¿Cómo fue la transición en La Haya y por qué se habla de política de Estado?

A lo largo de los 22 años que duraron las controversias judiciales entre Colombia y Nicaragua se desarrolló una política de Estado para el manejo de los litigios, en la que participaron los gobiernos de los presidentes Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro, política que ciertamente ha tenido altibajos, pero que, en la práctica, en medio de triunfos y derrotas, permitió mantener ciertas líneas constantes a lo largo de ese período.

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En el manejo de los procesos existió un hilo conductor, la defensa de los intereses colombianos, desde el momento en que los primeros agente y coagente, Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto Paredes, asumieron la dirección de la defensa de Colombia entre 2001 y 2012. Luego del fallo de 2012, ese hilo conductor continuó con Manuel José Cepeda y conmigo entre 2014 y octubre de 2022; y siguió con Eduardo Valencia, Carolina Ojeda y Elizabeth Taylor, desde noviembre de 2022 hasta la fecha.

Aun a pesar de la gran diferencia que existía entre el litigio que terminó en 2012 y los que comenzaron en 2013, todos nos nutrimos de las experiencias de quienes nos precedieron. Desde que asumimos nuestras responsabilidades en 2014, Cepeda y yo mantuvimos tanto el equipo colombiano como uno de los asesores extranjeros, el profesor Rodman Bundy, para construir sobre lo construido en algunos temas comunes entre la controversia que terminó en 2012 y las dos que nacieron en 2013. Uno de los abogados internacionalistas a quien buscamos desde el comienzo fue Eduardo Valencia Ospina, quien había asesorado en algunos temas a los anteriores agentes, y a quien yo conocía desde 1995, cuando fui embajador de Colombia en los Países Bajos y él era secretario general de la Corte Internacional de Justicia.

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Como bien conoce el país, en 2014 Cepeda y yo, con el apoyo del presidente Santos y la canciller María Ángela Holguín, quienes se integraron completamente en el estudio del tema, organizamos un equipo nacional dirigido por Andrés Villegas, y uno internacional integrado por los abogados Michael Reisman, Michael Wood, Rodman Bundy, Jean Marc Thouvenin, Laurence Boisson y Eduardo Valencia, todos internacionalistas de amplia reputación, conocidos como los mejores en sus respectivas áreas.

A partir de ese momento comenzamos la construcción de las tesis jurídicas que Colombia sostendría frente a las dos demandas presentadas por Nicaragua en 2013, en desarrollo de la cual presentamos, en 2017, las Contra Memorias que se requerían para contestar las demandas nicaragüenses. Afortunadamente, años más tarde, el presidente Duque, su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y los cancilleres Carlos Holmes Trujillo y Claudia Blum apoyaron la estrategia jurídica diseñada, e hicieron valiosas recomendaciones para la presentación de la Dúplica en 2019 en el caso de la plataforma continental extendida.

El primero de esos procesos, conocido comúnmente como el caso de incumplimiento del fallo de 2012, terminó en abril de 2022 con una decisión en la que la Corte nada dijo con respecto a algún incumplimiento por parte de Colombia. Creo, como muchos lo han reconocido, que el fallo de 2022 de la Corte Internacional de Justicia fortaleció a Colombia, en la medida en que, aunque declaró que se habían violado algunos derechos nicaragüenses, no declaró que Colombia había incumplido el fallo de 2012, no condenó por perjuicios al país y, además, reconoció a Colombia la mayoría de los derechos que reclamaba en el proceso.

El segundo de esos procesos, el de reclamación de una plataforma continental extendida, culminó con el fallo del 13 de julio de 2023, en el que la Corte Internacional de Justicia denegó todas las pretensiones de Nicaragua y aceptó todas las tesis de Colombia. Fue un gran triunfo para el país, pues logramos que la Corte reconociera que la plataforma extendida de Nicaragua, aun si existiera –que no es cierto–, no podría invadir la zona económica exclusiva colombiana generada por las costas y por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como por las islas de Serranilla y Bajo Nuevo. En esas condiciones, Colombia conservó todo el suelo y subsuelo marítimo en esa parte del Caribe.

