Atención: Contraloría apelará fallo del Tribunal que tumbó billonaria sanción por caso Reficar

El proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar, generó el fallo de responsabilidad fiscal más cuantioso de los últimos años. En 2021, la Contraloría detectó irregularidades y sancionó con la histórica cifra de 2,9 billones de pesos a doce de la junta directiva y a cuatro multinacionales contratistas. 

Sin embargo, un fallo del Tribunal de Cundinamarca anuló esta decisión, que ahora será revisada por el Consejo de Estado, instancia que tendrá la última palabra.

La defensa de Hernando José Gómez, uno de los de la junta y representante de Ecopetrol, presentó un recurso de nulidad que fue concedido por la Sección Primera del tribunal. Los argumentos de esta decisión apuntan a errores técnicos y vicios de trámite que no permiten probar el detrimento ni la responsabilidad del sancionado.

"La Contraloría habría empleado supuestos equivocados e insostenibles (...) Uno de los mayores problemas evidenciados es justamente la insuficiente ingeniería de detalle. Así mal se puede considerar que la estimación inicial del Capex (activos de largo plazo) no se puede considerar como referente para el cálculo del daño fiscal", se lee en el fallo del Tribunal.

Por su parte, la Contraloría, que para el año en el que se profirió la sanción (2021) estaba dirigida por Carlos Felipe Córdoba, se ratifica en que sí hubo deficiencias en la ejecución de las etapas del proyecto, que contó con cinco cambios e igual número de adiciones presupuestales a costa de los retrasos que se presentaron. La nueva Refinería de Cartagena se presupuestó, en 2011, en 3.777 millones de dólares y terminó costando más de 8.000 millones.

Para la entidad, la junta directiva -de la que formaba parte Gómez-, así como los contratistas y el supervisor del proyecto, "contribuyeron con sus acciones u omisiones a este desfalco", que supera al de Saludcoop, por 1.4 billones de pesos, el más grande conocido hasta ese momento en el país.

"Los de la junta directiva de Reficar se comportaron como simples observadores pasivos de la gestión desarrollada por la alta dirección de Reficar, al aprobar que, con recursos públicos, se aumentara el Capex del proyecto con destino a financiar las inversiones que se consideraban necesarias para lograr el objetivo de una refinería ampliada y modernizada", se lee en el documento de los hallazgos.

Allí la Contraloría también consignó que estas mayores inversiones no le agregaron valor al proyecto, hubo gastos que no tenían que ver con su ejecución y baja productividad de la mano de obra.

Además recalcó que esperaba que Gómez, como representante de Ecopetrol, pudiera prever el impacto negativo que podía traer esta operación. Por esta razón, lo terminaron sancionando.

La decisión fue ratificada en segunda instancia por la Contraloría, después de que la contraparte agotara todos los recursos para revertirla. Incluso estudiaron la posibilidad de denunciar penalmente a funcionarios del ente por prevaricato.

Finalmente, prosperó la demanda de nulidad presentada por Gómez ante la jurisdicción contencioso istrativa.

Fuentes de la Contraloría le confirmaron a EL TIEMPO que apelarán la decisión, por lo que el caso terminaría resolviéndose bajo el ala del Consejo de Estado.

"Nos sostenemos en lo que expusimos en la sentencia. En su momento, (la Contraloría) emitió un fallo juicioso, con un análisis profundo jurídica y técnicamente", precisó uno de los funcionarios.

Aún así, luego de la investigación de la demanda de nulidad en el tribunal istrativo, este órgano consideró que habría que revocar el fallo. "Ante esto nosotros apelamos, se va a sustentar la apelación y lo terminará decidiendo el Consejo de Estado", agregó la fuente.

El proceso ya se encontraba en cobro coactivo y se había devuelto un monto, dinero que, en el caso específico de Gómez, el tribunal ordenó regresarle. 

Por otro lado, los demás imputados ahora podrán utilizar el mismo argumento para reclamar sus derechos y solicitar las respectivas nulidades. En efecto, allegados al ente de control aseguraron que hay más demandas en trámite.

Redacción Justicia