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Entrevista
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'Buscamos una respuesta efectiva para sindicados y víctimas': Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre reforma de la justicia
El magistrado Diego Corredor habló con EL TIEMPO sobre las falencias del sistema acusatorio.
Diego Corredor, magistrado de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
A la Sala Penal de la Corte Suprema llegan, en última instancia, los procesos del sistema acusatorio. El presidente de esa dependencia, el magistrado Diego Corredor, dialogó con EL TIEMPO sobre las falencias del sistema y sobre el proyecto de reforma de la justicia que presentó junto a la fiscal general Luz Adriana Camargo y la ministra de justicia Ángela María Buitrago.
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Corredor, quien es un académico con amplia trayectoria, también abrió un debate sobre una figura utilizada en los Estados Unidos: el jurado de conciencia en los juicios.
Magistrado, ¿qué buscó el primer encuentro de la jurisdicción penal, realizado en Paipa?
Buscamos reunir a jueces y magistrados de todo el país durante dos días en una jornada de estudio y reflexión sobre lo que han sido estos 20 años de aplicación del sistema penal acusatorio en Colombia. Quisimos examinar cuáles han sido sus falencias, sus fallas, los retos que tenemos y cómo vemos igualmente el sistema de ahora en adelante.
¿La justicia está en crisis? ¿Cuáles son las principales señales?
Desde que yo estaba en la facultad se oía decir que la crisis de la justicia estaba presente en Colombia; sin embargo, nosotros nos preciamos de tener un Estado de derecho rígido y con un sistema judicial igualmente imperante, con unos procedimientos que se aplican, con unas reglas de juego que conocen todos los ciudadanos. Desde esa perspectiva, no podemos decir que haya crisis en la istración de justicia. Ahora, ya en el tema de la operatividad, y en el caso particular de la justicia penal, hay un retraso considerable. Nosotros consideramos que hay una impunidad bastante alta, que no podría darse en un Estado como el colombiano.
Corte Suprema. Foto:Corte Suprema.
Eso es precisamente lo que tocamos en la jornada de reflexión. Buscamos que se implementen mecanismos extraordinarios de resolución de conflictos, que están vigentes en la norma. Ello aunado a la iniciativa legislativa que recientemente se ha presentado, de la mano del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación ante el Congreso de la República, que buscan el mejoramiento de esa istración de justicia.
¿La crisis también afecta los procesos tramitados por el sistema inquisitivo?
Ya los procesos del sistema anterior han venido finalizando, lo más preocupante es el sistema de tendencia acusatoria.
¿Por qué lo dice, magistrado?
La justicia penal está congestionada. Muchos de los temas que tiene bajo su estudio la jurisdicción penal terminan por vía de la prescripción y ello no puede ser, más cuando existen unos términos de prescripción relativamente altos en el país. Lo que pasa es que la congestión ha llevado a ello y la no implementación de esos mecanismos extraordinarios de resolución de conflictos, de acuerdos, de allanamientos, de preacuerdos y de conciliaciones, ha llevado a que se genere un cuello de botella que lleva a la congestión. La idea es tratar de que esta justicia premial se generalice para el mayor número de conductas punibles, en aras de que utilizándolas se vea cómo hay una satisfacción a la necesidad de justicia de parte de la ciudadanía, y en la descongestión de los despachos judiciales.
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Despacho judicial. Foto:EL TIEMPO
¿Qué le falta al sistema para que opere de manera eficaz?
Exactamente lo que estamos conversando. Es decir, que esas figuras propias del sistema acusatorio se apliquen de una vez por todas; que la ley lo habilite y que el funcionario, el fiscal o el juez apliquen esas disposiciones.
El proyecto de reforma de la justicia que presentaron con la Fiscal y la Ministra va en esa vía...
Lo que se trata es de darle, precisamente, esos mecanismos al juez y a los fiscales para eliminar las cortapisas que el legislador desde el año 2004 le ha venido imponiendo a esos mecanismos extraordinarios de terminación del proceso. Buscamos generalizar su aplicación a toda clase de delitos con el ánimo de que haya una resolución pronta de cada uno de esos temas, sin claudicar en la istración de Justicia, pero sí dando unas respuestas efectivas y favorables, tanto a los sindicados, como a las víctimas y al mismo Sistema Judicial.
Audiencia pública de la reforma a la justicia en la Comisión I del Senado Foto:Prensa Senado
¿En qué afecta la caída del artículo que planteaba rebajas de penas para los graves delitos contra la infancia?
Es un tema coyuntural. Nosotros respetamos la iniciativa del Congreso. Si ellos consideran que no es conveniente reconocer la posibilidad de esa justicia premial, con los acuerdos, allanamientos y rebaja punitiva muy precisa, pues la respetamos. Entendemos que era un mecanismo para agilizar esos mismos procesos. Consideramos que si en la justicia premial están presentes este tipo de asuntos, seguramente esos hechos podrían ser resueltos en un tiempo muy breve y no esperar al adelantamiento de todo un proceso para que después de años, eventualmente, terminen o por prescripción o terminen porque debe absolverse en atención a que no se pudo recaudar la prueba o porque la víctima finalmente no pudo ir a la audiencia pública de juzgamiento.
Lo que pensábamos era que al implementarse estos acuerdos y preacuerdos, para este tipo de delincuencia, pues tan pronto como se cometiera el delito y llegara a conocimiento de la Fiscalía, se pusieran en marcha los mecanismos tendientes a procurar una pronta resolución del tema, reconociendo esa pequeña rebaja a cambio de una sentencia pronta y cumplida.
¿Estaría de acuerdo en introducir la figura del jurado del pueblo al sistema acusatorio?
El jurado de conciencia es una institución de la esencia misma del sistema acusatorio. Se indica que dentro de la istración de justicia, la manifestación más clara que tiene el pueblo en esa istración de justicia, es cuando se constituye en jurado de conciencia. Ahora, este será un tema para reflexionar, es un tema en el que académicos y juristas finalmente no se han puesto de acuerdo. Yo creo que podría ser ahora un escenario propicio para empezar a ventilar la necesidad del establecimiento del jurado de conciencia en Colombia no para todos los juzgamientos, sino para algunos, tal y como llegó estar vigente por allá en la década de 1970 y 1980.
El tratado de extradición con Estados Unidos siempre ha sido objeto de debate. ¿Cree que se debe ajustar?
Yo creo que la colaboración que ha habido de Colombia hacia terceros países, en el tema de la extradición, ha sido muy positiva. Colombia ha cumplido a cabalidad con esos compromisos e igualmente con esos países con respecto a nuestro país. Lo que sucede es que hay que solicitar, por los conductos regulares, a los extraditables para que lleguen a Colombia.
Jesús Blanquicet y Ana Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]
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