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La posición de la Corte tampoco fue una sorpresa. Fue el resultado de la estrategia diseñada hace años para impedir una delimitación, precisamente porque considerábamos que no había nada para delimitar pues, a nuestro juicio, la zona económica colombiana prevalecía por sobre cualquier derecho a una plataforma extendida que Nicaragua pudiera tener, en la medida en que ella se derivaba de un título de superior jerarquía reconocida por el derecho internacional escrito y consuetudinario.

A esa conclusión habíamos llegado luego de años de estudio y análisis del derecho internacional y de intensas deliberaciones con los abogados, así como con la Armada y el Equipo Raizal constituido desde 2018. Así lo sostuvimos en la Contra Memoria y en la Dúplica, en las cuales además dijimos que el eventual reconocimiento de una plataforma extendida de Nicaragua desvertebraría el balance político y jurídico en el Caribe, así como en otras mares del mundo. Los mismos argumentos los plasmamos, más actualizados, en distintos borradores de las intervenciones que debía hacer Colombia ante la Corte en las audiencias de diciembre de 2022, el último de los cuales se entregó a principios del mes de octubre. Todos esos borradores obran en los archivos de la Cancillería.

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Cepeda y yo continuamos como coagente y agente, respectivamente, hasta el 24 de octubre de 2022, fecha en la que el canciller Álvaro Leyva aceptó la renuncia que habíamos presentado en el mes de julio. Sin embargo, el 4 de octubre, veinte días antes de esa aceptación, siendo aún agentes de Colombia, recibimos la carta de la Corte Internacional de Justicia en la que informó de un cambio en el formato de las audiencias orales que se iban a realizar próximamente. Dicho cambio de formato consistió, esencialmente, en limitar las audiencias orales a la presentación de respuestas a dos preguntas formuladas por la Corte, en las que se pidió la opinión jurídica de Colombia y Nicaragua sobre dos temas puntuales: primero, si a la luz del derecho internacional era posible que una plataforma continental extendida de un país invadiera la zona económica exclusiva de otro país; y segundo: si el artículo 76 de la Convención de Derecho del Mar (Convemar) era o no derecho consuetudinario.

Todo el equipo colombiano consideró que el cambio de formato era un desarrollo positivo para el país, pues recogía un planteamiento hecho en los alegatos escritos presentados por Colombia, en los que se sostenía que la controversia podía resolverse fácilmente, sin mayores análisis científicos y probatorios, si se aceptaba la tesis de que la plataforma continental extendida de un país no podía invadir la zona económica exclusiva de otro.

A partir del 4 de octubre de 2022, con ocasión del cambio de formato de las audiencias, el equipo dirigido por Cepeda y yo se dedicó a tres temas principales. Por una parte, preparamos con Andrés Villegas una carta de respuesta a una nota de Nicaragua en la que objetaba el cambio de formato de las audiencias, la cual presenté hacia mediados de octubre; por otra parte, a acordar con los abogados internacionales, entre ellos Valencia Ospina, un ajuste a la última versión de los borradores de intervenciones que teníamos preparados, eliminando los argumentos científicos y concentrándonos en los argumentos jurídicos a los que se referían las preguntas de la Corte y, finalmente, a determinar qué abogados harían la presentación de esos temas, y en qué orden.

La labor no fue muy difícil. Los argumentos y las tesis jurídicas estaban completamente desarrollados en el último borrador que teníamos, de manera tal que apenas se requerían unos ajustes muy menores, y la determinación de quiénes y en qué orden tenían que intervenir era fácil, en la medida en que cada abogado había escrito un capítulo del último borrador y, por ende, era lógico que cada autor se encargara de la presentación de su tema. Sin embargo, nos enfrentamos a una dificultad importante, puesto que Michael Reisman, quien había desarrollado el tema de la prevalencia de la zona económica exclusiva de un país por sobre la plataforma extendida de otro, no podía asistir a las audiencias por razones de salud. Ello llevó a que ese tema se asignara a los abogados internacionales sir Michael Wood y Rodman Bundy, quienes habían trabajado con Reisman en la preparación del análisis. Los abogados Wood y Bundy, en conjunto con Andrés Villegas, presentaron, previa discusión con Cepeda y conmigo, una propuesta de asignación de temas y de orden de intervenciones que fue aceptada por el equipo.

