Corte abre indagación preliminar a cuatro senadores por caso Mintic

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra de cuatro senadores por el escándalo del contrato caducado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados para el suministro de internet.

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Se trata de los senadores Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.

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Los senadores fueron mencionados en denuncias que recibió la Sala de Instrucción por parte de diferentes veedurías.

Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia, RedVer.

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El caso está en manos del magistrado Misael Rodríguez Castellanos.

En cuanto al senador Benedetti, la exministra de las TIC Karen Abudinen, dijo que el senador la llamó para que sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana.

"Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato", dijo la exfuncionaria a Bendetti en redes sociales, en respuesta a un trino en el que Benedetti negaba tales hechos.

Ante ello, Benedetti dijo que la exministra estaría tratando de “justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", dijo.

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El senador además negó haber conocido o tener vínculos con el contratista Emilio Tapia, uno de los capturados por las pólizas falsas que se presentaron en el proceso de contratación.

Tras conocerse la decisión de la Sala de Instrucción, Benedetti dijo: "¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia".

La primera denuncia, de nueve páginas y dirigida contra Benedetti y Gómez Amín, hace una narración sobre los hechos que envuelven este caso, desde el proceso de licitación hasta la firma del contrato 1043 de 2020, y cuestiona que en este se hayan presentado supuestamente ocho pólizas falsas, sin que fueran advertidas en ningún momento.

“Se adjudicó la Región B y se suscribió el contrato de aportes 1043, por ello es impresentable que 8 pólizas falsas pasaran por encima de tantos funcionarios públicos”, dice la denuncia presentada por Henry Anaya.

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Este veedor dijo a la Corte que: "A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro".

Anaya le pidió a la Sala de Instrucción que escuche en declaración al cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, capturado por este caso, y a Juan Carlos Angel Cáceres Bayona, contratista de Novotic, una de las firmas que conforman Centros Poblados, quien ya rindió testimonio ante la Fiscalía General y aspira a beneficios judiciales.

Igualmente, pidió escuchar a los senadores mencionados.

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Anaya anunció además que solicitará a la justicia investigar al exviceministro de conectividad Iván Mantilla, “que fue la persona que no solo manejó el equipo técnico de evaluación para este proceso, sino que fue la persona que prácticamente estructuró y modificó los términos de la licitación”.

Frente al senador Gómez Amín, es relacionado con Alfredo Amín uno de vinculados a la investigación. Este último habría asesorado el proceso contractual.

La otra denuncia que llegó a la Corte fue presentada por la Red de Veedurías de Colombia y menciona a Benedetti y a Amín, pero también a Antonio Luis Zabaraín Guevara y Daira de Jesús Galvis Méndez. Según Pablo Bustos, director de la entidad, se trata de investigar “a los parlamentarios que pudieron haber estado incursos en la negociación espuria en la celebración del contrato, su ejecución o la determinación de su configuración en la etapa precontractual”.

El caso está en manos del magistrado Misael Rodríguez Castellanos de la Sala de Instrucción.

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