Condenan a Antioquia por no pagar educación a desplazados en Urabá

Tras una condena en su contra, el departamento de Antioquia debe indemnizar a la Fundación San Sebastián de Urabá por no haberle pagado por los servicios educativos que, en el primer semestre del 2007, esta entidad le brindó a 1.931 adultos desmovilizados y desplazados por el conflicto en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia.

En agosto del 2009 la fundación interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal istrativo de Antioquia, por considerar que el departamento obtuvo enriquecimiento sin justa causa al no haber solventado los costos del servicio educativo dado a víctimas y desmovilizados del conflicto armado. Según la fundación, el departamento estaba en la obligación de pagarle más de 450 millones de pesos por este concepto.

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En el proceso se probó que entre la fundación y el departamento hubo dos contratos, uno para la educación en 2006, y otro para el año 2007, no obstante ese segundo contrato se firmó a mitad del año 2007, por ello en la demanda Antioquia defendió que fue la fundación la que por su cuenta y riesgo decidió prestar los servicios educativos sin que antes hubiera mediado un proceso formal. 

Dado que el Tribunal istrativo de Antioquia condenó al departamento a cancelarle a la Fundación San Sebastián de Urabá el pago por la prestación de sus servicios educativos, Antioquia interpuso un recurso de apelación buscando que el Consejo de Estado le diera la razón.

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No obstante, el alto tribunal ratificó que el departamento debe pagar los servicios educativos que recibieron víctimas de la violencia y desmovilizados. Según la sentencia, aunque no existía un contrato previo para el primer semestre del 2007, sí existió a su favor un enriquecimiento sin justa causa, pues se benefició de que la fundación le brindara educación a las personas, y no interrumpiera los cursos iniciados en 2006 mientras se firmaba otro contrato.

“Exigir a la Fundación San Sebastián de Urabá suspender el servicio educativo habría tenido como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales y habría podido involucrar, sin duda, la afectación de derechos de sujetos especialmente protegidos, como los desplazados, así como ocasionar que los reinsertados reincidieran en acciones ilegales y en la vinculación a bandas criminales, o que se produjera su deserción escolar definitiva”, dice la sentencia.

Debido a que en el proceso no se probó por completo cuál fue la cuantía de dinero que la fundación invirtió en la educación brindada en el primer semestre del 2007, el Consejo de Estado indicó que es necesario adelantar un estudio que permita determinar el verdadero monto que Antioquia tendrá que pagar.

JUSTICIA

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