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Cepeda y yo dejamos de ser coagente y agente, respectivamente, el 24 de octubre de 2022, y los doctores Valencia, Ojeda y Taylor fueron designados uno o dos días después. Para el momento de nuestra salida dejamos la preparación de las audiencias en el estado antes mencionado, es decir, con borradores de argumentos jurídicos y con distribución de temas entre los abogados internacionales. Por esa razón, para los dos fue un gusto enorme observar que en las audiencias del 5 de diciembre de 2022, realizadas apenas 40 días luego de nuestro retiro, los argumentos jurídicos presentados por Colombia correspondieron casi exactamente a lo que se había escrito en los borradores que habíamos dejado, y que el orden de intervenciones de los abogados internacionales, así como los intervinientes mismos, fue muy parecido, aunque no igual, al que se había convenido hacia mediados de octubre.

La única diferencia fue que en las audiencias Colombia presentó una intervención nueva sobre las denominadas “zonas grises”, tema que, aunque estaba en nuestros alegatos escritos, no habíamos querido desarrollar más por temor a que Nicaragua o la Corte interpretaran que Colombia podría estar dispuesta a una eventual delimitación con Nicaragua. Eso, afortunadamente, no ocurrió, aunque el voto disidente del Juez Tomka sostiene que de la presentación del tema de las “zonas grises” en las audiencias se podía concluir que Colombia aceptaba que sí cabía una delimitación con Nicaragua.

Sin perjuicio de lo anterior, Cepeda y yo consideramos que la intervención de Colombia en las audiencias del 5 de diciembre fue excelente. Solo lamentamos que se hubiera crecido el tema de la “zona gris” y que no se le hubiera dado voz a ningún raizal, a diferencia de lo que ocurrió en las audiencias de 2021, en las cuales le abrimos un espacio a Kent Francis, quien pronunció un discurso sólido y emotivo, en el que explicó a la Corte qué era la Comunidad Raizal, cuáles eran sus historias, sus tradiciones y sus necesidades.

Algunas personas han sostenido que en las audiencias del 5 de diciembre, celebradas apenas 40 días luego de nuestro retiro, el equipo de defensa tuvo que enderezar, ajustar o corregir algunos aspectos de la defensa que habíamos dirigido.

Aunque a la fecha nadie ha explicado qué fue lo que supuestamente se tuvo que corregir, puedo asegurar que lo que se dijo en las audiencias mantuvo la estrategia inicial y fue igual a lo que habíamos dejado preparado. Así, a mi juicio es claro que lo dicho por esas personas no es cierto. Semejante aseveración, además de ser inexacta, no es justa con todo el equipo nacional e internacional de Colombia, que trabajó con ahínco en la construcción de los argumentos jurídicos de nuestro país durante ocho años y medio.

Para nosotros, así como para el país, fue un motivo de gran alegría oír la lectura del fallo del 13 de julio de este año. No solo ganó Colombia en todos los temas materia de la controversia, sino que ganó con los argumentos que habíamos preparado con tanto esfuerzo durante los últimos años, y que continuaron los nuevos agente y coagentes.

En este punto vuelvo a lo que sostuve al principio de este escrito: en nuestro país existió una política de Estado con relación a las controversias judiciales entre Nicaragua y Colombia, que ha sido apoyada por gobiernos sucesivos. Esperemos que, hacia el futuro, cuando cobra gran importancia la vía diplomática, también se construya sin afán una estrategia cuidadosa que valore plenamente lo ganado por Colombia en los fallos de 2022 y 2023. Lo ocurrido con estos procesos es un buen ejemplo de lo que se logra conseguir cuando los gobiernos, aun a pesar de sus diferencias, implementan políticas de Estado para el manejo de temas importantes para el país.

CARLOS GUSTAVO ARRIETA

Exagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya