por la ubicación y las condiciones del desarme.
El presidente Gustavo Petro oficializó la zona de ubicación temporal del frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’, como antesala de su promesa de desmovilización y para acordar los puntos a tratar en las mesas de diálogo instaladas entre este grupo armado y el Gobierno.
La zona será en Tibú, el municipio con mayor número de confrontaciones entre esta estructura residual y el Eln, lo que ha encendido las alarmas sobre las garantías para la población civil, que podría, una vez más, quedar en medio del fuego cruzado y verse expuesta a otra crisis humanitaria.
lLa resolución no indica desde cuándo dará inicio la zona. Foto:EL TIEMPO
“Establecer por siete (7) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal ZUT en área rural del municipio de Tibú del departamento de Norte de Santander, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con el Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte”, dice la resolución.
En entrevista con este diario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, abordó tres amenazas que generaría esta política. La primera es la ubicación de la zona. “La pregunta es si Tibú —el municipio donde se concentra la confrontación más fuerte con el Eln— es el lugar adecuado para ubicar a estos hombres, cuando ni se han desarmado ni hay claridad sobre cuándo lo harán”.
El segundo punto de preocupación es si la protección de la Fuerza Pública podría terminar convirtiéndose en una ventaja militar frente al Eln, con quienes el frente 33 libra una guerra a muerte desde el pasado 16 de enero, cuando la muerte de tres de una misma familia —entre ellos un bebé de 11 meses— rompió el pacto de no agresión.
Alias Andrey Avendaño, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc. Foto:Pares
“La Fuerza Pública debe ser imparcial frente a todos los actores armados, y su mandato principal es proteger a la población civil”, recalcó la Defensora del Pueblo.
El tercer riesgo es que este grupo termine aprovechando la zona de ubicación temporal como base para seguir cometiendo graves crímenes contra la población civil, como ya ha ocurrido en las últimas semanas. Para la muestra, el pasado domingo 18 de mayo un ataque con drones perpetrado por las disidencias cobró la vida de un menor de edad.
Los puntos claves de la resolución
La resolución se conoció cinco días después del levantamiento de la suspensión de operaciones ofensivas que había decretado el Gobierno con algunos frentes de las disidencias de 'Calarcá' en abril pasado, como "prueba" de su voluntad de paz.
La instalación de la zona de ubicación temporal no aclara si se acuerda nuevamente algún tipo de cese al fuego.
Los de la disidencia tendrán 45 días para trasladarse a Tibú, Norte de Santander. Allí se fijarán las tareas y compromisos en el “tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes”.
Entre los aspectos más relevantes se incluyen: el acuerdo para definir las condiciones sobre la disposición del material de guerra, las garantías de seguridad jurídica para sus y la implementación de un plan de transformaciones territoriales.
Disidencias de las Farc Foto:Archivo particular.
Si bien en el documento no se lee expresamente que deben estar desarmados, Gloria Quiceno, delegada del Gobierno en la mesa con las disidencias, dijo que en la zona estarán desguarnecidos.
'Podría convertirse en un doble objetivo criminal del Eln'
Para el analista del conflicto Diego Arias, se tienen que crear condiciones claras para este agrupamiento de las fuerzas del frente 33, dejando completamente establecido que se trata de un paso previo a su desarme y reincorporación. "Si ese punto no está claro, la creación de zonas de repliegue no tendría ningún propósito", dijo.
"Debe tratarse de un sitio alejado de zonas de disputa activa con el Eln, como lo es Tibú. Que la Fuerza Pública proteja estas zonas podría convertirlas en un doble objetivo militar para el Eln. Se necesita un ABC muy concreto y un mecanismo de verificación que garantice que este grupo no saque ventaja militar bajo la protección del Estado", aseguró Arias.
También consideró que debe ser un ejercicio de muy corto plazo, menor a los siete meses establecidos, para acelerar el proceso de desarme y su desmovilización.
Colombia en 5 minutos: Gobierno insiste en consulta popular Foto:
Para Gerson Arias, “sí puede darse ese riesgo de que se convierta en una ventaja militar, sobre todo porque no hay claridad sobre la disposición de las armas. No se sabe si llegarán armados o no a la zona”.
La decisión de ubicar la zona en Tibú es riesgosa, advierte, porque se trata del epicentro del enfrentamiento con el Eln, donde no existen garantías reales de seguridad. Pero también porque es el lugar al que están regresando muchas familias que huyeron en la primera oleada de violencia.
“No se sabe si estos acuerdos terminarán realmente en un proceso de desarme, lo cual aumenta la exposición de las comunidades a posibles represalias, tanto del frente 33 como del Eln”, concluyó.