Doble instancia y las otras ‘cirugías’ que Colombia plantea para la CIDH

El pasado viernes, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, instó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responda formalmente sobre el trámite que se les ha dado a las propuestas de reforma que el país ha venido planteando en reuniones con la CIDH, y sobre las que no ha tenido respuesta alguna.

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Uno de los cambios que está pidiendo el país es que se le dé la garantía de la doble instancia, la misma por la que el Sistema Interamericano ha condenado a Colombia y ha exigido la revisión de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. El Estado considera que los ajustes en la CIDH son viables a través de cambios de reglamento y que impactarían positivamente todo el Sistema; simultáneamente, se pidió una audiencia a la Corte para iniciar el trámite de doble instancia en ese tribunal.

En entrevista con EL TIEMPO, Gómez asegura que la CIDH está siendo utilizada políticamente. Sin embargo, sin vacilaciones, desestima las voces que llaman a que el país se aparte del Sistema Interamericano de Justicia.

No hay ‘guerra fría’, mantenemos una comunicación permanente con la CIDH y tenemos discrepancias respetuosas y puntos de vista diferentes sobre los que mantenemos diálogo. Sin embargo, el Sistema Interamericano tiene problemas: la demora de más de 20 años en cada proceso, por ejemplo; el uso político que algunos sectores de la izquierda han querido darle a la Comisión IDH, el trámite sin todas las garantías para la defensa de los Estados... Todo esto genera la necesidad de una reforma, pero para fortalecer el Sistema, no para acabarlo. Al Sistema hay que fortalecerlo para que sea equilibrado, sólido jurídicamente y, sobre todo, independiente de las tendencias políticas.

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Sería un error, empezando porque Colombia ha sido el promotor de los principales instrumentos del Sistema Interamericano. Segundo, porque este es un país comprometido con los derechos humanos: los gobiernos de Colombia, con todos los problemas de violencia que enfrenta nuestro Estado, han hecho una labor importante por la defensa de los derechos humanos. Así la izquierda crea que no, así la izquierda se empeñe en lo contrario. Por supuesto, reconozco que hay mucho por hacer, pero Colombia sí hace esfuerzos en defensa de los DD. HH.

El Sistema Interamericano es subsidiario: solo opera cuando la justicia colombiana no opera. Los esfuerzos que hacen la Fiscalía, los jueces y las cortes, incluida la JEP, son importantes, pero lo que vemos es que muchas veces no son tenidos en cuenta. Y en asuntos que no tienen que ver estrictamente con derechos humanos, está pasando que si a alguien no le gusta la decisión interna de la justicia entonces acude al Sistema Interamericano. Es lo que llaman la cuarta instancia; eso no debería estar permitido.

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Desde finales de 2018, tras una reunión que tuvimos con la Corte Interamericana en Barranquilla, y luego en reuniones con la Comisión Interamericana, hemos formulado varias propuestas. Colombia quiere un Sistema fuerte y estamos proponiendo alternativas viables para que funcione mejor. Un sistema de justicia que se demora dos décadas para que haya fallo de la Corte en un caso no es eficiente. Le hemos propuesto a la Comisión que no reciba los casos que no son trascendentes en materia de derechos humanos; que para itir aplique los criterios de relevancia sustancial y perjuicio importante. No estamos hablando de cambiar la Convención Interamericana, sino de ajustes en la operación de la Comisión.

Por ejemplo, aplicar criterios más objetivos sobre los casos a los que deciden darles prioridad: por el momento es un criterio desconocido, es subjetivo totalmente. También, que se motiven adecuadamente las peticiones, que se identifique a las víctimas correctamente, porque no son pocos los casos en los que no hay datos completos. Además, el Estado quisiera tener más igualdad de armas procesales; para los Estados no hay doble instancia, no hay recursos, no hay nada que hacer. Los Estados llegan al Sistema, y no me refiero solo a Colombia, presumiéndose responsables.

A Colombia la han condenado y le han exigido garantizar la doble instancia, pero el Sistema no brinda esa garantía. Consideramos que los Estados deben contar al menos con la posibilidad de interponer recursos frente a decisiones de fondo de la CIDH; y que la CIDH debería dividirse por salas, para hacer viable esa garantía.

¿Los cambios solo se deben hacer en la Comisión IDH?

No. Colombia ya pidió una cita con la Corte Interamericana para plantear propuestas de ajuste en su funcionamiento. Allí también estamos pidiendo que haya doble instancia.

En una reunión reciente con la presidenta de la Comisión (Antonia Urrejola), le dije que una de nuestras preocupaciones es que la Comisión acaba siendo un instrumento de sectores políticos. El uso de la Comisión como instrumento político la deslegitima: la CIDH tiene un papel muy valioso y no se puede dejar manipular por ciertos sectores. Hay sectores que le entregan a la Comisión información que no es cierta, y simplemente no se verifica, se da por cierta.

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¿Está tranquilo sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro, en la que ordenó ajustes al proceso disciplinario de los elegidos por voto popular?

En el caso Petro, Colombia presentó ya su informe, que muestra que la reforma disciplinaria aprobada por el Congreso en la pasada legislatura introdujo un nivel y un cambio en garantías para quienes tienen procesos disciplinarios o fiscales y han sido elegidos popularmente. Yo no creo que la sentencia de la Corte Interamericana permita que la impunidad por corrupción se dé, esa es una falsa interpretación. Ahora, la sentencia no solo trae eso (la orden de ajustar el proceso disciplinario), sino que dice que Petro no es víctima de ninguna persecución del Estado. Creo que ya es hora de que Gustavo Petro deje de decir que es víctima, porque hasta la Corte Interamericana dijo que no es así.

Le propusimos a la Comisión una revisión del protocolo, entre otras cosas, porque no fue discutido con los Estados. Una relatoría no puede imponer unos estándares que ni siquiera son sometidos a un debate con los Estados. Le propusimos a la Comisión abrir un debate académico, no solo con Colombia. Las protestas violentas no están protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, la violencia no está protegida por la Convención, y la interpretación de esos estándares se debe aclarar y definir con la participación de los Estados. Entre otras razones, porque son los Estados los que tienen que cumplir el protocolo, no las ONG.

Pues sí. En la conversación con la presidenta de la CIDH, la vi dispuesta a oír. Vamos a plantear el debate; creo que no solo Colombia está en eso, sino que hay varios Estados que son conscientes de la necesidad de analizar estas situaciones.

En Twitter: @JhonTorresET

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