Condenan a municipio de San Rafael por desaparición de militante de UP

Alejo Arango del Río era un trabajador minero y militante de la Unión Patriótica que estando detenido preventivamente en la cárcel de San Rafael, Antioquia, por una supuesta extorsión, fue sacado del lugar por hombres armados el 4 de marzo de 1988. De su paradero, a la fecha, no se tiene conocimiento.  El Consejo de Estado acaba de condenar al municipio por el crimen.

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El alto tribunal estudió una demanda interpuesta por los familiares de la víctima que reclamaron al Estado la desaparición de Arango quien fue integrante del Concejo Municipal de San Rafael por varios periodos. Por su actividad política, Arango fue víctima de múltiples amenazas pero nunca obtuvo una medida de protección.

Igualmente, Arango era el de una mina de aluvión en el municipio y fue el fundador de la Corporación La Pequeña Minería. Según la demanda, las amenazas por ser adjudicatario de un título minero eran comunes y sus allegados calificaron los campamentos de tropas del Ejército en cercanía al lugar como actos intimidatorios.

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En febrero de 1998, Alejo Arango del Río fue detenido por el Ejército por una denuncia en su contra por supuestas extorsiones. Tras la incursión armada en la cárcel su familia solo recibió sus pertenencias pero no una explicación de lo sucedido y a la fecha no sabe qué sucedió con él.

Tres meses después, 14 personas que trabajaban en la mina en una vereda aledaña, incluidos varios integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados, en un hecho que se conoce como la masacre del Topacio. Los 14 mineros que trabajaban en el río Nare fueron encontrados desmembrados. Esa masacre sigue impune.

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado dio crédito a testimonios que indicaron que el Ejército “hostigaba a los integrantes del Comité de Defensa de San Rafael, al de mineros y a los dirigentes y activistas de la Unión Patriótica y que exigían el respeto por la integridad física y la vida, así como la libertad inmediata del señor Alejo Arango del Río”.

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Igualmente, destacó un oficio entregado el 20 de enero de 2021 por la Unión Patriótica al despacho en el que consta que “Alejo Arango del Río fue fundador y militante de la UP en el departamento de Antioquia, especialmente, en el municipio de San Rafael”.

Y señaló que el día de los hechos sólo había un guardia de turno. “El daño consistente en su desaparición se encuentra probado, dado que el señor Alejo Arango del Río fue sustraído del lugar en donde se encontraba privado legalmente de su libertad; su familia desconoce su paradero y no ha recibido información alguna al respecto, y no es necesario que la hubiera requerido o que alguien se atribuyera la autoría del hecho o reconocido que lo tiene en su poder, pues basta la carencia de información sobre la víctima para entender que se configura la desaparición”, dijo el alto tribunal.

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El Consejo de Estado dijo que la responsabilidad de lo sucedido es imputable sólo al municipio de San Rafael, más no al Inpec, al Ministerio de Defensa o al Ejército por falta de pruebas. “Tampoco existe evidencia de que los de la fuerza pública hubieran ingresado al establecimiento carcelario o permitido el ingreso de terceros armados o facilitado el escape de quienes secuestraron al señor Alejo Arango del Río”, dice el fallo.

Según el alto tribunal, "es claro que el municipio de San Rafael no se consideraba con la capacidad de vigilancia y custodia del interno, pues señaló (en el expediente) que 'la obligación de custodia debió ser asumida por una autoridad con los recursos humanos y técnicos para garantizar los derechos constitucionales del señor Alejo Arango del Río'".

"Incluso, se había ordenado su traslado a otro establecimiento carcelario, pero, aun siendo consciente de sus limitaciones, se insiste, el municipio de San Rafael no solicitó la ayuda de la fuerza pública ni puso en conocimiento alguna situación de amenaza o de precaución en particular al Ejército o a la Policía para que apoyara la vigilancia, al menos mientras el interno era trasladado”, dice el fallo.

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“No podría eximirse al municipio de San Rafael por el hecho exclusivo y determinante de un tercero que le resultara irresistible e imprevisible, dado que, si ya había advertido que se requerían otros recursos humanos y técnicos para garantizar los derechos constitucionales del interno Alejo Arango del Río y no hizo nada al respecto, la circunstancia de que hombres armados ingresaran al establecimiento carcelario y se llevaran al interno pudo ser evitada por la entidad demandada”, agrega la decisión.

En ese sentido, el alto tribunal concluyó “que el municipio de San Rafael fue negligente en la vigilancia y protección del privado de la libertad, pues era el responsable de su custodia y, si requería de asistencia para el servicio de seguridad del interno, tampoco solicitó el apoyo de otros organismos de seguridad”.

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El alto tribunal señaló que en este caso ni se probó la responsabilidad del Ejército en el hecho, ni que se tratara de un supuesto “rescate”, siendo lo único cierto el desconocimiento de su paradero. De otro lado, el fallo exhortó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Antioquia para que determinen que “pasó con la investigación”.

“Para la Sala resulta reprochable que, tras más de 32 años de ocurridos los hechos, las autoridades judiciales no tengan respuesta acerca de qué sucedió con la investigación penal por la desaparición del señor Alejo Arango del Río y que no hayan demostrado qué pesquisas o esfuerzos se hicieron para esclarecer la verdad y dar con los responsables”, dice el fallo.

La firma Javier Villegas Posada Abogados, que representó a la familia, destacó la decisión judicial pero señaló que el fallo se quedó corto en cuánto a la responsabilidad del Estado en esta desaparición.

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"Estamos tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por su desaparición, por la impunidad que ha revestido los hechos", dijo el abogado Javier Villegas Posada a EL TIEMPO. Cabe recordar que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cursa en caso en contra del Estado colombiano por los hechos victimizantes que sufrieron militantes de la Unión Patriótica. 

De otro lado, la familia de Arango del Río desistió ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD del proceso de búsqueda el 5 de marzo de 2020 al considerar que preferían “la vía judicial para estos efectos”.

En Twitter: AlejaBonilla