¿Fiscalización en riesgo?: Gobierno aprobó solo 44 % del presupuesto de inversión solicitado por la Contraloría

Como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis fiscal que el Presidente atribuye en buena medida al hundimiento de la reforma tributaria, desde el Ejecutivo se congelaron las partidas de inversión de las Ías (Defensoría, Procuraduría y Contraloría), pese a que son organismos autónomos, claves para el control y la vigilancia de las políticas públicas.

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A través de una carta dirigida al Departamento Nacional de Planeación (DNP), el contralor Carlos Hernán Rodríguez prendió las alarmas por las consecuencias que este recorte puede generar en sus funciones de fiscalización sobre la ejecución de los recursos públicos. Una tarea por la que hace dos semanas anunció un recaudo histórico, a través de cobro coactivo, de $ 2,96 billones de pesos de detrimento patrimonial entre 2022 hasta la fecha. 

Aseguró que es consciente de las implicaciones fiscales que generó la no aprobación de la Ley de financiamiento en el Congreso. Sin embargo, cuestionó el argumento, toda vez que, según los cálculos realizados, "la aprobación de estos ingresos tributarios adicionales solo equivalían al 2,2 % del ingreso total". 

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La Contraloría había solicitado un presupuesto de inversión de $424.844.280.994 pesos. Sin embargo, el monto aprobado por decreto fue de $186.701.326.884 pesos, lo que representa el 44 %.

Esta situación "demanda una limitación presupuestal que compromete la operatividad de la entidad", advirtió Rodríguez. 

El DNP propuso aplazar para la vigencia 2025 los proyectos financiados con recursos corrientes, por un valor total de $133.901.334.901 pesos. Una medida que la CGR considera inviable e inconveniente, ya que dicho monto implicaría un retraso significativo en la ejecución de proyectos claves para el desarrollo de áreas estratégicas.

En este sentido, el Contralor enumeró una a una las actividades misionales que se verían afectadas con este congelamiento. En primer lugar, la modernización tecnológica. "Sin estas herramientas, la CGR no podría procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente, lo que afectaría negativamente la productividad y su capacidad para tomar decisiones informadas y fundamentadas en tiempo real", detalló. 

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La infraestructura fue otro de los rubros que vaticinó se vería comprometido, sobre todo en el nivel territorial. Así mismo, la gestión documental y de archivo, y la capacitación de los funcionarios, un renglón esencial para el desempeño eficiente de la fiscalización. 

Por el rol de la Contraloría en la evaluación del cumplimiento de las políticas públicas y su impacto social, Rodríguez elevó su preocupación por la falta de recursos necesarios. 

"La CGR no podría realizar las actuaciones de manera oportuna, lo que comprometería la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. A largo plazo, esto podría generar una falta de retroalimentación crítica para mejorar la gestión pública y reduciría la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos", refutó la cabeza de la entidad.

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Finalmente, rechazó la medida de aplazamiento por poner en riesgo la prevención de posibles irregularidades en el manejo de los dineros públicos y solicitó su reconsideración. Además, tendió la mano en la búsqueda de alternativas para equilibrar la crisis de caja sin afectar los rubros esenciales de inversión de los organismos de control.

Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia