A través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Gobierno Nacional aprobó la adquisición de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 100 millones de dólares cuya finalidad será poner en marcha la transformación digital de la justicia en el país, buscando que la Rama Judicial sea mucho más eficiente.
Con este crédito se tendrá una inversión inicial de 364.000 millones de pesos para que la Rama Judicial pueda elevar la transparencia y la efectividad en la prestación de servicios judiciales a la ciudadanía.
Se estima que este plan de transformación -que duraría 12 años- requiere una inversión de 500 millones de dólares. De esa suma, para poder cumplir con la primera fase, que durará cuatro años, el Conpes dio el concepto favorable para contratar el crédito externo por los 100 millones de dólares.
En esta primera fase, aseguró el Departamento Nacional de Planeación (DNP), otro de los objetivos es poder acelerar la respuesta de atención a los ciudadanos. Así, señaló el DNP, con esta modernización de la justicia los ciudadanos se ahorrarán en promedio 120.000 pesos por cada proceso, unos 33.600 millones de pesos al año.
En la vía de la digitalización de la justicia, este proyecto también busca que en cuatro años el número de procesos que cuenten con notificaciones digitales pase de 140.000 a 1.1 millones cada año. Y la consulta de procesos y servicios digitales se elevará de un uno por ciento (como está hoy) a un 60 por ciento.
De otro lado, asegura el DNP, se pasará de 864 despachos judiciales que tienen mecanismos de y transparencia en su gestión a 3.000, es decir, se pasará de un avance del 17 por ciento en esa materia a un 64 por ciento.
El DNP también afirmó que la profundización digital beneficiará a las altas cortes, a 5.446 despachos judiciales y a unos 31.000 servidores de la Rama Judicial.
Para cumplir estos objetivos, el DNP aseguró que usará el crédito de la siguiente manera: Se destinarán 37 millones de dólares (unos 135.000 millones de pesos) en fortalecer el sistema de justicia para instalar, entre otras medidas, mejoras de ciberseguridad y protección de la información.
Además, otros 43 millones de dólares (155.000 millones de pesos) se usarán en afianzar los servicios digitales y de tecnología para la justicia oral, el expediente digital y la agilización en los trámites de tutelas.
En el mejoramiento del entorno y la cultura digital en la justicia se invertirán 14 millones de dólares (51.000 millones de pesos) con el fin de implementar una estrategia para gestionar el cambio en los servicios digitales para hacerlos más accesibles a la ciudadanía.
"Con la aprobación de este Conpes se impulsan y complementan los esfuerzos en materia de transformación digital de la justicia que, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, vienen liderando la Rama Judicial y el Gobierno nacional", afirmó el DNP, señalando que estas medidas permitirán al sistema judicial del país "ajustarse a los estándares tecnológicos internacionales y centrar sus servicios en el ciudadano".
El Ministerio de Justicia, que también ha liderado el proceso, señaló que se espera poder avanzar con esta estrategia en la implementación del 'expediente digital'.
Según el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela este proyecto implica la construcción de un proceso que se apoya en tres pilares: el fortalecimiento institucional; los servicios digitales y la tecnología de justicia; y la cultura digital.
"El 95% del crédito estará destinado a la Rama Judicial, teniendo al Consejo Superior de la Judicatura como unidad ejecutora. El restante 5% irá para las entidades del Ejecutivo que cumplen funciones jurisprudenciales y tendrá al Ministerio de Justicia y del Derecho como ejecutor", señaló el ministerio.
Además, Ruíz dijo que "este es un gran logro para la justicia colombiana, que gracias al crédito del BID podrá ser más cercana, ágil y oportuna para el ciudadano, al tiempo que permitirá a la Rama Judicial cumplir una labor mejor y más eficiente”, afirmó Ruiz Orejuela.
REDACCIÓN JUSTICIA