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CIDH pide investigación exhaustiva por presuntas chuzadas de Ejército
La Comisión dijo estar muy preocupada sobre lo que se ha conocido.
Según la publicación de la revista ‘Semana’, las interceptaciones ilegales se realizaron por lo menos durante el 2019 desde dos batallones del Ejército. Foto: Ilustración iStock
PERIODISTAActualizado:
Luego de que se conocieron denuncias de presuntas interceptaciones ilegales en el país, desde dos batallones del Ejército, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación por estos hechos y pidieron al Estado colombiano que haga una investigación exhaustiva e independiente sobre esta actividades, de las que habrían sido víctimas periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, magistradas y magistrados, abogados, congresistas y dirigentes políticos.
La CIDH expresó que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara en la ley, y ser excepcional y limitado para fines como la investigación de delitos graves, así como tener autorizaciones judiciales previas.
Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda, no se registraron resultados hasta la fecha
"La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas", agregó la Comisión.
En su comunicado, la CIDH también recordó otros escándalos de interceptaciones ilegales en el país, como las chuzadas del DAS y la operación Andrómeda, que espió a exnegociadores de paz. "Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda, no se registraron resultados hasta la fecha", dijo la entidad.
Por ello, el organismo instó al Estado a garantizar una investigación exhaustiva y, si hay lugar, juzgar y sancionar a los responsables. "En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con los afectados", concluyó la CIDH.
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